Educación en Catalunya

Todos los centros educativos catalanes deberán tener regulado el uso del móvil el próximo curso

El 12% de los institutos que ya regulan el uso del 'smartphone' lo dejan consultar en el patio

El Govern anuncia un marco regulador del uso del móvil en las escuelas en el plazo de "unos meses"

El movimiento 'Adolescencia sin móvil' se extiende por España: "Que el niño sin teléfono no sea el raro"

Alumnos de ESO con portátiles y móviles encima del pupitre, el curso pasado en un instituto catalán.

Alumnos de ESO con portátiles y móviles encima del pupitre, el curso pasado en un instituto catalán. / ZOWY VOETEN

Helena López

Helena López

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El problema no es nuevo. La preocupación en los institutos por el uso de los teléfonos móviles por parte del alumnado no empieza este curso ni el pasado. Lo que ha cambiado, y de qué manera, es que ha pasado de ser una cuestión (más) que cada centro gestionaba como podía (y consideraba), de puertas hacia adentro, casi como una cuestión privada, a situarse en un tema central en el debate público: ¿qué estamos haciendo, como sociedad, ante un problema de salud pública? ¿En qué momento se consideró ‘normal’ dar un ‘smartphone’ a un niño de 12 años? A partir de este jueves, además, hay un compromiso del Govern sobre la mesa y una fecha: el curso 24-25 todos los centros educativos catalanes deberán tener regulado el uso del teléfono móvil.

El curso 23-24 empezaba el 6 de septiembre con una noticia que destacaba sobre el resto: cada vez eran más los centros que, desbordados, habían decidido declararse espacios libros de móviles. Los carteles de "apaga tu móvil, enciende tu mente" -en mil variables distintas- forman parte hoy por hoy del paisaje habitual en los pasillos de numerosos centros, que han decidido actuar sin esperar ninguna consigna, al encontrarse frente a una situación insostenible, sobre todo entre clases y en los pasillos, pero no solo. EL PERIÓDICO ya explicó hace unos meses cómo era habitual ver directos de TikTok desde dentro de las propias aulas, en plena clase.

El proceso participativo para fijar un marco regulador empieza ahora y culminará el 12 de diciembre, cuando el Consell Escolar apruebe un informe que remitirá a Educació

Una decisión que cada instituto tomó acogiéndose a la autonomía de centro, siguiendo su intuición -y conscientes de que "aquello había que pararlo"- pero sin un marco regulador claro.

La consellera de Educación, Anna Simó, contraria a la prohibición y partidaria de educar en el uso de la tecnología, ha insistido siempre en que la regulación del móvil en las escuelas no podía bajar desde su despacho, sino que debía debatirse "desde abajo", algo que de hecho ya había sucedido sin ninguna tutela del Deparament: un 53% de centros educativos ya tienen regulado el uso de estos dispositivos e incluido en las Normas de Funcionamiento de Centro (NOFC).

En las últimas semanas, el clamor a nivel de familias contra el uso de los móviles por parte de los menores ha llevado a dar un paso más. El propio president, Pere Aragonès, se comprometió el miércoles en el Parlament a tener listo un marco regulador en en plazo de unos meses. Y este mismo jueves, el secretario de Transformación Educativa de la conselleria, Ignasi Garcia Plata, y el presidente del Consell Escolar de Catalunya (CEC), Jesús Vinyes, han presentado los resultados de una encuesta hecha el último trimestre del curso pasado en los centros para tener una "radiografía clara" del punto en el que estamos. Los datos de este sondeo servirán ahora para empezar a sentar las bases de ese "marco regulador común" que ha de permitir, según ha anunciado Plata, que a partir del curso próximo todos los centros catalanes tengan aprobada una normativa de uso de los teléfonos móviles y que esta quede recogida en su normativa interna.

El 26,24% de los centros que ya regulan el uso del móvil no permiten a su alumnado llevarlo a clase

Los datos de la citada encuesta señalan que el 12% de los centros que ya regulan de alguna manera uso del móvil [el 53% del total] lo dejan consultar en el patio (que no lo hagan es una de las grandes reivindicaciones de las familias organizadas contra el abuso del uso de este dispositivo, que no entienden cómo puede estar permitido que los niños jueguen a 'Animal Crossing' en el patio del colegio). La realidad es aún más compleja de lo que parece.

Un ejemplo es el caso del IE El Til·ler, en el barrio del Bon Pastor, en Barcelona, cuya dirección decidió volver a permitir el uso del móvil en el patio (solo a la hora del recreo, con el compromiso de guardarlo al regresar a clase) porque llegaron a la conclusión de que, para su alumnado, era "una necesidad". "Para ellos salir a ver si les han puesto un 'like' es tan necesario como salir a beber agua", resumía hace pocos días en una entrevista en este diario su directora, Domi Viñas.

La encuesta, que respondieron un 85,7% de los centros, apunta también que el 26,24% de los que ya regulan el uso del móvil no permite a su alumnado llevarlo a clase. Un 66,9% del 53% que ya regula este dispositivo permite "su uso puntual en clase a criterio de los docentes", algo que encaja mucho en la política del Departament. Llama la atención que el 3,08% de los centros que regulan permiten su uso libre.

El debate

Vinyes ha dado detalles sobre cómo se vehiculará el proceso participativo. Participarán desde la junta de direcciones [cuyo debate se ha realizado este jueves] hasta los consejos escolares locales [el de Barcelona se celebra también este jueves], asociaciones de familias y los propios alumnos. El Consell Escolar de Catalunya ha convocado ya reuniones específicas con sindicatos, familias y alumnos la próxima semana. A partir de las opiniones recogidas en todos estos debates, el Consell Escolar elaborará un informe que se aprobará en un pleno extraordinario convocado para el próximo 12 de diciembre.

A partir de ahí y siguiendo esas recomendaciones, el Departament d'Educació elaborará el marco regulador e instará a todos los centros a elaborar su propia regulación -que deberá aprobar el consejo escolar de cada escuela- y recogerla en sus normas de funcionamiento. Este proceso deberá concluir antes de que finalice este curso, con el objetivo de que el curso que viene todos los centros tengan ya la cuestión regulada.