Nueva normativa de ascensores: los cambios que se deberán incorporar en unos días

La normativa de los ascensores está a punto de cambiar. El próximo 1 de julio, entrará en vigor el nuevo marco legal, impulsado por el Gobierno Pedro Sánchez, para garantizar que los elevadores sean más seguros. Con tal de garantizar esta mejora, los vecinos de los edificios con montacargas más antiguos deberán hacerse cargo de la modernización de dichos sistemas.

Entre las modificaciones a tener en cuenta estarán el control de peso y la implementación de un teléfono de cabina (siempre que no lo lleven incorporado ya). Asimismo, la correcta detención del ascensor en cada rellano, así como el cumplimiento de otros estándares mínimos de seguridad, se controlará por medio de revisiones periódicas.

Barcelona localiza 1.220 ascensores históricos, el triple de los conocidos hasta ahora

Hasta 40.000 euros

Según algunas fuentes, el rango del coste de estas reparaciones estará entre los 500 y los 40.000 euros, precio que deberá asumir la comunidad de vecinos del edificio afectado. En aquellos casos más graves, "será mejor hacer el ascensor nuevo antes que arreglarlo", según declaraciones del vicepresidente del Gremio de Ascensoristas de Catalunya, Jordi Serrats, recogidas en abril por la cadena de televisión 3/24.

Entre las inversiones más recurrentes, apunta el mismo testimonio, estará el cambio de guías, que afectará a los ascensores de Barcelona y otras ciudades catalanas.

Barcelona pasa a tratar como joyas patrimoniales sus ascensores ancianos

Reparación gradual

Hasta 400.000 ascensores podrían verse afectados próximamente por esta nueva normativa, publicada en el BOE el pasado 13 de abril tras aprobarse en el Consejo de Ministros, ya que es esta la cifra de elevadores de más de 30 años en España.

La suma total del coste de estas reparaciones –que, según el citado gremio, se desarrollará paulatinamente, en función del periodo habitual de inspección (cada cuatro años) y con un año de margen tras la misma– ascendería hasta los 700 millones de euros, cuantía que se deberá abonar a lo largo de los próximos siete años.