La Fiscalía pide 6 años de prisión para dos activistas de Greenpeace por embestir con sus lanchas a guardias urbanos

La Fiscalía ha pedido seis años de prisión para los pilotos de dos embarcaciones de Greenpeace que el pasado 18 de junio de 2021 protestaron en la zona marítima de costa frente al hotel W de Barcelona durante la clausura de la reunión anual del Círculo de Economía, aprovechando la presencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Según el escrito de acusación, al que ha tenido este diario, los dos procesados, junto a otros activistas y periodistas, "habían acudido para realizar actuaciones de protesta y reivindicar un reparto justo de unos fondos europeos que se iban a recibir". 

Cada uno de ellos pilotaba una lancha para participar en esta acción reivindicativa de Greenpeace en la que se desplegó desde el mar una pancarta con el lema “Pedro Sánchez te estamos vigilando queremos una transición justa”. Sin embargo, las dos embarcaciones estaban en una zona marítima donde no se podía fondear y por eso una patrulla de la unidad marítima de la Guardia Urbana de Barcelona, con tres agentes a bordo, se acercó a los activistas

En su escrito, el fiscal remarca que los agentes "requirieron a ambas embarcaciones para que parasen el motor y se identificasen" y para ellos dieron "gritos" y usaron "señales luminosas y acústicas, tipo silbatos". "Pese a ello en ningún momento obedecieron las órdenes de los agentes, no pararon, y aunque recogieron la pancarta indicada, las mujeres que iban en la embarcación desplegaron otras pancartas más pequeñas cuyo contenido se desconoce. Los ocupantes de ambas embarcaciones y los acusados actuaron como si los policías no estuvieran", remarca el escrito de acusación.

Peligrosa persecución

Además, la Fiscalía señala que mientras los agentes se dirigían a los activistas, los acusados "comenzaron a realizar maniobras para molestar la actuación policial dando vueltas alrededor de la embarcación, poniendo a los agentes en peligro a la vez que filmaban lo que ocurría. Pese a ello, la policía continúo requiriendo a los acusados para que parasen el motor y se identificase, repitiendo dicho requerimiento en varias ocasiones, de manera clara y contundente".

El Ministerio Público remarca que "en un momento dado", las dos lanchas de Greenpeace se fueron del lugar "realizando una maniobra de aproximación peligrosa a la embarcación de los agentes". Entonces los policías empezaron a perseguir a los activistas, pero cada vez que se acercaban a ellos uno de los barcos de la entidad ecologista maniobraba "para abordarles con la intención de alcanzarles poniendo en peligro la integridad física de los agentes". También señala el fiscal que la otra lancha de Greenpeace se colocó "en contradirección a la embarcación policial para intentar pasar por la proa, teniendo los agentes que maniobrar de manera brusca y repentina, cambiando de dirección para evitar la colisión".

Según la Fiscalía, uno de los acusados presuntamente "viró la dirección de su navegación contra el través de la lancha policial intentando colocarse en la línea de crujía de la parte frontal, obligando a los agentes a modificar su rumbo reduciendo la velocidad, bruscamente para no ser abordados. Pese a ello, la policía continuo la persecución, en cuyo transcurso la embarcación en varias ocasiones, sin que se puedan precisar cuentas, pero al menos en un número de 10, maniobrase peligrosamente y se colocase para abordar a la embarcación policial, unas ocasiones por popa, otras por proa y otras por el través".

"Ánimo de menoscabar"

En este sentido, el Ministerio Público considera que los activistas procesados actuaron "conjuntamente, desde el momento en el que la policía llegó a las inmediaciones del hotel W, ignorando a los agentes, desobedeciendo sus órdenes y requerimiento, y realizando maniobras peligrosas para integridad de los agentes". Además, señala que por los presuntos intentos de abordaje del barco de la Guardia Urbana así como "de los bruscos cambios de velocidad, de rumbo y los frenazos que la embarcación policial tenía que hacer para evitar la embestida, los agentes se golpearon con el cuadro de mando, con la estructura metálica de la lancha, y ello mientras se agarraban a lo que alcanzaban para evitar salir despedidos cuando la lancha se clavaba en el mar por los bruscos frenazos y virajes". 

"La peligrosidad de la maniobra de las embarcaciones de los acusados cuando se dirigían a la de los policías, todavía era mayor teniendo en cuenta que el mar estaba con oleaje. La persecución pudo terminar cuando las embarcaciones de los acusados, entraron en el Puerto del Fórum de San Adrià. En todo momento, los acusados actuaron guiados con el ánimo de menoscabar el principio de autoridad que los agentes representaban, y de menoscabar su integridad física", remarca el fiscal en su escrito.

También remarca que los tres agentes de la Guardia Urbana que iban en la lancha resultaron lesionados de diversa consideración. Dos de ellos sufrieron graves lesiones en vértebras, zona lumbar y columna que les han dejado importantes secuelas físicas y psicológicas, y que han comportado ingresos hospitalarios, hasta el punto de que la Seguridad Social les ha reconocido la incapacidad laboral permanente para trabajar.

Por eso, además de la pena de seis años de prisión y multa de 300 euros por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones para cada uno de los patrones de los barcos de Greenpeace, la Fiscalía solicita una indemnización de unos 18.500 euros para los agentes por las graves lesiones y las secuelas sufridas. Greenpeace, como propietaria de los barcos, figura como responsable civil subsidiario en este procedimiento.

21 años de cárcel

Hace unas semanas, en declaraciones a este diario, la abogada de Greenpeace Inés Díez defendió la inocencia de los activistas, ya que aseguran que no escucharon las órdenes policiales, y explicó que los acusados declararon ante el juzgado que no había ningún tipo de intencionalidad en su protesta. También remarcó que las acciones de la entidad ecologista "no son violentas en ningún caso y no buscan hacer daño a las personas". 

Los dos agentes que resultaron peor parados, que son acusación particular en este procedimiento judicial, piden 21 años de cárcel para dos activistas de Greenpeace por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes. Además, reclaman una indemnización cercana a los 600.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas, ya que están en situación de invalidez y tuvieron que dejar la Guardia Urbana. El juicio se celebrará en los próximos meses en un Juzgado Penal de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo