Los empadronamientos fraudulentos no existen: el padrón es un derecho

El empadronamiento de las personas extranjeras sin papeles lleva meses generando revuelo en las redes sociales catalanas. En 2023 circuló por WhatsApp el mensaje falso de que la Guardia Civil había accedido a un piso de Barcelona donde había "1.600 empadronados de origen magrebí” (ningún cuerpo policial tiene constancia de tal hecho). Después, tomaron protagonismo unas declaraciones también falaces de la alcaldesa de Ripoll y ahora diputada del Parlament de Catalunya por Aliança Catalana, Silvia Orriols, donde aseguraba que la ley de extranjería no permite empadronar a personas "en situación irregular" (su inscripción es, de hecho, obligatoria por ley). 

La última polémica proviene de portales digitales y partidos políticos como Vox, que hablan de "empadronamientos fraudulentos" en Catalunya. Se refieren así a “miles de inmigrantes sin papeles” empadronados en un mismo lugar, con afirmaciones como que “hay cerca de 9.000 personas empadronadas en un inmueble público de Nou Barris” o que “el Ayuntamiento de Sant Cugat tiene empadronadas a 493 personas en la sede de los servicios sociales municipales”. 

Es cierto que hay miles de personas registradas en algunos inmuebles municipales en el padrón, según ha confirmado a Verificat el consistorio barcelonés, pero no es correcto referirse a ello como “empadronamientos fraudulentos”, porque la situación está contemplada por la ley. El empadronamiento es un derecho y una obligación de todas las personas que viven en un municipio, independientemente de su situación administrativa, tal y como establece el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 6 de la Ley de Extranjería. Es decir, es un trámite básico para que cualquier persona pueda formar parte, como ciudadano, del municipio en el que vive.

Sin límite en el número

En general, para empadronarse en un inmueble solo hay que acreditar la residencia efectiva, por ejemplo, mediante contratos de compraventa o las facturas del agua y luz. No hay un límite respecto al número de personas a empadronar en un inmueble, siempre y cuando residan allí, explica a Verificat Ramon Galindo, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB). Es, por tanto, responsabilidad de los ayuntamientos verificar que esa residencia sea efectiva y tramitar su baja si no lo es.

¿Y si una persona no tiene domicilio? No tener un techo no quita el derecho y la obligación de inscribirse en el padrón, como tampoco lo hace tener una vivienda en malas condiciones o estar en un inmueble ocupado. La legislación española lo prevé, a través de reglamentos y resoluciones, donde se explicita que las personas sin domicilio que lo hayan comunicado a los servicios sociales podrán inscribirse en el padrón. ¿Cómo? A través de la figura de “domicilio ficticio”, con la cual los servicios sociales establecen la dirección, ya sea en su propia sede o en la del albergue municipal, por ejemplo.

Este es el caso de 45.000 personas empadronadas sin domicilio fijo en Barcelona, tal y como ha confirmado a Verificat el Ayuntamiento. De estas, unas 5.900 están en el distrito de Nou Barris, situación a la que se ha hecho referencia en redes sociales bajo la etiqueta engañosa de “empadronamientos fraudulentos”.

Eso sí, las personas extranjeras empadronadas no comunitarias sin papeles han de renovar su inscripción en el padrón cada dos años y, en su defecto, tendrá lugar la baja, según el artículo 16 de la Ley 7/1985.

El empadronamiento no conlleva la regularización

Empadronamiento y nacionalización son dos procedimientos diferentes que, a veces, se confunden. El empadronamiento en ningún caso implica la regularización administrativa, un trámite que depende de los gobiernos nacionales. 

Lo que sí permite es el acceso a servicios básicos, como la enseñanza pública y la asistencia sanitaria básica. Pero el empadronamiento no autoriza por sí mismo el acceso a otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Es común que la llegada y el empadronamiento de migrantes en situación irregular se usen para afirmar que acceden a estas ayudas (a las que realmente no tienen derecho) o que votarán para beneficiar a determinados partidos. Esta última es una narrativa conspiranoica que se da tanto en Catalunya, como en otros lugares como Estados Unidos, y que ha sido desmentida por verificadores como PolitiFact. En el caso de España, tampoco es cierto: las personas en situación irregular no tienen derecho a voto. Solo pueden votar en las municipales aquellas que estén empadronadas y provengan de países con acuerdos con España.