Radiografía de la causa de Cerro Muriano: el juez cita a 42 testigos de la muerte de los dos militares

El procedimiento judicial iniciado el pasado diciembre en Córdoba para esclarecer el fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León durante unos ejercicios en la base militar de Cerro Muriano continúa su desarrollo, una vez que se ha determinado que, finalmente, los hechos serán investigados por el juzgado Togado Militar Central 2 en Madrid. 

De este modo, en un primer momento la causa llegó al juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que se inhibió en favor del juzgado Togado Militar Territorial 21 de Sevilla. Este último, al considerar que podrían existir responsabilidades penales por parte de militares aforados, se inhibió también en favor del juzgado Togado Militar Central 2, una decisión que tuvo lugar el pasado abril. A lo largo de este tiempo, además, algunas partes han recurrido estas decisiones, lo que ha contribuido a dilatar el proceso.  

Llegada y aceptada la causa en Madrid, el criterio planteado en Sevilla se mantiene. El juzgado Togado Militar Central 2 ha ampliado la investigación al coronel jefe del Regimiento de Infantería La Reina 2 (de la Brigada Guzmán El Bueno X) cuando se aprobó el programa básico de instrucción; el coronel jefe de La Reina 2 cuando se desarrolló el ejercicio Alfa; el teniente coronel jefe de la plana mayor del regimiento durante la aprobación y el desarrollo del plan básico de instrucción, y el comandante jefe de la plana mayor del regimiento durante el desarrollo de las maniobras. Estos investigados se suman a los tres procesados inicialmente por la muerte de los dos militares, que son el capitán responsable de la actividad, un teniente y un sargento. Además de estas víctimas mortales, el Togado Militar Central 2 alude a dos soldados heridos que necesitaron asistencia sanitaria al presentar síntomas de hipotermia.  

Todos los testigos

En un auto del pasado 7 de junio, el titular del juzgado Togado Militar Central 2, el coronel auditor Fausto Manuel Blanco, plantea citar como testigos a todas las personas que tuvieron relación directa con los hechos. En total, son 42 los propuestos y entre ellos se encuentra un individuo que realizó una reanimación cardiaca a un herido. También acudirán cinco médicos como peritos y tres testigos peritos, que son un médico, un enfermero y un guardia civil.

El agua, a 4 grados

A estas testificales se añadirán otras pruebas como los informes solicitados para estudiar el impacto del agua fría (entre 4 y 8 grados centígrados, según apunta el juez) en el organismo, y para analizar el ejercicio de paso de aguas donde murieron "dos jóvenes militares", señala. 

Así, pide a la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa la designación de un perito para la elaboración de un informe sobre la afectación en el organismo de la hipotermia por inmersión en aguas frías. También requiere al jefe del Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil para que designe a otro perito que redacte un informe sobre los riesgos de las inmersiones en aguas frías y las medidas preventivas que se han de tomar. Por último, al Mando de Adiestramiento y Doctrina le reclama que nombre a un perito especialista instructor en el curso de operaciones especiales para que informe sobre el ejercicio de paso de ríos.

Anular las primeras declaraciones

En otro orden de cosas, el juzgado Togado Militar Central 2 anuncia el inicio del procedimiento para anular las declaraciones que el capitán, el teniente y el sargento realizaron como testigos ante la policía judicial (Guardia Civil) al entender que "adolecen de un vicio procedimental que genera indefensión material a los investigados". 

Según explican fuentes consultadas, el juez podría entender que, al declarar como testigos (en ese momento, se desconocía lo ocurrido), no tendrían las garantías que recoge la ley para los investigados. En su auto, el juez recuerda que se les adviritió de su obligación de decir la verdad y estas fuentes comentan, a modo de ejemplo, que los investigados no tienen esa obligación. De este modo, la Constitución recoge el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. En cualquier caso, antes de declarar la nulidad de las declaraciones el juez escuchará a las partes.

El abogado Antonio Granados, que repesenta la acusación ejercida por la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, ha manifestado su "satisfacción" con la aceptación de la inhibición por parte del juzgado Togado Militar Central 2 "porque continúa el procedimiento, se había quedado estancado", afirma. En esta línea, sobre la investigación de mandos aforados comenta que "si de las averiguaciones hay indicios más que suficientes de que pudiera haber responsabilidad penal, tendrán que dar las explicaciones oportunas y si de sus actuaciones u omisiones se deriva responsabilidad penal, tendrán que responder ante la Justicia".

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