Un día en un juzgado de guardia de Barcelona: tras los pasos del ladrón que robó casi 1.000 euros en chicles

Sin parar, sin pausa. Desde las nueve de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde. Horas frenéticas de actividad. Atestados policiales, la mayoría por robos y hurtos, pero también por presunto maltrato doméstico (denuncia de una madre contra su hijo) con una petición de orden de alejamiento que, al final, no se concedió. Duro ser testigo de las acusaciones entre familiares. Ese es el día a día de los juzgados de guardia de detenidos de Barcelona. El viernes 2 de agosto, cuando EL PERIÓDICO estuvo presente en uno de ellos, sobresalió por excepcional la detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano ucraniano, Y. V, acusado de sustraer chicles por valor de 923 euros (309 paquetes) de supermercados en días distintos. Durante la jornada, el trajín de papeles y la ida y venida de funcionarios fue constante.

La jueza Zita Hernández Larrañaga, titular del Juzgado de Instrucción número de Barcelona, es la magistrada que ese día estaba al frente del juzgado de guardia número 1 de la capital catalana, uno de los tres de detenidos que empezaron su andadura allá por los Juegos Olímpicos de 1992. En la planta baja de uno de los edificios de la Ciutat de la Justícia, en la Gran Via, se encuentran estos órganos judiciales y el de incidencias, que es el competente para tramitar asuntos como las diligencias de actos delictivos sin detenidos (salvo violencia contra la mujer, que dispone de un órgano específico de guardia) que se producen durante sus 24 horas de servicio y en las 72 horas anteriores, la recepción de querellas y denuncias, solicitudes urgentes de entradas y registro, levantamiento de cadáveres y autorización para trasplantes de órganos, entre otras funciones.

La jueza Zita Hernández es una magistrada experimentada. Nació en Eibar y a los 8 años se trasladó a vivir a Catalunya. Ingresó en la carrera judicial en 2001, tras aprobar las oposiciones con 24 años. Ha ejercido en distintos juzgados catalanes, como Berga, Santa Coloma de Gramanet y L'Hospitalet de Llobregat. En 2015 recaló en Barcelona y en 2018 se fue de profesora a la Escuela Judicial de Vallvidrera. En enero de 2022 ocupó la plaza en Instrucción 30, donde ahora se encuentra. "Desde niña repeía que quería ser jueza. Mi padre siempre me lo dice. Pero él no quería porque aseguraba que el trabajo era duro y mal valorado. Quería que fuera notaria", explica. No fue así y se convirtió en la primera de su familia en convertirse en jurista. "Esta carrera te obliga a estar constantemente formándote, no solo en leyes, sino también por los cambios sociales. Tienes que ser una persona que te interese el mundo", explica Hernández, una mujer inquieta (lee rápido los atestados) y resolutiva.

El reparto entre los juzgados

Poco antes de las 9 de la mañana, cuando empieza la guardia, los funcionarios están instalados preparados en sus mesas para recibir el papeleo (en 2024 todavía todo se usa el papel). Inma, la letrada de la administración de justicia, reparte los casos 34 casos que le trasladan los Mossos y la Guardia Urbana entre los tres juzgados de detenidos. En los calabozos ya se encuentran los arrestados, desde el ciudadano ucraniano de los chicles hasta brasileños, senegaleses y españoles.

Los implicados en los atestados de la policía municipal están libres y solo han sido citados por delitos de tráfico. Al juzgado de guardia número uno le han tocado 12 asuntos, entre ellos la denuncia de la madre contra su hijo, con varios detenidos implicados. La letrada de la administración de justicia vuelve a repetir el reparto de más casos pasadas a las 12 del mediodía, cuando se produce la segunda conducción de detenidos, y su juzgado se queda con otros seis atestados con arrestados. Las causas por robo, hurto o lesiones son las más corrientes en los juzgados de guardia de la capital catalana.

Móviles y peritos

Los abogados esperan en una salita y pueden bajar a los calabozos para ver a sus clientes. A los letrados se les proporciona una copia del atestado y rellenan sus datos en un impreso. La mayoría son del turno de oficio. En la guardia también hay un forense, un perito y el fiscal, que ese día es Roberto Valverde, que habrá acabado la jornada redactando ocho escritos de acusación para los denominados juicio rápidos (debería celebrarse en 15 días y se tardan meses). En el caso de los robos de móviles, por ejemplo, interviene un perito para precisar el valor del dispositivo y de ello depende si se considera un hurto (menos de 400 euros), que comporta multa, o un robo, con una pena de cárcel. Si se califica como hurto, el juzgado debe revisar los antecedentes, porque si hay tres condenas anteriores y lo sustraído en total superan los 400 euros, el fiscal puede pedir una condena de prisión.

De los detenidos que ese día pasaron por este juzgado de guardia, solo una arrestada quiso declarar ante la jueza. Era la presunta autora de un intento de robo de un bolso a una mujer, a la que también empujó cuando esperaba el ascensor en una boca de metro. Durante el interrogatorio, la detenida lo negó y aseguró que había sido la señora quien le pegó en la cabeza con el bolso y ella se defendió. El delito no fue consumado. La jueza acordó su libertad, aunque la sospechosa fue convocada para la celebración de un juicio rápido.

La magistrada no acordó ningún ingresó en prisión. Ni del ucraniano. Uno de los robos de chicles, el de 115 paquetes, con un valor de 448 euros y cometido el 6 de marzo, se derivó a otro juzgado. El otro, la sustracción de 194 'packs' con un valor de 475 euros, fue cometido el 31 de julio y fue tramitado como juicio rápido. El detenido quedó libre con la citación para la vista en su bolsillo y con un escrito del fiscal que le reclama cuatro meses y 15 días de prisión, así como una multa por lesiones leves a un vigilante.

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