Vivienda: un derecho fundamental que no está garantizado

El acceso a la vivienda se ha convertido, durante las últimas dos décadas, en una de las preocupaciones principales de la ciudadanía y, por ende, en uno de los debates políticos más importantes. Desde la crisis de 2008, el precio del alquiler ha subido prácticamente cada año hasta situarse en cifras récord tanto en Barcelona, donde se pagaban de media 1.178 euros mensuales a finales de 2023, como en Catalunya, donde el precio medio a finales de año fue de 854 euros, según datos del Incasòl.

En una mesa redonda organizada por EL PERIÓDICO en colaboración con la Generalitat de Catalunya, varios expertos del sector se reunieron para analizar el contexto actual de la vivienda en la región, así como las medidas que se están planteando para apoyar a las familias vulnerables y las políticas que deberían plantearse para facilitar el acceso a un mercado que, Susanna Roig, la vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, definió como “salvaje”.

Además de Roig, participaron en el debate la consellera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, y el codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera. Los tres coincidieron en que la situación actual es preocupante. Según los datos aportados por la consellera, el precio del alquiler ha subido, en los últimos 10 años, un 60% de Barcelona y entre un 43% y un 46% en el conjunto de Catalunya. Todo, sin que los salarios de los ciudadanos hayan subido a esa cifra. Para Capella, “cuando alguien destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, es que algo no va bien y entonces encontramos familias en las que se deja de comer o se dejan de satisfacer otras necesidades”.

Más alquiler, menos propiedad

La consellera lamentó que “la situación actual es de emergencia y que no se garantiza un derecho que debería ser fundamental” y recordó que la especulación está muy presente. “La especulación no es ningún derecho, las leyes la prohíben y además priva a los ciudadanos de sus derechos”. Roig añadió que “solo hay alrededor de un 2% de vivienda de uso social”, mientras que en 2023 se realizaron más de 7.000 desalojos. Cifras significativas en las que no se tienen en cuenta “los desalojos invisibles, en los que el arrendador decide no renovar el contrato o, simplemente, sube demasiado el precio y, por tanto, impide su renovación”, así como a las más de 58.000 personas en situación de sinhogarismo (que viven en la calle, en alojamientos temporales, en viviendas inseguras o inadecuadas, etc.).

«Especular no es un derecho. La Constitución dice claramente que no se puede permitir y debemos perseguirla»

Ester Capella

— Consellera de Territorio de la Generalitat de Catalunya

Jaime Palomera recordó que la relación del ciudadano con la vivienda ha cambiado mucho durante las últimas décadas. “Desde los años 60, en Catalunya se ha apostado por un modelo de sociedad basado en la propiedad, jugando la vivienda un papel central en el modelo económico”, explicó. Este modelo entró en crisis en 2008 y, desde entonces, el acceso a la propiedad es “mucho más difícil”. “Se ha restringido el crédito y no para preservar a las familias, sino al sistema financiero”. Desde entonces, el incremento de los contratos de alquiler ha sido notable. “La oferta de alquiler residencial ha aumentado mucho y cada vez más gente vive de alquiler porque no puede pagar una casa”, dijo.

Este hecho provoca que la sociedad esté cada vez más polarizada. “Hay una parte de la sociedad que es propietaria o espera heredar, mientras que hay otra que no podrá comprar ni espera recibir una vivienda”, apuntó Palomera, que cifró en el 40% la población de Barcelona que vive de alquiler.

Para cerrar el retrato actual de la vivienda, Palomera aportó que “no es verdad eso que dicen algunos de que no hay oferta. La oferta no ha dejado de crecer desde 2009 con la excepción del 2020 -año del Covid-19-”. “Aquí hay una parte de la sociedad que cada vez concentra más vivienda y se forma un juego en el cual la riqueza de los propietarios es proporcional al efecto pobreza del inquilino”, añadió.

Medidas que ayudan, pero no resuelven

Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de apostar por políticas que intenten facilitar el acceso a la vivienda, medidas que no solo ayuden a pagar una mensualidad o una factura, sino que sean efectivas para cortar la especulación, regular un mercado que busca la forma de ganar grandes beneficios a través de modalidades de alquiler como el turístico o temporal y reducir un precio inasumible para el ciudadano medio.

Ester Capella argumentó que, si bien no solucionan los problemas de raíz, las medidas que ha tomado el gobierno de la Generalitat durante los últimos años no se deben menospreciar. “Tenemos medidas preventives para actuar antes de la emergència. Para ello, hay articulado un sistema de ayudas al alquiler para complementar la parte que la gente no puede pagar”. Según las cifras aportadas por la consellera, en 2023 se destinaron 152 millones a ayudas para pagar el alquiler en más de 75.000 solicitudes, un 33% más respecto al 2022. Para este año ya hay más de 113.000 solicitudes pendientes. Capella también defendió su plan de ayuda para los expedientes de impago que ya están en el juzgado -2.565 el año pasado-.

«La intervención del mercado no hace que las empresas no generen beneficios, sino que plantea que hay beneficios razonables y otros no»

Jaime Palomera

— Codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA)

Tanto Roig como Palomera admitieron el esfuerzo del ejecutivo catalán, pero también que no es suficiente. En ese sentido, Roig alegó que muchas veces existe una importante “desconexión” entre la administración y las personas que necesitan ayuda. “A veces es complejo pedir ayudas y no saben cómo hacerlo y qué deben pedir”. Desde entidades del tercer sector social, Roig lamentó que solo pueden “complementar la respuesta que dan las administraciones públicas, mediante la gestión de viviendas sociales y el acompañamiento de las personas en situación de exclusión residencial”. Palomera fue un punto más allá y recriminó que “las políticas de vivienda están orientadas a preservar el crecimiento de precios y la lógica del mercado”, aunque admitió que “son políticas hechas desde el Estado”.

Palomera lamentó que la fiscalidad española bonifique a las empresas con más de ocho propiedades con hasta un 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “Las grandes empresas pueden adquirir propiedades a precios más bajos que las familias”, dijo antes de mirar a Europa. “Los países que debemos mirar, como Suiza, Alemania o los Países Bajos, compiten con el mercado. Han visto que el precio sube y lo que hacen no es solo comprar pisos tanteando ofertas, sino también barrios enteros. Ganan terreno a las empresas”. Además, reivindicó que intervenir en el mercado no es ir en contra del mercado. “La regulación de precios y la intervención del mercado no provoca que las empresas no puedan ganarse la vida, sino que plantean que hay beneficios que son razonables y otros que no”. 

Ester Capella coincidió con Palomera en que, para llevar a cabo planes tan ambiciosos, “se debe ser un Estado. “Con las herramientas de un Estado tienes la capacidad de llevar a cabo cambios en la tributación o la fiscalidad porque el mercado, por sí solo, no se regula y, como ha demostrado el de la vivienda, se desboca”. Capella defendió el papel de la Generalitat y sus acciones y recordó que, además, “las medidas tienen fondos limitados”.

«Es necesario un pacto nacional de vivienda más allá de las vocaciones del gobierno de turno. Las políticas de vivienda son a largo plazo»

Susanna Roig

— Vicepresidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

A largo plazo, los planes de la Generalitat pasan por intentar conseguir que, en 20 años, el parque de viviendas para alquiler social crezca hasta las 275.000 viviendas, alcanzando el 10,3% del parque en las zonas tensionadas. El ritmo necesario es de aproximadamente 10.000 viviendas anuales -en 2023 se impulsaron más-, que se pueden conseguir vía promoción directa de la Generalitat a través del Incasòl, trabajando con ayuntamiento con los ayuntamientos para encontrar solares disponibles y a través de la adquisición a los grandes tenedores de viviendas. De nuevo, Capella recordó que la capacidad económica de la Generalitat es limitada y expresó su pesar porque, pese a que el esfuerzo ha sido importante “no tiene la envergadura que nos gustaría”. Desde el Tercer Sector, Roig puso en valor su trabajo en la creación de parque para uso social, con más de 10.000 viviendas en los últimos años e instó a la ciudadanía a “exigir a la clase política que hay un bien común que hay que preservar por encima de todo”.

Vivienda de uso turístico

El último punto del debate fue la proliferación de los pisos turísticos y las viviendas destinadas a un uso temporal, un modo de especular con el mercado que provoca el encarecimiento desmedido de precios y el apartamiento de viviendas del mercado residencial. Capella se refirió a esta actividad como un “fraude de ley” porque, según las normativas, ya hay establecimientos destinados al sector turístico y, por tanto, se está utilizando vivienda para actividades no previstas. “Los ayuntamientos deben realizar sus propios planes si quieren permitir la vivienda turística, pero tenemos que poner límites”, dijo la consellera, que admitió la necesidad de tener “un paraguas normativo y un régimen sancionador para los que no cumplan la ley”.

Palomera cifró en más de 20.000 viviendas turísticas las disponibles en Barcelona, más del doble de las licencias, por lo que muchas están en un mercado ilegal y fuera del mercado residencial. Además, calculó que construir nuevas viviendas sociales comporta una inversión, por unidad, de más de 150.000 euros, por lo que es más asequible analizar la actividad del parque actual y actuar sobre las malas prácticas para devolver pisos turísticos al mercado residencial.