El Govern rechaza el uso de aerosoles en las prisiones catalanas tras recibir informes negativos

La Conselleria de Justícia ha descartado la utilización de aerosoles en las cárceles catalanas como medida para contener situaciones violentas que implicaran un riesgo para la integridad de los funcionarios o de los mismos reclusos, según han confirmado fuentes de este departamento a EL PERIÓDICO. El Gobierno catalán ha rechazado el empleo de estos espráis después de haber llevado a cabo un prueba, de valorar un protocolo que demostraba que su aplicación era "muy compleja" y de estudiar los informes jurídicos y de salud encargados a tal efecto. La negativa a esta medida se ha decidido "para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores de las cárceles y de los internos, así como para garantizar sus derechos", según las mismas fuentes.

Más del 60% de los presos catalanes sufren trastornos de salud mental

El uso de aerosoles en los centros penitenciarios es desde hace tiempo una reivindicación de los sindicatos de funcionarios de prisiones. El pasado mayo, por un acuerdo entre los representantes de estos trabajadores y la Conselleria de Justícia, el departamento se comprometió a efectuar una prueba piloto sobre el empleo de estos pulverizadores, una medida fuertemente criticada por entidades defensoras de los derechos humanos. De hecho, el Comité Europeo por la Prevención de la Tortura ya había alertado de sus efectos nocivos y ha subrayado que, en todo caso, las instrucciones de uso han de incluir expresamente que no se pueden utilizar en espacios cerrados. Además, existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo considera un trato inhumano y degradante.

No se autoriza el uso para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores de las cárceles y de los internos", según Justícia

Una decena de asociaciones han mostrado su preocupación porque "las reivindicaciones sindicales de índole laboral en el sistema de prisiones de Catalunya se mezclen con decisiones estructurales sobre las prisiones que afectan a los derechos fundamentales" y la “deriva que se está produciendo con la incorporación de medios de uso de la fuerza en el ámbito penitenciario”. También advierten de que los aerosoles de defensa "han generado en otros países incluso la muerte de personas privadas de libertad, siendo especialmente peligroso para personas con problemas cardiorrespiratorios".

La Conselleria de Justícia ha desestimado su uso, pero el sindicato de prisiones de UGT ya ha respondido a esa decisión asegurando, a través de un comunicado, que se trata de "un error histórico", ya que consideran que el empleo de espráis se "circunscribe exclusivamente a situaciones muy puntuales, de alto riesgo y con alta complejidad de intervención". El sindicato califica los supuestos efectos perjudiciales, si se produjeran, de "daños colaterales aceptables ante una potencial agresión".

Cámaras unipersonales

La Generalitat ya ha empezado a implementar otros compromisos que adquirió con los sindicatos para mejorar la seguridad en las cárceles. Por ejemplo, en Quatre Camins (Roca del Vallés) y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) se han desarrollado ya dos pruebas piloto de uso de cámaras portátiles unipersonales por parte de los funcionarios de prisiones. Estos ensayos tuvieron una duración de ocho semanas consecutivas, de lunes a domingo: se iniciaron el 4 y 5 de julio de este año y finalizaron el 20 y 31 de agosto. Previamente a estas pruebas, el departamento dictó un decreto para el desarrollo de esta iniciativa y el protocolo sobre la utilización de estas cámaras.

111 profesionales extras empezarán a trabajar en las cárceles para prevenir suicidios, autolesiones y gestionar conflictos

El refuerzo de las medidas de seguridad está enmarcado en varios ejes de actuación. Uno de ellos atañe a la organización de los centros. En este sentido, la Generalitat se comprometió en marzo a definir un modelo de celdas de seguridad reforzado en los departamentos especiales de régimen cerrado, donde se aísla a los presos conflictivos y violentos, y a revisar y adecuar esas instalaciones para impedir que los internos puedan utilizar alguno de los sus elementos para perpetrar una agresión.

Además, en marzo se acordó un incremento de la plantilla de 350 efectivos y en octubre, la Conselleria de Justícia anunció la incorporación extra este enero de otros 111 profesionales que permitirán desplegar actuaciones concretas en materia de prevención no solo de suicidios, sino también de conductas autolesivas de los reclusos y la gestión de conflictos para evitar agresiones a los funcionarios. El departamento, asimismo, ha abierto la puerta a negociar un nuevo convenio colectivo de los trabajadores penitenciarios. El último se remonta a 2001. "Este proceso es una oportunidad de mejorar la calidad del sistema penitenciario", apuntan desde Justícia.

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