Un juez investiga a cargos municipales de Las Palmas por presunta corrupción urbanística

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga una presunta trama organizada que, según la Fiscalía, se dedicaba a favorecer ilícitamente a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en gran medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de cargos y excargos públicos pertenecientes a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa). Los fiscales que llevan el caso sospechan que actuaron tomando decisiones urbanísticas y administrativas «contrarias al interés general». Por el momento hay cinco personas investigadas, entre ellas el exjefe de Geursa José María Setién.

Los fiscales delegados de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas aprecian indicios de una adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contrato y proyectos de implantación de grandes obras de la ciudad como la MetroGuagua.

La autoridad judicial imputa a los investigados presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, revelación de secretos y uso de información privilegiada.

La Guardia Civil ha realizado registros en la sede de Geursa y en Parques y Jardines

La Guardia Civil, en el marco de la operación Valka, ha ejecutado -por orden judicial- durante la mañana de hoy, en la isla de Gran Canaria y Lanzarote, varias entradas y registros domiciliarios, entre ellos, en la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), y en la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por los diversos delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo.

Los registros están siendo ejecutados simultáneamente por un operativo conjunto de la Guardia Civil integrado por miembros del Seprona, el Órgano Central con la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), Grupo de Delitos Tecnológicos y EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial Comandancia de Las Palmas, bajo la dirección del magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en un comunicado que no ha habido ninguna detención hasta el momento.

Funciones de Geursa

Geursa, según la descripción que ofrece en su página web, cuenta con un equipo de profesionales del ámbito de la arquitectura, geografía, ingeniería e informática que desarrolla las encomiendas que solicita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el año 2001 se dividió su actividad de la sociedad que regula los aparcamientos de la ciudad y se inscribió como una mercantil separada que lleva a cabo actuaciones en el ámbito local.

Entre los grandes retos que impulsa esta empresa, cuyo capital social pertenece de forma íntegra a la administración pública, se encuentra el proyecto de la Metroguagua, un gigante que aspira a transformar por completo el transporte público de la ciudad. Su puesta en marcha es el principal quebradero de cabeza para el Consistorio desde que se colocara la primera piedra hace siete años, durante el mandato de Augusto Hidalgo. Desde entonces, las obras han sufrido severos reveses, entre ellos, una emergencia sanitaria que ralentizó todos los plazos. 

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta

Los trabajos en Blas Cabrera Felipe sufrieron retrasos cuando la adjudicataria dejó la obra con un 30% completado. También en Mesa y López hubo demoras por la mala gestión de la constructora, cuyo contrato fue rescindido en enero de 2020. Con la adjudicación de esta constructora, a su vez, se paralizaron durante un año y medio los trabajos de la Vega de San José. 

Geursa no es la única empresa pública de la ciudad investigada por la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias preprocesales en junio por la primera denuncia presentada por el Partido Popular ante las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad de Promoción. 

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