Las entidades sociales aplauden el traspaso del ingreso mínimo vital a Catalunya: "Ya era hora"

El anuncio del Gobierno de traspasar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat de Catalunya no es solamente una demanda histórica del Govern, sino que también responde a la petición que las entidades sociales, al unísono, reclamaban desde que se creó esta ayuda social. Desde la aprobación del IMV, año tras año las entidades sociales en sus informes anuales en Catalunya pedían que se hiciera tal traspaso. El objetivo, reducir la carga burocrática, crear una una ventanilla única para conseguir que todos lo que la necesiten puedan acceder a estas prestaciones. "Ya era hora. Llega muy tarde pero estamos muy contentos de que se haga efectivo", ha dicho Sira Vilardell miembro de la Junta Directiva de la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) especializada en la garantía de ingresos.

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A día de hoy, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) son las dos prestaciones que pueden cobrar en Catalunya las personas que se hayan quedado sin nada: sin paro y sin ningún ingreso. Eso sí, siempre y cuando tengan permiso de trabajo y residencia legal en España. El IMV es una prestación estatal y la RGC es de la Generlalitat.

Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión y de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 241.000 catalanes perciben el IMV. Son el 34% de los que viven en la pobreza severa y el 12% de los que viven bajo el umbral de la pobreza. La prestación de la Generalitat llega a 154.000 personas, dejando fuera al 75% de los pobres severos y al 92% de quienes están en la tasa de pobreza catalana.

La ventanilla única

"El problema que tenemos es que las ayudas sociales no llegan a quienes las necesitan", insiste Vilardell. Una realidad que los datos hace años que revelan. "Las ayudas estan muy fragmentadas, cada una tiene criterios distintos, lugares distintos donde pedirlas... es tan complejo que por el camino se pierden muchas personas", subraya.

Las oenegés hace años que piden la ventanilla única para unificar estas dos prestaciones. "Deberían funcionar de forma coordinada y centralizada para reducir la complejidad. Que una persona vaya a un sitio y allí pueda pedir las ayudas, se le acompañe, y sean las diferentes administraciones las que dialoguen entre ellas y se coordinen en cada caso", razona Vilardell. "La gente pierde un tiempo impresionante, hay un nivel de desconocimiento brutal", añade.

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Vilardell también ejerce de portavoz de las entidades sociales dentro de la comisión de gobierno de la Renta Garantizada catalana. Es por eso que, más allá de aplaudir el traspaso de competencias, pide concreciones. "¿Cómo harán la ventanilla única? ¿Pondrán suficientes profesionales para acompañar a las personas? ¿Unificarán criterios de ambas prestaciones? Necesitamos saber cómo se va a concretar porque la letra pequeña no queda recogida por ningún lugar", advierte.

Nuevos colectivos

La unificación también es necesaria para que las administracioens se aseguren de que los beneficiarios puedan percibir las dos rentas. Como los criterios para pedirlas son distintos, hay mucho decalaje y tanto oenegés como Govern quieren que se pueda poner cierto orden en este asunto. Para una persona sola, la ayuda estatal solo llega hasta los 602 euros mensuales, y la catalana sube los importes hasta los 756. Si la Generalitat logra que todos los beneficiarios actuales de la RGC perciban el IMV podrá generar un importante ahorro que, según Vilardell, debería de repercutir en abrir la prestación catalana a otros colectivos. Campuzano prometió hacerlo con familias con menores a su cargo, aunque hay voces que reclaman reconocer a los trabajadores pobres o a los padres de menores que se encuentren en situación irregular como hace el País Vasco.