Las comunidades, salvo Baleares, dan el visto bueno a la creación de 3.400 plazas de profesores universitarios

Continúan las negociaciones políticas para acabar con la temporalidad del profesorado universitario, que actualmente asciende al 49% frente al 12,8% de la tasa de temporalidad en el merado laboral general. La ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant, se ha vuelto a reunir esta mañana con los consejeros del ramo pero no han votado la peliaguda implicación de las autonomías en la financiación de las nuevas plazas sino que se han limitado a ratificar lo ya acordado hace tiempo: el plan gubernamental de subvencionar, a partir del curso 2024-25, 3.400 plazas de profesor ayudante doctor con 150 millones al año durante seis años. En el encuentro -en el que solo Baleares ha votado en contra- también se han aprobado los criterios objetivos para el reparto de las nuevas plazas en todas las facultades públicas en función de sus necesidades, así como la reducción horaria de los docentes.

La financiación universitaria es uno de los puntos más complicados de la ley universitaria, Losu. Desde que asumió la cartera, Morant ha recalcado que el Gobierno pone encima de la mesa la partida económica para contribuir a erradicar la temporalidad laboral de los docentes con la condición de que las autonomías -órganos competentes en educación universitaria- se comprometan a financiar el resto de plazas de profesores y profesoras hasta llegar a las 5.636, lo cual implica para las comunidades un gasto de 97 millones de euros.

Moratoria de cuatro años

En declaraciones a la prensa una vez terminado el encuentro, la ministra ha explicado que los convenios con las autonomías deberán estar listos en pocas semanas. En todo caso, las universidades gozarán de una moratoria de cuatro cursos académicos para tener listas todas las nuevas plazas y poder así reducir la temporalidad entre los docentes al 20% en lugar del 49% actual. “Las universidades se deben comprometer a estabilizar la plaza una vez hayan pasado seis años”, ha recalcado la ministra.

La excesiva temporalidad que sufren hoy los campus se debe, entre otros motivos, al abuso de la figura del profesor asociado. En teoría, son docentes que vienen del mundo de la empresa y que se limitan a “aportar conocimiento y experiencia” al alumnado compaginando su trabajo con un puñado de clases en la facultad. “Son falsos asociados”, ha criticado la ministra tras explicar que estos profesionales solo trabajan en los campus cobrando un sueldo que ronda los 600 o los 700 euros al mes frente los 2.000 euros de un profesor ayudante doctor.