Càritas Barcelona, al límite: "Nos pasamos el día diciendo a gente que no podemos ayudarles"

Una de las mayores entidades sociales en Barcelona, Càritas Diocesana, advierte de que ha llegado al colapso. "Nos pasamos el día diciendo a la gente que no podemo ayudarles", ha sostenido el director de la entidad, Eduard Sala, este miércoles en una rueda de prensa en la que han presentado su memoria anual. En 2023, junto a todas las parroquias de la diócesis, atendieron a 100.848 personas, en el territorio que abarca desde Cornellà (Baix Llobregat) hasta Caldes d'Estrac (Maresme). Se trata de un volumen casi idéntico al del año anterior, con un aumento del 1%. "No crecemos más porque hemos tocado techo, no porque no naya necesidad. Estamos en un naufragio y nuestra barquita está llena, la gente se sigue ahogando a nuestro alrededor", ha explicado Sala, que ha pedido más recursos y decisión política a las administraciones. "Estamos haciendo su trabajo", ha insistido.

La pobreza se cronifica en Catalunya: un 25% de la población está en riesgo de exclusión

De hecho, los datos más relevantes de la presentación de esta mañana no salen en la memoria. Son los que muestran cómo la entidad se ve obligada a negar la ayuda social por falta de medios. En 2023, facilitaron 2,4 millones de euros a ayudas directas para 4.420 personas. Un dinero que los afectados usaron para hacer frente a los pagos del alquiler, la factura de la luz o la alimentación. "Pero son 100.000 los que nos han llamado para pedir ayuda. Nos pasamos el día diciendo que no", insiste Sala. Otro dato: el 70% de los atendidos en Càritas necesitan una vivienda. La mitad malviven en habitaciones realquiladas. "Solo tenemos 2.000 plazas, necesitaríamos 70.000 más para atenderlos a todos los que lo necesitan", ha añadido el director de Càritas en Barcelona, consciente de que asumen el papel que las administraciones no hacen. "Estamos poniendo tiritas".

Fatiga en las donaciones

Y mientras tanto, los fondos de la entidad bajan. Han caído un 12% los donativos de empresas. Y la administración solo aporta uno de cada cuatro euros. "Hay un efecto fatiga en mucha población. En un primer momento, con las crisis, aflora una sensación de impotencia y recibimos muchas aportaciones. Ahora necesitamos que la gente se comprometa", ha insistido Sala. Si la situación no cambia, Càritas apuesta por modificar su manera de trabajar. Construir centros polivalentes donde se puedan hacer actividades, donde la gente se relacione y puedan ayudarse mutuamente, lejos de aportar una respuesta intensiva y con recursos para cada familia. "Necesitamos flotadores para el máximo de gente", ha expresado Sala.

"Estamos en un naufragio y nuestra barquita está llena, la gente se sigue ahogando a nuestro alrededor", ha explicado Sala"

— Eduard Sala. Director de Càritas Barcelona

Este panorama se explica por la coyuntura actual: la pobreza se ha cronificado, los precios del alquiler imposibilitan a muchas familias llegar a final de mes y la precariedad laboral tampoco ayuda. El 14% de los usuarios de Càritas tienen un contrato de empleo: son trabajadores pobres. Más de 20.000 personas viven en habitaciones realquiladas. "No podemos usar la cocina, y para lavar la ropa tenemos que pagar", explica Caterina, madre de un bebé: con su marido, viven en una habitación. "El niño necesita espacio para jugar, para sentir que está como en una casa. Le tenemos que bañar en brazos, no sabe lo que es disfrutar del agua", sigue la mujer, que participa de un grupo de apoyo de la entidad. "Viven con la inseguridad constante de que les pueden echar, de no poder cocinar ni ir al baño, de vivir con miedo, con desconocidos... Está claro que todo esto afecta al bienestar", ha apuntado Míriam Feu, responsable de análisis social e incidencia.

Exclusión en el padrón

Las personas que viven en habitaciones realquiladas deben afrontar otro problema: el padrón. "Con excepción del ayuntamiento de Barcelona, un grueso de municipios dificultan el acceso del padrón de estas personas", ha explicado Elisabet Ureña, responsable del programa de asesoría jurídica. "Se están limitando su acceso a la sanidad pública, hay dificultades para acceder a la escuela. Hay niños que han tenido que esperar seis meses para ir a matricularse... Estamos batallando para que tengan los derechos que les tocan", se ha quejado Ureña. Una situación que afecta especialmente las personas migrantes: sin el padrón es imposible regularizar su situación legal. El 51% de los atendidos se encontraban en situación administrativa irregular.

La entidad pide medidas a la administración. Sobre todo, estabilidad y consensos para reducir la pobreza. Para Càritas, es clave atacar el problema de la vivienda. Por ejemplo, ampliando hasta el 15% la destinada a alquiler social, que se ofrezca una alternativa de emergencia sin demoras (actualmente puede superar los dos años) y garantizar las ayudas para el pago del alquiler. También reclaman que se acabe con la cita previa o 'on line' con la administración, que se atienda a todas las personas independientemente de su situación documental y que los ayuntamientos apliquen la modalidad de empadronamiento sin domicilio fijo.