El Govern acusa a Orriols de delinquir con el padrón: "Si lo que ha declarado a EL PERIÓDICO lo ordena por escrito es prevaricación"

"El padrón es un registro de hecho, no de derecho. Los ayuntamientos tienen la obligación legal de empadronar a todo el mundo que reside en un domicilio, esté en la situación que esté". Es la respuesta de Adam Majó, director general de Derechos Humanos de la Conselleria de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, al leer en EL PERIÓDICO que la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, se jacta de incumplir la legislación vigente en esta materia. "Si esto que dice la alcaldesa (que no empadronará a nadie que viva en un lugar insalubre) se atreve a ordenarlo por escrito es prevaricación", ha advertido Majó en un mensaje a las redes sociales.

Es la primera vez que el Govern ve algún tipo de delito en las palabras de Orriols en relación al padrón, aunque "las declaraciones no son suficientes"

Algunas entidades ya han puesto en manos de abogados estas declaraciones de la líder de Aliança Catalana para estudiar si ha vuelto a incurrir en un delito discriminatorio.

"Las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, e incluso la ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón municipal". Esto es lo que dice la legislación estatal que regula la gestión municipal del padrón en toda España. Una norma que la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, asume que incumple voluntariamente.

"No voy a empadronar a nadie debajo del puente, en una cueva o en algún lugar insalubre. Es lamentable que la Administración consienta que se hagan estos tipos de empadronamientos", zanja la alcaldesa en la primera entrevista concedida a EL PERIÓDICO, siete meses después que EL PERIÓDICO desvelara las trabas que la alcaldesa ha impuesto en su municipio.

Es la primera vez que alguien del Govern ve algún tipo de delito en las palabras de Orriols en relación al padrón, aunque Majó insiste en que es necesaria una prueba por escrito que demuestre que hace lo que expresa a este diario. "Las declaraciones no son prueba suficiente", sigue Majó.

Esta misma conselleria le ha impuesto una multa de 10.000 euros por declaraciones islamóbofas en televisión. "Silvia Orriols debe saber que continuaremos estando al lado de los más vulnerables como desde hace 30 años, haciendo que la gente pase de ser inmigrante a ciudadana. Lucharemos con fuerza contra los mensajes racistas y xenófobos, haciendo país y trabajando para la convivencia en Catalunya", ha expresado Mohamed Chaib, presidente de la fundación Ibn Battuta, que ya ha llevado ante la fiscalía de odio y discriminación el proceder del empadronamiento de la alcaldesa de Ripoll.

De hecho, tras la publicación en este diario de estas prácticas irregulares, el Govern activó sus servicios territoriales para garantizar los derechos más básicos, especialmente de menores y personas dependientes, en relación a Salut, Educació y Drets Socials independientemente de si tenían el empadronamiento aprobado. También la Síndica de Greuges se movilizó, al igual que el delegado del Gobierno en Catalunya. Incluso la Comisión Europea pidió explicaciones.

27 ayuntamientos comprometidos

Por su parte, el director general, ahora en funciones, ha tratado de liderar un grupo de municipios en los que se comprometan a aplicar el empadronamiento como pertoca. Es decir, aplicando el padrón social en los casos en los que sea necesario, como las personas que duermen en la calle o los que lo hacen en habitaciones donde los propietarios no les permiten empadronarse.

Ya son 27 ayuntamientos que se han comprometido con esta iniciativa, más allá de cinco ciudades iniciales. Además de El Prat de Llobregat, Reus, Girona, Lleida y Barcelona sen han unido municipios del área metropolitana como Vacarisses, Ripollet, Barberà del Vallès, Olesa, Piera o Montcada y Reixac. También hay pueblos de Girona como Torroella, Viladamat, Lloret o Santa Pau, de la provincia de Tarragona como Maspujols, Móra la Nova, Benissanet, Altafulla o Poblet. Y de Lleida como Oliana, Pinell del Solsonès o Sentmenat.

Aunque es el caso más evidente, Ripoll no es una excepción. El último sondeo de las entidades sociales cifró en más de 30 los pueblos y ciudades en Catalunya que se saltan la normativa con prácticas similares a las que usa la alcaldesa de Aliança Catalana. La Generalitat está tratando de pactar un proceder común que evite estos casos, pero por el momento son una práctica minoría los alcaldes que se han unido a la propuesta. Barcelona, una de las pocas ciudades que sí empadrona a quien no tiene título habilitante, da cobijo a más de 46.000 personas, aunque el nuevo proceder de la Administración de Collboni ha enervado a muchas entidades sociales.