La hora de la verdad para el caso Madrid Arena
La justicia dicta sentencia el martes por la muerte de cinco jóvenes en una fiesta de Halloween
![Pasillo colapsado de la discoteca Madrid Arena](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3817db17-b345-485e-a5a8-cb7935590d72_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Pasillo colapsado de la discoteca Madrid Arena / periodico
Si algo ha quedado acreditado durante los cuatro meses que ha durado el juicio sobre la tragedia del Madrid Arena, cuya sentencia se conocerá el martes, es que la muerte de cinco jóvenes la noche de Hallowen del 2012 no fue un accidente, sino el resultado de una "cadena de errores y negligencias”, en afirmación del fiscal que nadie contradijo durante la vista oral. Ni siquiera lo hicieron los 15 acusados, que se culparon los unos a los otros y a los políticos del Ayuntamiento de Madrid. Dos concejales dimitieron en su día por permitir que operara un recinto con tan malas condiciones pero ninguno llegó a sentarse en el banquillo pese a las peticiones de los familiares de las víctimas.
Los testigos y las pruebas han corroborado que la principal causa de las muertes fueron las aglomeraciones causadas por la sobreventa de entradas y las medidas tomadas para concentrar al público frente al DJ Steve Aoki y que este pudiera subirse a una barca que se lanzaría sobre los jóvenes.
PETICIÓN DISPAR DE PENAS
Tanto la fiscalía como las acusaciones particulares consideran máximo responsable de estas decisiones al empresario organizador del evento, Miguel Ángel Flores, para el que han pedido, respectivamente cuatro y 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave. Una horquilla tan amplia que se explica por una diferente interpretación de las ley de enjuiciamiento criminal. La fiscalía considera que las penas por homicidio por imprudencia no pueden acumularse en función de la cantidad de víctimas y los letrados de las familias sí.
Los jueces deberán delimitar también la distinta responsabilidad de otras 14 personas, entre las que figuran colaboradores de Flores, responsables de la seguridad del recinto, vigilantes, dos médicos y el exjefe de la policía municipal. Para la mayoría se piden penas superiores a dos años, con lo que es probable que acaben pisando la cárcel.
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