Inquilinos del edificio calcinado en Valencia pleitean para recuperar fotos, joyas y contraseñas de criptomonedas

El desescombro de la finca de Campanar no contenta a todos los afectados por igual. Los inquilinos quieren poder entrar en el edificio antes de que los operarios de Giticsa limpien sus viviendas y eliminen cualquier rastro de pasado, pero enfrente han topado con unos propietarios que se niegan a facilitarles el acceso durante el vaciado de la finca. El pulso de unos y otros lleva varios meses en los juzgados. 

El primer paso lo dio la asociación Ardic en representación de los residentes con contrato de alquiler, un 60% sobre el total de las 132 viviendas calcinadas. Envió varios burofaxes a la administración de la propiedad solicitando subir a sus pisos para recuperar las pocas pertenencias que se hubiesen salvado de la quema. 

Sin embargo, la comunidad de propietarios adoptó en la Junta Ordinaria del 31 de mayo el acuerdo unánime de no autorizar el acceso al edificio y a las viviendas a ningún propietario o inquilino. Justificaron la decisión en su incapacidad para garantizar la seguridad de quienes se adentraran en el bloque, dada la situación de ruina. 

El edificio calcinado en Valencia en febrero tendrá una fachada distinta elegida por los propietarios

Entonces los inquilinos acudieron a la vía judicial y el juez estimó su petición. Entre otras cosas, alegan que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, tienen derecho a la devolución de sus bienes personales, los cuales podrían encontrarse actualmente en el edificio siniestrado y de los que no pueden disponer debido a las restricciones de acceso.

Según han detallado representantes de Ardic a Levante-EMV, algunos de los inquilinos esperan encontrar en los pisos desde fotos familiares, relojes y joyas de valor, hasta discos duros o incluso claves de criptomonedas. "No queremos que nuestros enseres acaben en un vertedero como chatarra. Algunos pisos han quedado más o menos intactos y no tiene sentido que no nos dejen subir. Los propietarios entran cuando quieren. ¿Por qué nosotros no?", se preguntan. Y añaden que muchos inquilinos necesitan regresar a sus hogares para procesar su duelo y recuperar su estabilidad emocional.

Pero los propietarios mantienen una postura radicalmente opuesta. En un recurso posterior consiguieron el favor del juez planteando las siguientes razones para impedir el paso a los inquilinos. Por un lado, abrir las puertas del edificio supondría el desembolso de una suma importante de dinero que en estos momentos no pueden permitirse -cosa distinta sería que lo asumiera el propio Juzgado-. Por otro lado, descartada la infracción penal, el juez no tendría competencia para ordenar diligencias y permitir el acceso a su propiedad.

Además, dicen, el acceso podría suponer un grave riesgo para la integridad física debido al riesgo de desprendimientos. Giticsa elaboró un informe sobre las medidas necesarias de cara a garantizar la seguridad y el importe ascendería a los 195.000 euros. Entre otras obras para habilitar los necesarios corredores de seguridad habría que cortar y retirar la perfilería metálica de la tabiquería de pladur, eliminar los cascotes de los techos, colocar barandilla y escaleras o instalar un sistema de ventilación. Todo ello antes del desescombro.

Evitan asumir los riesgos

Finalmente, en su alegato los propietarios indican que no tienen interés en cerrar el paso a nadie, pero tampoco quieren asumir la responsabilidad de cualquier accidente que ocurriera en sus viviendas, más aún considerando que los Bomberos ya rescataron todo lo rescatable después del fatídico siniestro del 22 de febrero. Por ello, instaron al juzgado de instrucción número 9 de València a eximirles de cualquier riesgo y pidieron que Bomberos y Policía Local asumieran el dispositivo de protección. También propusieron a los inquilinos costear el desescombro del edificio, pero eso no va a ocurrir, pues estos han vuelto a recurrir contra el posicionamiento de los propietarios. 

La batalla judicial sigue abierta y en su último capítulo la Audiencia Provincial de València ha capacitado al juez para que abra diligencias de investigación, entre las cuales podría incluirse el acceso de los arrendatarios a sus pisos. Sin decisión al respecto, su temor es que les dejen entrar cuando el edificio solo sea un cascarón.

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