El empadronamiento español, un sistema único en la UE para garantizar necesidades básicas

Hace ya un mes desde que EL PERIÓDICO publicó la información sobre las dificultades que el Ayuntamiento de Ripoll, con Sílvia Orriols al frente, está poniendo a los migrantes que quieren empadronarse en el municipio. Le siguieron las reacciones del Gobierno y de la Sindicatura de Greuges pidiendo explicaciones y estudiando el caso. 

Regularizar la situación de estos inmigrantes depende del Gobierno, pero a la vez los municipios son los que tienen que actuar en primera instancia, ya que están obligados a garantizar las necesidades básicas a los residentes de su pueblo o ciudad, registrándolos en el padrón, independientemente de su situación administrativa. Así consta en el artículo 6 de la Ley de extranjería, en el artículo 15 de la Ley reguladora de las bases del régimen local y en el artículo 54 del Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. 

Además, en Catalunya el artículo 11 de la Ley de igualdad de trato y no discriminación puntualiza que no puede haber “ninguna discriminación para las personas migrantes en situación administrativa irregular o para otros colectivos vulnerables".

La obligación legal que tienen los municipios de atender a los residentes de sus localidades no es exclusiva de España, sino que existe en países de toda la Unión Europea. La diferencia está en cómo se lleva a cabo. “España es única en la UE, en relación con el padrón”, ya que el empadronamiento funciona igual para todos los residentes, según señala la directora de la Plataforma de Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), Michele LeVoy, en conversación con Verificat. 

Sin embargo, en otros países los municipios han encontrado fórmulas para garantizar las necesidades básicas de los inmigrantes en situación irregular —distintas a las vías que tienen los residentes legales—. En Bélgica, por ejemplo, son los servicios sociales los que dan acceso a las personas en situación irregular a la “asistencia médica de emergencia” de forma gratuita, que a pesar de su nombre, no es solo para casos urgentes. En Italia existe el “código de residencia temporal de extranjeros”, válido por seis meses, que permite acceder a servicios médicos y puede ir acompañado de una declaración de “situación de pobreza” que exime de realizar copagos. 

Tendencia a restringir derechos en los últimos años

Si ponemos los derechos a la asistencia sanitaria y a la educación en el mapa europeo, estos varían en función del país. Y, aunque es cierto que hay una “normalidad de un nivel de derechos”, estos suelen ser “a un nivel muy bajo”, según concluía un informe realizado por el Centro de investigación de Migración, Políticas y Sociedad (COMPAS) de la Universidad de Oxford en 2015. 

En todos los estados miembro de la Unión Europea —entonces 28—, los inmigrantes irregulares tenían derecho a asistencia sanitaria de urgencia y en 10 también podían acceder a atención primaria y especialistas, según este informe. Un hecho que justamente cambió en España en 2018 con el Real Decreto-ley de acceso universal a la sanidad, que equiparó la atención sanitaria de los “extranjeros no registrados” a la de los residentes.

En cuanto al derecho a escolarización, según la investigación del COMPAS, en 23 de los 28 países de la UE en 2015, los niños en situación irregular tenían derecho a asistir a la escuela. Se les negaba el acceso en Bulgaria, Finlandia, Hungría, Lituania y Letonia. 

En los casos en los que sí que existía este derecho, la mayoría de veces este era “implícito en un derecho de asistencia para todos los niños”, mientras que en diez países se incluía “una referencia específica a los derechos de los niños en situación irregular” en la legislación, según el resumen del informe.

A pesar de que no hay estudios comparativos más recientes, Michele LeVoy, del PICUM, detalla a Verificat que “no ha habido necesariamente cambios en las legislaciones nacionales” en los últimos años, pero sí una “tendencia” a restringir y a dificultar el acceso de las personas en situación irregular a estos derechos. “La norma es de exclusión”, según también apunta la investigadora Sarah Spencer en el capítulo 10 del libro Migrantes en situación irregular en Europa.

“Cortafuegos”: poder acceder a servicios básicos sin miedo al arresto

La responsabilidad de los municipios de ofrecer servicios a sus residentes puede entrar en conflicto con otros deberes, como informar de las personas en situación irregular a la policía. La separación entre las actividades públicas de control de la inmigración y la prestación de servicios se conoce como “cortafuegos”, según recoge una guía del COMPAS dirigida a autoridades municipales. Es decir, son mecanismos para “garantizar que las personas no se vean disuadidas de acceder a servicios esenciales por temor a que hacerlo pueda conducir a su arresto y deportación”.

En Ámsterdam, por ejemplo, se implementó la política conocida como “free in, free out”, ahora aplicable en todo el país, que permite a las víctimas o testigos de delitos presentar denuncias sin tener que hacer referencia a su situación administrativa. Otro caso de cortafuegos es el de Barcelona, donde existe la posibilidad de empadronarse sin domicilio fijo a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, sin que estos datos se crucen con los de la policía.

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