Catalunya se da nueve meses para estrenar la ventanilla única de las ayudas sociales

La Generalitat ya empieza a trabajar para que las oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que es donde se puede pedir la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la prestación social que gestiona el Govern, sirva también para pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El acuerdo que han firmado este miércoles el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, y la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, da nueve meses para que se implemente el traspaso de competencias de este servicio y que sea el Govern el que gestione esta prestación estatal. "La idea es que en el mismo momento las personas puedan solicitar las dos prestaciones a la vez", ha explicado Campuzano.

El Servei d'Ocupació de Catalunya será el que gestionará tanto el IMV como la Renta Garantizada de Ciudadanía

Es una demanda histórica de las entidades sociales y de la Generalitat. La necesidad de crear una ventanilla única para que las personas sin ingresos o que no lleguen a los 600 euros mensuales en Catalunya puedan reclamar estas prestaciones sociales. A día de hoy, solo 12.000 personas perciben ambas ayudas, según los datos que ha facilitado el conseller Campuzano. Es decir, que solo el 3% de quienes cobran estas ayudas perciben ambas prestaciones.

Hasta ahora, había dos circuitos. El estatal, gestionado por el ministerio, daba acceso al Ingreso Mínimo Vital. Se pedía en las oficinas de la Seguridad Social y permitía cobrar una prestación de 600 euros al mes (para una persona sola). La perciben 241.000 catalanes, el 34% de quienes viven en la pobreza extrema, y el tiempo de espera para acceder a ella, según el Govern, es de cuatro meses y medio.

241.000 catalanes reciben el IMV; 154.000 reciben la RGC y solo un 3% perciben ambas prestaciones

El circuito autonómico es otro bien distinto. Son las oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya las que tramitan la Renta Grantizada. Una ayuda que llega a 154.000 catalanes, el 25% de quienes están en la pobreza más severa. El tiempo de espera es de dos meses y las ayudas son un poco más elevadas, de 756 euros al mes, en el caso de una persona sola.

Tras la firma de este acuerdo, será el mismo SOC el que tramitará ambas ayudas. "Vamos a una ventanilla única que nos permita llenar los dos aplicativos", ha explicado Campuzano.

La ministra Elma Saiz ha advertido de que los diferentes criterios de acceso a las prestaciones no se van a homologar

En las próximas semanas el Govern ya empezará a contratar personal para hacer posible este traspaso y también se creará una comisión de seguimiento. Campuzano ha advertido de que los responsables de aplicar este nuevo sistema serán quienes conformen el próximo Govern de la Generalitat. "Aun así, nos ponemos manos a la obra para que sea una realidad lo antes posible", ha dicho el conseller.

La ministra de inclusión, Elma Saiz, se ha mostrado orgullosa de este acuerdo pero ha dejado claro que los criterios de acceso a las prestaciones, que difieren entre ellas, no se van a homologar. "El IMV depende de una ley estatal", ha dicho.

Por su parte, Campuzano sí ha querido insistir que es necesario cambiar y ampliar los criterios de la prestación catalana. "Debemos hacerla complementaria con las ayudas de vivienda, las rentas del trabajo y reforzar la lucha contra la pobreza infantil". Estas modificaciones debían incluirse en la ley catalana, pero la convocatoria de elecciones en Catalunya liquidó estos trabajos, que Campuzano considera "imprescindibless" para que este traspaso de competencias se haga con las máximas garantías.

Por su parte, la Taula del Tercer Sector, que representa 3.000 entidades sociales en Catalunya, aplaude la medida y pide que se despliegue en los primeros 100 días del nuevo ejecutivo catalán. "Es primordial mejorar el acces a estos derechos sociales para conseguir reducir la bolsa de pobreza severa que desde hae años se ha cronificado en Catalunya y que afecta el 8,9% de la población”.