Plan del Govern
Catalunya abrirá centros para acoger caballos decomisados por delitos de bienestar animal
La ley de bienestar animal no sancionará por dejar a los perros atados o en el interior de autocaravanas y furgonetas camper
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Algunos de los caballos decomisados, en un centro de recuperación. / ACN
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EFE
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Catalunya tendrá de centros para tratar a caballos, y équidos en general, que hayan sido decomisados por razones de bienestar animal, lo que ordenará y mejorará la recepción de esos animales, ya que hasta ahora no siempre había espacios disponibles para acogerlos. Según ha informado este viernes la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, cada dos años la Generalitat lanzará un concurso público para escoger un centro de acogida para que se haga cargo de los animales decomisados. El presupuesto para la entidad ganadora será de cerca de 100.000 euros al año.
En los últimos seis años, se han decomisado 87 caballos, la mayoría por la imposibilidad de los propietarios de mantenerlos en condiciones
Los centros deberán proporcionar a cada animal servicios de transporte, custodia, alimentación, asistencia técnica veterinaria y suministro de productos farmacéuticos y sanitarios durante seis meses, antes de buscar a alguien que los adopte. El primer centro, ubicado en el entorno metropolitano, ya está en marcha.
En los últimos seis años, se han decomisado 87 équidos en Catalunya, dentro del protocolo del Govern para gestionar abandonos o condiciones inadecuadas para el bienestar animal. El número de caballos decomisados a sus propietarios se ha doblado en los últimos años. Hasta 2020 se comisaban una docena, de media, y a partir de 2021 la cifra ha ido en aumento hasta situar la media en 25 anuales. Buena parte de las actuaciones, apunta la conselleria, se producen por la imposibilidad de los propietarios de mantener los animales en unas mínimas condiciones.
Si en una inspección los agentes se encuentran, por ejemplo, con animales desnutridos o enfermos que no reciben la atención veterinaria necesaria, piden a los propietarios tomar medidas y que, en caso de que a estos les sea imposible, se les instará a ceder los animales a entidades de protección animal o a otros particulares.
Cuando la Administración no consigue el compromiso de los propietarios para garantizar el bienestar de los caballos procede a decomisar los animales, haciéndose cargo de los costes del transporte, la revisión veterinaria, las curas y la alimentación durante seis meses.
Cada vez que la Administración se hace cargo de un caballo, puede haber una sanción para sus antiguos propietarios por incumplir la ley de bienestar animal, con multas de entre 600 y 6.000 euros, o incluso más en los casos más graves.
Actualmente, el Govern ha reforzado las inspecciones de instalaciones de caballos, ante un aumento de casos de caballos abandonados en los últimos años.
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