El Supremo de EEUU frena otra medida de Biden para luchar contra la contaminación

Los esfuerzos por proteger y mejorar el medioambiente en Estados Unidos desde el gobierno federal han topado con un enemigo formidable en el Tribunal Supremo dominado por los conservadores. Este jueves cinco de los seis jueces de esa supermayoría conservadora han obligado a echar el freno a una medida adoptada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) con la que el gobierno de Joe Biden pretendía reducir la contaminación de ozono que viaja de unos estados a otros provocando niebla tóxica que se ha vinculado a asma, enfermedades pulmonares y muertes prematuras.

Se trata de la tercera decisión en los tres últimos años que este Supremo toma contra medidas gubernamentales para combatir el cambio climático y reducir emisiones y contaminación. Llega después de otras dos adoptadas contra la misma agencia por las que le forzó a reducir protecciones al agua y le impidió aplicar un ambicioso plan para reducir emisiones de plantas de carbón. Esa tendencia ha llevado a expertos como Charles Harper, del grupo contra el cambio climático Evergreen, a denunciar que el Alto Tribunal demuestra que “cada vez más sustituye con sus propias políticas de derechas la pericia de las agencias federales”.

"Buenos vecinos"

La norma que el Supremo ha dejado en suspenso formaba parte de un plan que la EPA empezó a diseñar en 2015 amparándose en la Ley de Aire Limpio para reducir la contaminación y la niebla tóxica que viaja de estados con muchas emisiones, normalmente en el sureste y el medio oeste, a otros que tienen menos, principalmente en el noreste. Esa regulación conocida como “de buen vecino” obligaba a los estados a enviar propuestas para reducir emisiones de ozono en plantas eléctricas y en otras instalaciones industriales que luego debía aprobar la agencia.

Para 2023 la EPA concluyó que los planes presentados por 23 estados no eran adecuados y adoptó su propia normativa, lo que abrió una batalla legal. En 11 de los estados sí se aplicó la normativa federal y se han visto reducciones notables de las emisiones. De hecho, el año pasado en esos estados se registró una reducción total del 18% óxido de nitrógeno.

Otros 12 mantuvieron su batalla legal, argumentando que les preocupa que en el futuro puedan cambiarse sus obligaciones bajo el plan y denunciando que las nuevas regulaciones son demasiado onerosas y llevarán al límite su servicio eléctrico. Esas batallas legales estaban abiertas pero en febrero Ohio, Virginia Occidental e Indiana, con aliados en sectores de industria pesada y minería, lograron que el Supremo aceptara una solicitud de emergencia, algo extraño pues el Alto Tribunal suele esperar a que se resuelvan los litigios en instancias inferiores.

Solo Amy Coney Barrett, nombrada por Donald Trump, se ha sumado a las tres juezas progresistas rechazando la decisión, que ahora devuelve la pelea legal a tribunales inferiores pero deja la regulación suspendida mientras se resuelven los casos, un proceso que puede prolongarse durante años.