Los menores del centro de menores de Zaragoza sufrieron casos de tortura y abuso "de extrema crueldad"

Marcas de cigarrillos, golpes y bofetadas, insultos sexuales, labios rotos, empujones. Esta es parte de la larga lista de abusos que dos menores del centro de acogida de Ateca (Zaragoza) han declarado este viernes ante la jueza de Calatayud tras la detención en la tarde del jueves del director de la instalación y cuatro de sus trabajadores. En su auto los califica "de extrema crueldad". Por el momento han ingresado en prisión provisional sin fianza y se ha decretado el cierre provisional del espacio.

La jueza escuchó la declaración de los menores (un chico de 16 años y una chica de 17) en la que relataron haber sufrido, junto a otros de los ingresados en el centro, tratos degradantes, físicos y psicológicos de forma constante y reiterada en el tiempo por parte de los cuatro detenidos, Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A. Dos eran educadores y otros dos auxiliares, aunque no contaban con titulación ni formación. 

El director del centro también permanece en prisión Iván R. M. por "una actitud de despreocupación absoluta acerca de la situación de los menores". Los dos han relatado que el detenido protegía laboralmente a los otros implicados "puesto que nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones a los mismos, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias".

Brazos en alto

En concreto, el menor de 16 años relató que "le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse". 

La otra menor de 17 años detalló que desde su llegada al centro en "el año 2021 "la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y le quemaban con cigarrillos en los brazos y en las piernas, pudiéndose apreciar directamente por esta juzgadora que la menor tiene diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos", según el relato transmitido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

A estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual. Para la instructora, todo ello es una clara muestra "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos", ya que los detenidos siempre les recriminaban que "nadie les creería".

Sin embargo, fueron los propios familiares los que pusieron en marcha la investigación al presentar denuncias tanto ante el centro como ante la Guardia Civil. Previamente los residentes en el centro de Ateca habían protagonizado motines internos para advertir sobre el trato degradante que recibían.

Centro concertado

Paralelamente a estos autos dictados sobre los detenidos, la jueza decretó el cierre provisional del centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y gestionado por la fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz hasta el total esclarecimiento de los hechos. Para ello, dictó diligencias de cese de internamiento para otros cinco de los menores residentes, ceses de internamiento que podrían hacerse extensivos a otros nueve menores que estaban fugados, posiblemente por la situación interna. La Guardia Civil está tratando de localizarlos para conocer si también estaban siendo víctimas de agresiones o abusos.

El Gobierno de Aragón entra en la causa

El Gobierno de Aragón anunció ayer que están trabajando para reubicar a los menores del centro de Ateca tras la detención de su director y de otros cuatro trabajadores acusados de abusos. Además, anunciaron su intención de personarse como perjudicado en esta causa.

Desde el departamento de Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico informaron de que todas las acciones llevadas a cabo desde que trascendieron los hechos "tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que están bajo la guardia y custodia de la administración".

Este centro de atención a menores ubicado en Ateca es de gestión privada con capacidad para unos 30 menores y cuenta con una veintena de plazas concertadas cuya atención y protección corresponde a Aragón.

Desde CHA exigieron "la inmediata comparecencia" del gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para explicar cómo pudieron ocurrir estos sucesos "en una instalación bajo su supervisión".