Vivir en un edificio con pisos ocupados por delincuentes altera el día a día de los vecinos, que se sienten inseguros en su espacio más íntimo: su casa. EL PERIÓDICO ha visitado dos de esas fincas en Mataró.

Texto: Montse Baraza
Imágenes: Ferran Nadeu

Son diversos los ayuntamientos catalanes que tienen en su agenda un problema que altera la convivencia y la seguridad de sus ciudadanos: las ocupaciones delincuenciales, entendidas por ser aquellas en las que los ocupas se dedican a actividades delictivas y causan molestias a los vecinos. Las distinguen de las ocupaciones sociales, en las que los ocupas son personas vulnerables. Alcaldes de municipios del arco metropolitano de Barcelona como Sabadell o Mataró confían en que el Congreso apoye la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para posibilitar que los desalojos de este tipo de ocupaciones conflictivas se puedan solventar en 48 horas.

Peleas, ruidos hasta altas horas de la madrugada, intervenciones policiales cada dos por tres relacionadas o bien con robos o bien con tráfico de drogas. Es el panorama con el que conviven aquellas personas que tienen ocupas delincuentes en el edificio. Muchas de ellas, incluso, se plantean mudarse a otro lugar, impotentes ante una situación que demasiadas veces se eterniza. En Mataró, en lo que va de año se han producido 585 ocupaciones.

La Policía Local de la capital del Maresme, dentro de los parámetros de la actual legislación y de los (lentos) ritmos judiciales, intenta "ser creativa" y paliar la problemática. "Atacamos las usurpaciones molestas. No defendemos la propiedad. Velamos por la convivencia", resume el subinspector Juan María García Moyano.

Pero siempre surgen conflictos. Lo vemos durante la visita a un local situado en la avenida del Maresme 431, donde un comerciante sufrió el ataque de un ocupa

En ese número 431 de la avenida del Maresme hay dos locales comerciales: en uno está Plot Disseny, un comercio de diseño gráfico propiedad de Jordi -no quiere dar su apellido para que no se le localice por redes-. El otro, de unos 30 m², vacío desde hace más de 20 años y sin suministros, es de una mujer mayor. El pasado 11 de octubre, Jordi se percató de que alguien había entrado en el local. Llamó a la dueña y ambos procedieron a intentar mediar con los cuatro individuos que se habían instalado.

El hombre que les abrió se encaró con Jordi. Este le pidió explicaciones y le invitó a irse. No cayó en provocaciones, pero tampoco cedió. Hasta que el ocupa tiró a la mujer al suelo de un empujón y a Jordi le pegó con un palo en la cabeza, abriéndole una brecha que requirió 30 puntos. "Otro de los ocupas grabó la escena con su teléfono móvil. Parecía que lo que querían era que yo pegase al primero y así poder denunciarme. Pero no lo hice", relata.

Los afectados lamentan las provocaciones y la impunidad con la que actúan los ocupas

El agresor acabó detenido, pero al día siguiente ya estaba en libertad. Una situación que genera impotencia. "La ley les permite que se vayan tranquilos. Saben que quedarán impunes", denuncia este comerciante, que recuerda que el día de autos los individuos estaban "tan tranquilos". "'Llama a la policía', me dijeron". Vecinos de la zona han organizado ya varias manifestaciones a pie de Nacional II para reclamar seguridad. Están, eso sí, agradecidos a Policía y a Mossos, que perciben que están "muy encima". "Pero les causamos frustración porque no podemos actuar. Necesitamos más instrumentos legales", reclama el subjefe de la Policía de Mataró, Xavier Santajuliana.

Consumada la usurpación, al propietario le quedan las vías civil y penal -de duración incierta-, y los desalojos administrativos. Esta última permite al ayuntamiento decretar el desalojo si previamente hay informes técnicos que constatan riesgo estructural del inmueble, riesgo energético o insalubridad. "El ayuntamiento debe velar por la seguridad, por lo que si el instructor decreta inhabitabilidad, el desalojo es inmediato", detalla Moyano.

El pasado verano, Mataró empezó a explorar la vía de los juicios rápidos que permiten resolver el conflicto en apenas una semana. El problema es que para llegar ahí hay que cumplir una serie de requisitos que no siempre son fáciles, como tener identificados a propietarios y usurpadores y que todos se presenten ante el juez cuando se les cite. Por ello, la Policía Local ha realizado la tarea de identificar a los grandes tenedores y a sus gestores, para tenerlos localizados.

En el caso del local de la avenida del Maresme sí ha sido posible y ya hay fecha fijada para el juicio: este 26 de octubre. "Eso es una maravilla absoluta", respira Jordi, aliviado. A partir de ahí, el juez podrá decretar medidas cautelares inmediatas y la policía podrá proceder al desalojo.

Una vez desalojado el local, ¿cómo se evitará una nueva ocupación? Es responsabilidad del propietario asegurar la protección del inmueble. Pero cuando eso no es posible, Mataró recurre a la creatividad: actúa como responsable civil subsidiario y envía a la brigada a tapiar el acceso.

Pero los problemas con la ocupación también se dan en otros puntos de Mataró. Ahora nos desplazamos a la calle de Marià Ribas, donde los vecinos del número 12 también viven un conflicto

En el caso de este bloque no fue posible evitar la usurpación in fraganti. Para ello es necesario que los vecinos avisen al momento. "Si hay flagrancia y no hay morada -no hay ni ajuar, ni vajilla, ni comida o ropa- podemos desalojar inmediatamente porque no vulneramos el derecho de morada y posesión", explica el subinspector Moyano.

El problema es que a veces los ocupas no entran por la puerta, sino por patios, ventanas o balcones. Cuesta más de detectar. Hay que llamar al cerrajero y se genera entonces una ventana de tiempo que gana el ocupa para decir ‘vivo aquí’.

Los jóvenes ocupas de los bajos de Marià Ribas, todos en la veintena y a los que la policía encuadra en ejemplos del fracaso de proceso de inserción, acceden a abrir la puerta cuando los periodistas volvemos al edificio, ya sin la compañía de los agentes. El olor a marihuana es intenso. Algunos dicen haber nacido en Catalunya, otros admiten que son de Tánger. Hay quien dice no tener a ningún familiar aquí. Aseguran que están estudiando, a pesar de que están en casa en horario lectivo. Y sostienen que no causan problemas. Sobre las quejas de los vecinos, las batallas con la policía y los arrestos no hacen comentarios.

Xavier Santajuliana no puede evitar que salga su vena profesional al señalar que toda ocupación, sea delincuencial o social, empieza con un delito: el de la usurpación de una propiedad. Explica que en Mataró han detectado la existencia de individuos, no han podido demostrar que se trate de una mafia organizada, que entran en pisos vacíos, cambian la cerradura y ofrecen las llaves por unos 2.000 euros. 

Para ‘vender’ esas llaves, explica Santajuliana, funcionan el boca-oreja y los contactos. En muchos casos, además, son encargos de gente que viene del extranjero y que al llegar sabe que ya tiene un piso. "Ahí ya hay un delito, un negocio ilícito que consiste en poner una vivienda en el mercado de manera irregular”, subraya.

Para el subjefe de Policía, una de las claves para resolver el problema de las ocupaciones está en intentar frenar el fenómeno en el momento de la flagrancia, por lo que las leyes deberían determinar cuándo, o por cuánto tiempo, se considera que hay flagrancia. “En Europa, la flagrancia va de las 24 a las 48 horas o cuando el propietario avisa. En España, todo está en el aire y eso dificulta poder actuar en el momento inicial”.

La otra clave, que debería aclarar la ley, apunta, es "qué derecho es predominante, el derecho a la propiedad o el derecho al domicilio de la persona usurpadora". El intendente urge, además, a atacar el problema de la accesibilidad de la vivienda desde las políticas sociales.

La policía pide que la ley aclare el concepto de flagrancia y si prevalece el derecho a la propiedad o el de la vivienda

La policía pide, en definitiva, más instrumentos legales para poder actuar. “Causamos frustración en el ciudadano porque no podemos actuar”, admite Santajuliana, que explica que esa frustración hace que haya gente que recurra a empresas como la controvertida Desokupa. “Si hay un propietario que tiene prisa, recurre a estas empresas que utilizan la mediación y un acuerdo económico. Todo se reduce a dinero”, apunta. El coste lo sitúa entre 4.000 y 6.000 euros, que incluyen los honorarios de la empresa y el pago al ocupa. “En Mataró no hemos visto actuar a estas empresas de manera significativa”, asegura.