Tribunales

El CSIC cursó ante la Fiscalía la denuncia por acoso a una investigadora embarcada

Apunta que tanto este caso como el que está pendiente de juicio no se produjeron en barcos de la institución

La familia de Carmen Fernández ultima la demanda por responsabilidad

El buque de investigación “Sarmiento de Gamboa”, del CSIC y gestionado por Tragsatec.

El buque de investigación “Sarmiento de Gamboa”, del CSIC y gestionado por Tragsatec. / ALBA VILLAR

Lara Graña

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La empresa pública Tragsatec asumió, en 2020, la operatividad de los buques del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Es la misma tarea que le fue asignada con el Emma Bardán, de la Secretaría General de Pesca, o el Sarmiento de Gamboa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La flota disponible es extensa y está bajo un intenso escrutinio debido a los casos de acoso o abuso sexual acontecidos a bordo, aflorados tras la desaparición, en septiembre de 2023, de la tripulante del García del Cid Mari Carmen Fernández (Cangas, 1980), casada y madre de tres hijos. Dos de esos casos acaban de salir a la luz, como ayer desveló FARO: uno está en manos del Ministerio Fiscal y otro, pendiente de juicio. El primero, de acuerdo a fuentes oficiales del CSIC, fue comunicado a la Fiscalía por parte de la propia institución que preside Eloísa del Pino; afecta a una observadora pero, abundan, los hechos no se produjeron en un barco de capital público, como ayer divulgó este periódico.

El segundo sí. El denunciado en este caso, que además es el capitán del buque, estuvo a punto de iniciar una campaña de investigación la pasada primavera pese a estar ya en espera de sentarse en el banquillo, como han destacado fuentes sindicales. “Tenemos la sensación de que salen de debajo de las piedras y eso nos genera mucha angustia”, explica una tripulante de un barco oceanográfico. A su juicio, la gestión del CSIC a este respecto está siendo “catastrófica”, porque “hasta plantean el traslado de mujeres afectadas sin apartar primero a esas personas de los barcos”. “Tienes que ir donde la bióloga, que está durmiendo y no se entera”; “esa va salida como una perra, chillando por todos lados. Lo que necesita es un buen pollazo; “si va provocando, con esos pantalones se le marca todo” son solo algunos de los comentarios que han escuchado trabajadoras a bordo, como publicó FARO en su edición del 29 de marzo pasado. Desde la entidad, adscrita al Ministerio de Ciencia, inciden en el “importante y constante esfuerzo” por erradicar estas prácticas, en coordinación con otras administraciones.

Entre 2019 y 2023 se formularon 12 denuncias por acoso o abuso sexual en todo el CSIC, como consta en una respuesta por escrito remitida al Congreso. Según el informe Evaluación del Plan de Igualdad, emitido en 2022 –último disponible–, fueron 49 los trabajadores de la organización que asistieron al curso de Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: la mayoría (35) fueron mujeres; la plantilla de la organización ronda los 15.000 efectivos.

El caso de la desaparición de Carmen Fernández quedó cerrado judicialmente después de que tanto el juzgado de Instrucción de Gandía como la Audiencia Provincial de Valencia decidieran darle carpetazo, incluso sin haber tomado testimonio a la tripulación. No hay grabaciones de las cámaras, cuya revisión solicitó la familia de la mujer, que había denunciado una agresión sexual en 2019 a un miembro de la dotación del García del Cid. A las puertas del primer aniversario de este suceso, el abogado de la familia ultima la interposición de una demanda contra el CSIC, previsiblemente por negligencia, por no haber atendido las peticiones de Carmen de ser trasladada de buque. La entidad aludió a que el convenio de la embarcación impedía esta posibilidad, aunque éste se refería explícitamente a que la organización compete en “exclusiva” al CSIC. En particular, el artículo 4.1 del acuerdo fija que “la organización del trabajo es facultad exclusiva del CSIC, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación, sujetos a los principios de agilidad, puntualidad y suficiencia”.

También el protocolo de 2020 –reemplazado la pasada primavera– habría posibilitado el traslado, toda vez determinaba que “para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, la Comisión frente al acoso sexual podrá proponer motivadamente la posible movilidad de las personas afectadas, y cuantas otras medidas cautelares estime adecuadas, con el fin de evitarles mayores perjuicios”. En su camarote, Carmen dejó escrito en una libreta “si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”.

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