Servicios sociales
Catalunya contratará un centenar de personas para atender la gestión del Ingreso Mínimo
Campuzano admite que les ha "costado" conseguir el traspaso "en los mismos términos" en los que se concedió con anterioridad al País Vasco y a Navarra
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El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS
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EFE
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Catalunya prevé contratar a un centenar de personas para atender la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras cerrarse el convenio del Govern con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y prevé asumir esta prestación definitivamente a finales de este año.
Así lo ha anunciado en declaraciones a EFE el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que ha admitido que les ha "costado" conseguir el traspaso "en los mismos términos" en los que se concedió con anterioridad al País Vasco y a Navarra.
"La parte más técnica está ya cerrada y ahora quedan trámites administrativos", ha explicado el conseller, que ha reconocido que la gestión del IMV "no será un reto fácil".
"Infierno burocrático"
Con el traspaso, Campuzano confía en que se acabe el "infierno burocrático" de las personas vulnerables a la hora de tramitar el IMV, que concede el Gobierno, y la Renta Garantizada de Ciudadanía, que otorga la Generalitat, ya que se debían hacer trámites separados.
Ahora, la intención de la Generalitat es que la documentación para las dos prestaciones sociales se pueda presentar de forma presencial o telemática a través de una única ventanilla.
¿Cómo solicitarlo?
El IMV se tiene que solicitar actualmente por canales telemáticos, a través de un número 900 o enviar la documentación por correo ordinario.
Según datos de 2023 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la cobertura del Ingreso Mínimo Vital es desigual en España y hay comunidades que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza, como Catalunya, donde sólo llega al 14,5 % de la población que la necesitaría.
La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 171 euros y de 491 euros por hogar.
Campuzano teme que, con el traspaso, aparezcan expedientes en trámite que no se han resuelto, como ya sucedió en Navarra, con unos 4.000, y de ahí la necesidad de contratar a más personal para hacer frente al previsible incremento de solicitudes y a la posible aparición de otras no resueltas. EFE.
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