El TC suspende los artículos de la ley Trans y LGTBI de Ayuso, recurridos por el Gobierno de Sánchez

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los artículos de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid recurridos por el Gobierno de Pedro Sánchez, al solicitar el Ejecutivo esta medida cautelar en su recurso contra las leyes aprobadas a final de 2023 por Isabel Díaz Ayuso. Las impugnaciones, admitidas a trámite ahora, se dirigen contra varios apartados de las normas madrileñas que modificaron la de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y la de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.

Como el Gobierno de Sánchez invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, el pleno ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, desde el pasado 26 de junio, que es cuando se interpuso el recurso para las partes del proceso y desde que su publicación en el BOE para el resto. La suspensión se realiza por un periodo de cinco meses, pero pueden ser prorrogables hasta la resolución por el órgano de garantías de los recursos.

En su primera impugnación, el Ejecutivo alega la vulneración de la Constitución y de competencias estatales por los apartados 11, 12, 15, 17 y 22 bis del artículo único de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la ley de 2016. La segunda se dirige contra el apartado catorce ter del artículo único de la ley madrileña al entender que podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre procedimiento administrativo común.

La encargada en su día de explicar la interposición del recurso, tras haber intentado negociar con la Comunidad madrileña en una comisión bilateral, fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que justificó la impugnación en la necesidad de prohibir las terapias de conversión, al considerar que la ley autonómica abre la puerta a "terapias de aversión", al permitir "una evaluación psiquiátrica y un acompañamiento psicológico" que permiten encubrirla.

Además, a su juicio, la ley aprobada por el Ejecutivo de Díaz Ayuso supone "la patologización de los menores trans al obligarles, también, a un proceso de acompañamiento psicológico y psiquiátrico y a un informe preceptivo, es decir, un informe obligatorio previo al inicio de cualquier terapia de tránsito hacia la transexualidad". Esta es la razón por la que el Defensor del Pueblo también recurrió ante el Constitucional la ley trans madrileña en abril.

El recurso del Gobierno achaca a las leyes madrileñas, además, ser discriminatorias, al contraponer "derechos entre las mujeres trans y el resto de mujeres". Según Redondo, tanto la ley 17/2023 como la ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid "excluyen a las asociaciones LGTBI de la legitimación activa para interponer recursos tanto en el ámbito penal como en el contencioso-administrativo, así como su participación como interesadas".