La ‘envenenadora de los laxantes’ achaca la muerte de su pareja a una sepsis al infectarse en el hospital

Una supuesta sepsis por una infección que su pareja pudo contraer en el propio hospital IMED de Burjassot (Valencia) en el que estuvo ingresado entre octubre de 2020 y el 16 de abril de 2021 -día en el que falleció tras un largo sufrimiento con diarrea aguda-. Esa es la versión alternativa y poco creíble que ha sostenido la presunta ‘envenenadora de los laxantes’ durante su declaración ante el jurado popular, insinuando incluso el día que pudo infectarse, el 18 de marzo, cuando le colocaron la vía intravenosa. Obviando y tratando de justificar los múltiples indicios que hay contra ella, como la compra masiva y acopio de al menos 2.000 comprimidos de Dulcolaxo y Evacuol en los meses que estuvo hospitalizado Salvador Vendrell, de 69 años, o las extracciones de dinero en las que desvalijó las cuentas de éste, según alega con su consentimiento.

La acusada, que se enfrenta a 28 años de prisión por el asesinato de su compañero sentimental, con el que había iniciado una relación en 2019, no ha querido someterse al interrogatorio del fiscal y de las acusaciones particulares. Tampoco había querido declarar hasta ahora para saber exactamente las pruebas que hay contra ella y adaptar su discurso a los hechos que pueden ser demostrados, como que en una de las farmacias donde compraba las cajas de laxantes (que no requieren de receta) le hicieron firmar un documento donde se le advertía del grave riesgo para la salud que conllevaba el consumo masivo de estos farmacos.

Tranquila, serena y con justificaciones para aquellas circunstancias más comprometidas, María del Carmen B. G., de 53 años - era once años más joven que su víctima – ha tratado de hacer creer a los miembros del jurado que ella no obtenía ningún beneficio si Salvador fallecía, “a su lado no me faltaba de nada”. De hecho, ha argumentado que su muerte fue para ella “una ruina sentimental y económica”. También ha reconocido que en el testamento, tanto en el inicial como en el que Salvador quiso modificar para dejar como herederos a sus nietos - con su hermano de albacea – ella no percibía ni un euro.

Lo aisló de su familia

La procesada también ha querido hacer ver que la relación de Salvador con su hija no era buena y que era ella la única que se preocupaba por él. Las acusaciones, ejercidas por los letrados Andrés Zapata, del despacho Castillo Castrilllón Zapata, y Víctor González, sostienen que fue la acusada quien aisló social y familiarmente a la víctima para tenerlo a su merced, para seguir administrándole laxantes, tanto en el domicilio como en el hospital. Es más, el estado de Salvador mejoró cuando estuvo cuatro días en la UCI - lejos de ella – pero volvió a empeorar y tuvo que ingresar de nuevo el 6 de octubre de 2020.

Para explicar el deterioro de la salud de su pareja estando en el hospital, la presunta envenenadora lo ha tratado poco menos que como un ex alcohólico, que no cuidaba para nada su alimentación, y que hacía caso omiso a las indicaciones de los médicos. Así, alega que no bebía agua, solo bebidas azucaradas como cocacola y granizado de limón. También sostiene que era él mismo quien bajaba a la máquina a comprarse la bebida estando en el hospital ya gravemente enfermo con diarrea aguda. “Evacuaba entre ocho y diez veces al día”.

Sobre la compra masiva de laxantes, perfectamente acreditada, la acusada alega que es consumidora habitual de ellos desde los 17 años, y que ya casi no le hacían efecto. En cuanto a los más de 88.000 euros que extrajo de las cuentas de Salvador estando éste hospitalizado sostiene que él sabía de estos movimientos, que los miraba en el móvil, lo que ha sido desmentido por la instructora del grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Cuando el jurado le ha preguntado en que destinaba este dinero, la presunta asesina ha dicho que era para pagar los sueldos de los trabajadores (la asistenta, el jardinero y la chica que paseaba a los perros). Cuando ha detallado lo que cobraba cada uno, las cuentas no salen.

«¿Dónde está el dinero?»

Además de los 23 años de prisión que solicita el Ministerio Fiscal por el delito de asesinato con la agravante de parentesco, se le imputan también los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, por los que se enfrenta a otros cinco años y tres meses de cárcel.

Mientras su víctima se iba deshidratando durante meses, en un proceso de «deterioro progresivo e irreversible de su estado», la acusada aprovechó para desvalijar presuntamente las cuentas de su víctima. Así, realizó 152 extracciones de dinero en distintos cajeros por un importe total de 88.110 euros, solicitó dos préstamos a nombre de Salvador, –haciéndose pasar por éste– de 13.200 euros, y realizó compras por más de 34.000 euros.

«¿Dónde está el dinero?», se preguntan los abogados de la acusación, que ven claramente un móvil económico en el crimen.

En la sesión de ayer también declaró como testigo una responsable del grupo de Homicidios de la Policía Nacional que llevó la investigación. Les llamó la atención las muchas mentiras que la sospechaba decía a su entorno, según se desprende del análisis de las intervenciones telefónicas. Desde que tenía las cuentas bloqueadas, que le habían tocado 800.000 euros en la bonoloto. Incluso que su padre estaba enfermo con metástasis y que finalmente falleció, lo cual también era falso.

Sobre las sospechas en el hospital antes de su muerte, se pensaba que podía haber sufrido un envenenamiento alimentario y se le realizaron pruebas toxicológicas para detectar presencia de mercurio y arsénico, que resultaron negativas. El veneno utilizado había sido otro, presuntamente los laxantes.