Barreras arquitectónicas

Una madre de Manresa demanda a sus vecinos para lograr una rampa de acceso para su hijo con discapacidad

La mujer recurre a la justicia después de que el resto de propietarios del edificio se nieguen a autorizar la obra

Catalunya aprueba un nuevo código para alcanzar la "accesibilidad universal" de espacios y edificios

Los escalones del bloque 25 de la calle Trieta de Manresa que la familia pide rebajar.

Los escalones del bloque 25 de la calle Trieta de Manresa que la familia pide rebajar. / OSCAR BAYONA

Laura Serrat

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Una mujer de Manresa, E.R.T., ha presentado una demanda contra su comunidad de vecinos de la calle Trieta, 25, de Manresa para reclamar que se adapte la entrada de su edificio para hacerla accesible a su hijo que sufre una discapacidad que le afecta la movilidad, según informa Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica.

La demandante explica que ha decidido acudir a la vía judicial para desatascar un conflicto que lleva más de un año arrastrando para buscar una solución a los escalones que hay en la puerta principal del bloque. Ella insiste en hacer una rampa, mientras que el resto de la comunidad se niega por la complejidad de la obra, teniendo en cuenta que el grado de elevación de los escalones complica sustituirlos por una rampa.

Entre el portal y la acera hay dos escalones muy elevados que son un obstáculo para su hijo, un chico de 39 años que sufrió un derrame cerebral que le dejó afectadas la movilidad, el equilibrio y la vista, además de dejarle otras secuelas cognitivas y funcionales. La madre lamenta que el chico ya se ha tropezado varias veces con los escalones de la entrada hasta el punto de que "ahora teme pasar". Por este motivo, pide que se adapte la entrada con una rampa que también les facilitaría el acceso con la silla de ruedas que de forma puntual debe necesitar el hijo.

La vecina asegura que la comunidad se negó desde el primer momento a realizar reformas por la complejidad de la obra y que se le planteó la opción de entrar por el parking del edificio como alternativa. Ante las negativas, explica que decidió poner el caso en conocimiento del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que instó a la comunidad a encargar un estudio técnico en el que se valoraran las posibles soluciones y el coste que suponían.

Preguntados por Regió7, el resto de propietarios de la finca aseguran que antes del requerimiento de la Generalitat ya habían estudiado la posibilidad de hacer una rampa, pero los distintos constructores consultados les alertaron sobre "la inviabilidad" de la obra por la afectación estructural que supondría en el edificio, teniendo en cuenta que debería reformarse la entrada entera para construir una rampa que tuviera la inclinación idónea. En este sentido, argumentan estar dispuestos a estudiar otras alternativas para favorecer la accesibilidad, pero desestiman su propuesta de convertir la entrada en una rampa "por su complejidad".

Sin embargo, un estudio arquitectónico financiado por la propia vecina contradijo estos antecedentes asegurando que se podía llevar a cabo la obra haciendo llegar la rampa hasta una parte del vestíbulo para rebajar su inclinación. Ante este informe y las demoras en todo el proceso, ha decidido recurrir a la vía judicial para reclamar la supresión de las barreras arquitectónicas y que sea un juez quien decida cuál debe ser la mejor solución.

Su abogada explica a este diario que su demanda se ampara en el Código Civil de Catalunya que establece que cualquier comunidad está obligada a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y que la solución de la rampa entra dentro de los parámetros que marca el nuevo Código de Accesibilidad de Catalunya en términos económicos.

El coste total de la obra sería de unos 19.700 euros con IVA incluido a pagar entre los ocho pisos y bajos comerciales, con la posibilidad de acceder a las subvenciones otorgadas por Drets Socials. En la demanda, hacen constar que, en caso de que el juez rechace la opción de la rampa, se instale una plataforma elevadora de forma subsidiaria.

La vecina explica que, en un primer momento, puso el caso en conocimiento del Ayuntamiento de Manresa con el objetivo de conseguir una mediadora que pudiera ayudar a llegar a un acuerdo entre los vecinos. Sin embargo, lamenta que, tras una primera reunión, la profesional cogió la baja y asegura que no le pusieron ninguna persona sustituta. El ayuntamiento informó en su día a este diario que se estaba trabajando para hacer una segunda mediación, pero, de momento, el caso ha terminado en manos de un juez. 

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