El limbo de los refugiados en Catalunya: 1.500 migrantes a la espera de acceder a tarjeta sanitaria y padrón durante 9 meses

Nueve meses sin tarjeta sanitaria, ni empadronamiento. Sin poder trabajar, ni formarse. Esta es la situación en la que se encuentran una cincuentena de migrantes senegaleses que desde el pasado septiembre viven en un hotel en Reus (Baix Camp). Pero no son los únicos. La Generalitat calcula que hay más de 1.500 migrantes en Catalunya que, de media, permanecen nueve meses en el limbo del sistema estatal de protección internacional privados de los derechos más básicos, cuando solo deberían estar uno. "El problema es que el Ministerio no pone recursos suficientes y tenemos un gran colapso", insiste a EL PERIÓDICO la directora general de Migraciones de la Generalitat, Eunince Romero.

El manual de gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que coordina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece acompañamiento social, psicologico, jurídico y formación, aparte de un techo y manutención, para los solicitantes de asilo que no puedan costearse las necesidades más básicas. En cuanto tramitan su primera solicitud, estas personas ya tienen derecho a una atención básica y urgente, especialmente si se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad, por ejemplo en la calle. Es lo que les pasó a muchos refugiados que llegaron el pasado otoño a las Canarias en patera huyendo de la guerra o persecuciones en su país, aunque es ampliable también a muchos otros colectivos.

La prefase de urgencia

Esta primera atención básica, solo apta para quienes piden asilo, se conoce como 'fase 0' o 'prefase'. "En ella se lleva a cabo una primera evaluación de las necesidades básicas y urgentes", dice el manual del sistema estatal. Las entidades que colaboran de este proyecto usan alojamientos provisionales, mayoritariamente hoteles y pensiones, y estudian los casos para que puedan acceder al siguiente paso: la fase 1 o de acogida. Esta primera fase de urgencia no puede alargarse más de de 30 días naturales.

El 31 de marzo, según los datos de la Generalitat, existían 1.572 plazas ocupadas con estas características. El ministerio paga por ellas 1.702 euros al mes. Había otras 397 vacías pero disponibles. En total: 1.969 camas. En cambio, también según los datos de final de marzo, en la 'fase 1' se encontraban 2.260 plazas disponibles y solo 56 libres en Catalunya. El coste es de 1.740 euros al mes por plaza ocupada: prácticamente el mismo, aunque el servicio y acompañamiento ofrecido difiere en gran medida.

Ni médico ni padrón

Al tratarse de un alojamiento provisional para tan poco tiempo, al menos sobre el papel, las entidades encargadas de realizar esta acogida no gestionan el empadronamiento de los afectados. Tampoco tramitan tarjetas sanitarias, a excepción de que se trate de enfermos crónicos, ni pueden acceder aún a cursos formativos más allá de las primeras clases para entender el idioma. Se entiende que en pocas semanas llegarán a un centro de acogida más estable donde, como mínimo, estarán un año y medio.

Pero el problema es que este primer mes de atención más urgente se está alargando de forma excesiva. "De media, estas personas esperan nueve meses. Nos hemos encontrado casos de refugiados que han permanecido 12 meses en estas condiciones", insiste Romero, que obtiene los datos y el termómetro de la situación en el comité de acogida de personas refugiadas de la Generalitat, integrado por las entidades que participan del sistema estatal.

Según ella, especialmente en el caso de Reus, no es que el ayuntamiento no quisiera tramitar el padrón, es que a la entidad que les acoge no se le permite hacerlo. "El problema es del ministerio, que no hace las cosas bien, que tienen todo el sistema colapsado con unas consecuencias terribles", señala Romero. Fuentes del sector también apuntan que hay muchos ayuntamientos que no se lo ponen fácil, especialmente facilitando el padrón sin domicilio fijo.

Sistema centralizado

La directora general lamenta que el sistema de reconocimiento del estatus de refugiado en España dependa exclusivamente de la Oficina de Asilo y Refugio, en Madrir, que a su vez depende del Ministerio del Interior. "Se lo hemos dicho varias veces, 'descentralicen, pongan más medios: el sistema está colapsando y los solicitantes de asilo lo están pagando'", se queja. No tan solo por el lugar donde viven, también porque, al obtener la resolución, pueden trabajar o estudiar en España con plenas garantías.

Fuentes de las entidades que gestionan estas plazas explican que esta situación está dificultando las acogidas de las personas. "El tapón es que no hay plazas donde derivarles, no hay sitios suficientes, por eso se quedan durante tantos meses en esta fase a las puertas del sistema", cuenta la gestora de una oenegé especializada. "Es normal que lo vivan con frustración. No tienen a nadie ni a nada a quien agarrarse y no conocen el sistema, es demasiado tiempo así", lamenta.

A parte del caso de Reus, otras entidades confirman esta situación. "Nos hemos encontrado casos parecidos en Pineda y Masnou: hay personas que, después de estar meses en la calle en Barcelona, consiguen entrar en el plan estatal de refugiados, los envían a un hotel y, en vez de estar allí un mes, se pueden tirar medio año", explica Maria Creixell, de la coordinadora Obrim Fronteres. Aunque no les corresponde, Creixell asume que han ayudado a varios solicitantes de asilo a tramitar la tarjeta sanitaria: "Nos preguntan a nosotros cómo se hace porque en la mayoría de estos hoteles los educacores o referentes de las entidades solo vienen un día a la semana", sigue la activista.

Inserción laboral

Con el padrón es más complicado. "Lo estamos intentando, aunque no tienen ningún documento que haga constar que viven en los hoteles", cuenta. Una decisión que critica con firmeza. "No tiene ningún sentido no respetar sus derechos si saben que hay esta espera, como tampoco tiene ningún sentido que no puedan empezar a formarse. ¿Qué inserción laboral tendrán, si no?", se pregunta Creixell.

Para Creixell, la solución pasa por que, si se sobrepasa el mes de limbo en la 'fase cero', se permita iniciar los trámites como si estuvieran en la segunda fase. Romero reclama más medios y que se transfieran las competencias a Catalunya, como ya establecen varias sentencias del Tribunal Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo