Sucesos

Prisión para miembros de una banda que desocupaba ilegalmente a inquilinos de sus viviendas por toda Catalunya con amenazas y agresiones

Hay 16 detenidos, de los que 2 ingresaron en prisión, que actuaban bajo el amparo de un despacho de abogados para coaccionar a las víctimas tras ser contratados por el propietario del inmueble

Más de 300 personas acuden a desokupar una vivienda en Valencia con fuerte presencia de la Guardia Civil

Armas encontradas por los Mossos

Mossos

Germán González

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a 16 personas, de entre 27 y 59 años, e investiga a otras 11 por pertenecer presuntamente a una banda que realizó desahucios extrajudiciales por toda Catalunya. Los sospechosos se ubicaban en la zona de Tarragona y se anunciaba por internet como Antiokupa Tárraco, una empresa de mediación bajo el amparo de un despacho de abogados para dar apariencia de legalidad a sus actuaciones. Los propietarios los contrataban para desalojar inquilinos y los detenidos, presuntamente, usaban métodos expeditivos para hacerlo, pese a que en algunos casos tenían contrato de alquiler en vigor.

Están acusados de cometer más de 60 desahucios extrajudiciales en toda Catalunya usando la violencia. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, empezó en septiembre pasado cuando los Mossos conocieron las actuaciones de esta empresas de desocupas. Señalan que se trata de una banda jerarquizada que recibía dinero a cambio de expulsar a personas de sus domicilios usando métodos violentos. Los agentes remarcan que algunas víctimas eran familias en situación de vulnerabilidad económica, y otras tenían contratos de alquiler vigentes.

Caso Mediere fotos

Caso Mediere fotos / Mossos d'esquadra

Según los investigadores, los sospechosos tenían una empresa que ofrecía un servicio de mediación para desahuciar inquilinos y no dudaban en usar extorsiones, daños, y acosos con violencia hasta conseguirlo. Además, indican que algunos de los detenidos eran "especialmente violentos" contra algunas víctimas por su origen étnico o racial, por lo que creen que actuaban movidos por odio y discriminación 

La policía señala que la banda ofrecía una serie de acuerdos para abandonar el domicilio voluntariamente. En caso de no hacerlo, iniciaba acciones delictivas para echar a los inquilinos, como visitas amenazantes y llamadas telefónicas, algunas nocturnas, cortes de los suministros básicos o desperfectos en los inmuebles Si tampoco lo conseguían incrementaban la violencia con lesiones graves a los inquilinos, denuncias falsas en varios organismos públicos, allanamientos de morada o robos con fuerza en interiores de viviendas. 

Algunos de los episodios más graves ocurrieron en presencia de menores, según los agentes que remarcan que varias víctimas necesitaron atención psicológica. Cinco de los 16 detenidos tienen antecedentes coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o salud pública. 

Caso Mediere fotos

Caso Mediere fotos / Mossos d'esquadra

El pasado 15 de mayo los agentes detuvieron a los sospechosos en L'Hospitalet de l'Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona y registraron sus domicilios. Allí intervinieron dos pistolas, armas prohibidas, documentación, elevadas cantidades de dinero y material con simbología de la empresa. 

Entre los arrestados hay el propietario del bufete de abogados que daba cobertura a la banda y que era socio de la empresa de mediación junto con el líder de la organización. Además, los investigadores han detectado que algunos clientes participaban activamente de las coacciones y conocían los métodos expeditivos empleados, por lo que están acusados de complicidad.

Los Mossos les atribuyen 60 actuaciones delictivas en toda Catalunya. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Quitar niños o perros

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus, en funciones de guardia, recibió a 8 de los detenidos acusados de estas desocupaciones extrajudiciales y ordenó prisión provisional para dos de ellos y libertad provisional para los otros seis, que deben estar a disposición del juzgado siempre que sean requeridos.

La causa está abierta por los delitos de lesiones, allanamiento, daños, coacciones, robos con fuerza y violencia, acoso, amenazas, incitación al odio, revelación de secretos, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal

El auto judicial indica que Antiokupa Tarraco "son una organización criminal que utiliza la fuerza y la violencia –coacciones, amenazas, violación de domicilio, robo con fuerza, lesiones, daños, hostigamiento, etc.- para conseguir sus objetivos, principalmente el desalojo extra judicial de los domicilios, con una finalidad última de conseguir unos beneficios económicos" y remarca que "siguen una estrategia para conseguir sus objetivos, se trata de ir subiendo la intensidad del acoso hacia las víctimas".

En este sentido, una de las víctimas "declaró que tenía conocimiento que miembros del grupo Antiokupa Tárraco habían pedido información sobre él a través de chat del programa de mensajería WhatsApp formado por gente vinculada al entorno de los gimnasios y formado por vigilantes de seguridad y controladores de accesos". El juzgado añade que los sospechosos seguían a los inquilinos para atacarlos o destrozarlos el coche, además de romper con hachas puertas de acceso a viviendas o inutilizar cerraduras.

Algunas víctimas denuncian que los acusados presuntamente se hicieron pasar por policías en las amenazas telefónicas y aladen que entraban en las viviendas a agredir a sus inquilinos o robarlos objetos cuando no estaban. A uno de ellos le sustrajeron a su perro a uno de ellos y decirle que si lo quería recuperar debia irse del piso miuentras que a otra mujer le quitaron de los brazos a su hija cuando salía del inmueble "llevándosela a una distancia suficiente, forzando a la denunciante a no poder cerrar la puerta del inmueble y aprovechando este momento para entrar ellos y no dejarla volver a acceder".