La justicia ralentiza la investigación por el trato de favor a la cementera de Montcada

La investigación judicial por el presunto trato de favor de la Generalitat a la cementera de Montcada i Reixac está al ralentí. El abogado que defiende los intereses de la empresa que gestiona esta instalación, LafargeHolcim España, solicitó la suspensión de la declaración del representante de esta compañía, que figura como imputada, y del también encausado Emili Dragone, que era jefe de servicios de prevención de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climátic. El juez instructor ha acordado señalar estos dos interrogatorios para el 19 de abril de 2024, puesto que el abogado de la defensa tenía un juicio en la Audiencia Nacional durante varias semanas.

Por lo tanto, cuando se produzcan las dos comparecencias en el juzgado habrá pasado casi un año desde que la fiscalía presentara la denuncia por presunto delito contra el medio ambiente.

"La cementera nos ha envenenado": vecinos de Montcada exigen que la fábrica cierre "de una vez"

Las diligencias judiciales las impulsó primero la Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, que en enero de este 2023 presentó una querella contra la Generalitat y la empresa gestora de la cementera por un delito continuado de prevaricación y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. Meses después, en mayo, se unió la denuncia firmada por el fiscal Toni Pelegrín. Ambas acciones judiciales fueron a parar al Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona.

Los farragosos trámites procesales se alargaron en el tiempo (primero los vecinos tuvieron que ratificar la querella), hasta que el magistrado citó a los dos imputados para este mes de noviembre. Pero los interrogatorios no se practicaron, a petición de la defensa de la empresa, y el juez las aplazó hasta abril de 2024. Primero, acudirán ante el juez el representante legal de Lafarge y Dragone y días después, exaltos cargos de la Conselleria d’Acció Climática.

Además de estas comparecencias en el juzgado, la fiscalía también instó al juez a requerir a la Generalitat el expediente administrativo completo de la última autorización ambiental otorgada a la empresa Lafarge a partir de 2021, así como cualquier modificación otorgada a esa actividad desde 2016.

Permisos nulos

La acusación pública sostiene que el Ejecutivo catalán otorgó las licencias de actividad en base a los permisos que desde 2015 habían sido declarados nulos en varias sentencias. La denuncia de la fiscalía se produjo después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anulara en varias ocasiones, desde 2013 a 2019, la autorización ambiental de la Generalitat. Los jueces argumentaron que la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue publicitada para que los afectados pudieran formular alegaciones sobre su contenido.

Según la fiscalía, el imputado Emili Dragone, que era jefe de servicio, a pesar de conocer las resoluciones de nulidad, propuso, “sin más”, la publicación del permiso en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en lugar de iniciar un nuevo procedimiento. El Govern de entonces, distinto al actual, otorgó en 2015 una nueva autorización a la cementera. Un permiso, asegura la acusación, obsoleto. Además, en ese periodo de tiempo la empresa había experimentado modificaciones en su actividad y se habían dictado reglamentos y disposiciones que no se tuvieron en cuenta. Por lo tanto, a su entender, la declaración de impacto ambiental "no se ajustaba a las normas ambientales ya vigentes cuando se concedió las nuevas licencia.

El culebrón judicial siguió y en 2019, el TSJC apreció “flagrantes” incumplimientos, conocidos “en todo momento por el denunciado” (Dragone) y volvió a declarar nula la autorización ambiental de noviembre del 2015 concedida por la Generalitat, una decisión que también fue confirmada por el Tribunal Supremo. Durante este 2023, la empresa obtuvo una nueva autorización. La cementera continúa produciendo cemento y actuando también como incineradora, lo que, según la denuncia de la asociación de vecinos del barrio de Can Sant Joan, provoca la emisión de polvo y partículas. 

Suscríbete para seguir leyendo