Madrid, Catalunya y País Vasco ponen en juego 2.900 millones en contratos de servicios de emergencia

Los grandes grupos de ambulancias presentan sus ofertas para acceder a concurso repartidos entre Cataluña, Madrid y País Vasco por unos contratos cuya valoración total asciende a casi 2.900 millones de euros. El más importante, sin duda, es el que ha promovido la Generalitat. A través de su entidad pública Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a incios de años, el Ejecutivo catalán lanzó una de sus licitaciones más relevantes: el transporte sanitario urgente y no urgente, que incluye ambulancias y transporte aéreo, y se desarrollará entre 2025 y 2030. El pasado viernes concluyó el plazo para presentar ofertas, con doce empresas compitiendo por este contrato, que cuenta con un presupuesto base de 1.985 millones de euros y valorado en unos 2.372 millones.

El contrato actual expirará en diciembre y el nuevo contrato, que durará cinco años en lugar de diez, será adjudicado a mediados de año y entrará en vigor en 2025. Para fomentar la diversificación y la transparencia, la Generalitat ha dividido el contrato en diez lotes, uno por cada ámbito territorial, asegurando que las zonas más pobladas no sean adjudicadas a una sola empresa. Según las fuentes consultadas, se han presentado ofertas en todos los lotes, lo que demuestra el gran interés en este proceso de licitación.

Los términos del contrato son bastante estrictos, requiriendo que los adjudicatarios mantengan al personal actual. Además, deben invertir considerablemente en la adquisición de una flota moderna de ambulancias. Además, el Govern introdujo cláusulas específicas para garantizar que haya diferentes adjudicatarios. La parte económica de las ofertas sólo ponderará el 30% de la puntuación total, mientras que el resto se basará en la propuesta de servicio de las compañías licitadoras. Este enfoque busca asegurar una mejora integral del servicio ofrecido a los ciudadanos. El proceso tuvo que suspenderse. El Govern cometió un error en los cálculos económicos, por lo que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público detuvo y enmendó el proceso.

El contrato vigente, adjudicado a Ambulancias Egara y Transport Sanitari de Catalunya, terminó en la Justicia, lo que ha llevado a reforzar los mecanismos de transparencia en la nueva licitación. La dirección del SEM, bajo Anna Fontquerni desde finales de 2022, ha trabajado para garantizar que el proceso sea justo y competitivo, con la inclusión de cláusulas que aseguran el mantenimiento de la plantilla y la distribución equitativa de los lotes.

Por su parte, la Comunidad de Madrid lanzó en mayo una licitación para el transporte sanitario no urgente (TSNU), dividiendo el contrato en cinco lotes por un período de cinco años, con un valor estimado de 254 millones de euros. Este concurso, que ha tenido un retraso de un año y medio, atrajo la participación de grandes operadores del sector. Según los documentos consultados por Activos, el vertical económico de Prensa Ibérica, han concurrido compañías de ambulancias consolidadas como Sanir —la empresa constituida por Alsa (Mobico) y Trasinsa que explotan en UTE desde el año pasado el servicio de urgencias de Madrid—, Ambulancias Tenorio, Santa Sofía y Sasu. Egara, por su parte, fue excluida de la licitación.

Similar a lo que ocurre en Cataluña, los licitadores deberán adquirir una nueva flota de ambulancias, alrededor de 350 vehículos, y subrogar al personal existente, sin posibilidad de revisión de precios. Este proceso de licitación representa un escenario competitivo donde las principales empresas de transporte sanitario en España han medido sus fuerzas. En una reciente licitación de transporte urgente, Sanir y Serveo salieron victoriosos, estableciendo un precedente para esta contienda.

En esta ocasión, la Comunidad de Madrid ha incrementado el número de lotes de cuatro a cinco y ha limitado la cantidad de lotes que cada operador puede ganar, fomentando así una mayor diversificación y competencia. Llama la atención que dos gigantes del sector y participadas por fondos como Health Transportation Group (HTG) —compañía que en 2021 ProA Capital e Investindustrial vendieron a Real Assets IM por unos 200 millones— y SSG, cuyo 75% es propiedad de Asterion desde el año pasado, no hayan presentado sus dosieres en el proceso de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Gobierno vasco, la semana pasada formalizó el contrato del transporte de emergencias programado, un pliego valorado en 259 millones de euros que se repartía en tres lotes cada uno correspondiente a los territorios vinculados a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El contrato de transporte de emergencias programado, que se extenderá durante trs años, iba a renovarse en mayo por 135 millones, pero quedó paralizado por un recurso de UGT por el traslado de trabajadores. Finalmente, el recurso fue resuelto en las últimas semanas y ha quedado resulto. De este modo ha sido adjudicado a La Pau, compañía catalana que se lleva dos lotes y a Ambulancias Gipuzkoa.