Denuncian ante Europa el Ingreso Mínimo Vital: "No es una ayuda, es un mal préstamo"

Se han unido para denunciar ante Europa el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lo han hecho mediante una reclamación colectiva. Así, la Organización ATD Movimiento Cuarto Mundo Internacional --formado por afectados, activistas sociales y profesionales del sector-- presentaron el pasado 4 de junio una reclamación colectiva contra España y la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales tras más de dos años de trabajo. Y lo han hecho porque entienden que dicha ley (que articula la ayuda diseñada para combatir la pobreza) "no cumple con la Carta Social Europea".

En la reclamación colectiva, además, se solicita la "suspensión inmediata" de los procedimientos de cobros indebidos que están actualmente en marcha y que están provocando "un endeudamiento mayor" a quienes han percibido el Ingreso Mínimo Vital, ya sea porque se les concedió de oficio (es decir, sin solicitarlo) -a pesar de que la administración poseía todos los datos necesarios para conocer su inadecuación-, o porque en el transcurso del tiempo ha cambiado su situación personal o económica y el INSS ha tardado más de dos años en revisar estas situaciones. Es más, necesitan que se paralicen los procedimientos que están en marcha y que implican la reclamación de miles de euros por "pagos indebidos" de esta ayuda.

"El IMV no es una prestación, es un mal préstamo"

"El Ingreso Mínimo Vital no es una prestación, es un mal préstamo que se hace a las personas en situación de pobreza", explica una de las afectadas. Y es que entre el colectivo más perjudicado por las "devoluciones" que exige ahora la Seguridad Social se encuentran las madres monoparentales o las familias con hijos a cargo ya que el Gobierno concedió "de oficio" la ayuda a quienes cobraban una pretación por tener niños en casa y ahora reclama un dinero que la gran mayoría no puede devolver.

En esta situación se encuentra Mayte C., de 48 años y con tres hijos, vecina de Muxamel, en Alicante. "A mi me dieron la ayuda sin pedirla. En enero de 2023 me exigían la devolución de 6.040 euros por cobros indebidos y me fueron quitando 135 euros de los 607 euros que cobraba. Luego me quitaron la prestación en abril pero me la devolvieron en agosto. Me pagaron atrasos y me acerqué a la oficina del INSS porque no entendía nada. Si debía dinero, pues no me pagues los atrasos y me los quitas de ahí. Pues no. Luego de agosto a enero de este año me redujeron la ayuda en 99 euros, pero cuando empezó 2024 recibí otra carta y me exigen la misma cantidad, exactamente la misma: 6.040 euros. Eso no puede ser. Es bastante caótico todo y no te justifican lo que te piden", explica la mujer.

Violeta M., de 51 años, de Gandia, también recibió la prestación, de oficio en 2020, por ser beneficiaria de la ayuda a la infancia ya que tiene una hija. Dos años después le rinden cuantas y le reclaman 3.664 euros que la mujer no puede pagar. Su situación, además, no ha variado. Una hija a cargo y parada de larga duración. "Tras preguntar y preguntar averiguamos que en la Seguridad Social figuraba mi exmarido como parte de la unidad familiar. ¡Y me separé en 2013! Me pidieron documentación para subsanar el error pero la realidad es que me reclaman un dinero que no puedo devolver".

Denuncia en Europa

Los testimonios de afectados por impagos indebidos del IMV se acumulan. Por ello, en la reclamación colectiva se exige la intervención de Europa para que frene los expedientes en marcha y revise una ayuda que "está mal diseñada y mal ejecutada" por los siguientes motivos, según consta en el escrito:

- Porque el IMV, desde su concepción hasta su aplicación, no solo no da respuesta efectiva a la situación de pobreza y deja de lado a muchas personas que lo necesitarían, sino que en muchos casos agrava la situación de pobreza generando deudas de por vida a todos los miembros de la unidad de convivencia.

- Porque la accesibilidad al IMV es compleja, se hace a través de una aplicación de internet y con poca o nula posibilidad de aclaración con acceso a personal técnico formado para ese diálogo. Además, su concepción basada en el control genera una serie de exigencias burocráticas y papeleos no compatibles con la situación compleja de las personas en situación de extrema pobreza, las situaciones sobrevenidas y los cambios.

- Porque el IMV no es cercano en el tiempo a la situación de necesidad, sea crónica o sobrevenida, los plazos son excesivamente largos y sus procesos de revisión o adjudicación se producen en periodos amplios y sin posibilidad de revisión con personal cualificado y procesos de resolución presencial y apropiados, además de notificaciones no argumentadas.

- Porque el IMV no resuelve las cuestiones de vulneración de derechos que ya generaban las rentas autonómicas; en cuestión de la cuantía de estas, o de límites de edad, al exigir un período mínimo de residencia o no garantizar la continuidad de la misma mientras dura la necesidad. El IMV es una prestación subsidiaria de otras y, sin embargo, no ha resuelto su armonización entre los diferentes sistemas de prestación o su compatibilidad con el empleo.

- Porque el IMV deja fuera a muchas familias que ni siquiera son capaces de solicitarlo y agrava la situación de los cientos de miles de familias que ven cómo se complica su situación con “deudas” generadas por la prestación, en algunos casos tramitada de oficio.

"Esta situación de vulneraciones de derechos generados por el IMV, aún con sus múltiples reformas legislativas, es una situación conocida y denunciada por las personas afectadas y por múltiples instituciones (desde el Defensor del Pueblo, a la AIReF, o la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, entre otras", aseguran los denunciantes en la reclamación colectiva, que espera respuesta de la Unión Europea.