Archivada la causa contra una residencia de Palau Solità i Plegamans donde murieron 50 ancianos por el covid

El Juzgado de Intrucción número 3 de Sabadell ha archivado el proceso judicial contra los responsables de la Residencia Palau, ubicada en el municipio de Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental) donde, entre los meses de marzo y abril de 2020, la primera ola de la pandemia, murieron 50 ancianos. La jueza destaca que el informe médico forense llega a la conclusión de que no hubo "abandono" de los residentes, que estos fueron visitados con regularidad y que las medidas terapéuticas "no pueden considerarse anómalas, ni apartadas de la práctica médica".

La causa se inició a raíz de la denuncia de familiares de algunos ancianos, a los que se les sumó la fiscalía, tras recibir un informe encargado a los Mossos. Los agentes sostuvieron, entre otros extremos, que la alta mortalidad en el centro tenía su origen en la "ineficiencia" e "imprudencia reiterada" en el tiempo en la práctica de las medidas de prevención y control del covid. De ahí que figuraran como imputados el director de la residencia, el médico y el legal representante de la entidad por la presunta comisión de los delitos de abandono de persona necesitada de especial protección, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y falsedad.

La jueza Patricia Brotons Carrasco señala en su auto de archivo que, aparte del citado informe médico forense, "no se aprecia un incumplimiento deliberado o imprudente de las normas sanitarias que se emitían por los distintos órganos" competentes, así como tampoco "una dejación de asistencia de sus residentes", pese a "intuirse una situación de gran complejidad en la gestión, propia de la situación epidémica que se vivía".

El aislamiento

Para la togada, tampoco se ha constatado un "inadecuado" aislamiento de los pacientes en la fase inicial de la pandemia, pues, además, los residentes fallecidos ocupaban todos distintas ubicaciones dentro del centro. Estas circunstancias lleva a pensar a la jueza que el origen de la propagación de la enfermedad estuvo en las visitas externas recibidas el día antes de cerrarse la residencia a los familiares.

La resolución subraya que los ancianos no dejaron de recibir asistencia y la que se les dio "se estima acorde a su situación". Rechaza también que no se hubieran tramitado las peticiones de ingresos hospitalarios cuando era conveniente. Sobre la falta de información o descoordinación en la transmisión de la información a las familias, "si bien se comprende la angustia que ello originó, no constituye ilícito penal".