La jueza detecta "maltrato sistemático de los animales" en una red de tráfico ilegal de perros en Barcelona

"Se han obtenido indicios de la existencia de una organización criminal basada en el maltrato sistemático de animales con los que se comercializa incumpliendo las más elementales condiciones del bien animal". Una jueza de Barcelona, Maria Àngeles Falip, incluye esta contundente expresión en el auto de prisión, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del único miembro encarcelado de la trama de tráfico ilegal de perros y gatos desarticulada el pasado 20 de septiembre y que actuaba en Catalunya y Madrid. En el operativo participaron más de 100 agentes de los Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil. La red llegó a utilizar un entramado societario con testaferros y personas interpuestas para ocultar la actividad presuntamente ilícita.

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La comercialización ilegal de animales se inició a partir de marzo del 2021 a raíz de las inspecciones practicadas por técnicos del Ayuntamiento de Barcelona en la tienda de animales Bitxets, en la calle Castillejos de Barcelona, y en las que se constaron infracciones relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y la situación en las que se encontraban cachorros destinados a la venta. La mayoría de los perros presentaban algún tipo de patología, sin que se les hubiera prescrito un tratamiento.

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Los inspectores también descubrieron irregularidades en la documentación de animales importados de Eslovaquia. Por esa razón, el consistorio ordenó el cese de la actividad. El responsable de este comercio es el ahora encarcelado, A. F. A. P., ya fue condenado en Valencia a una pena de seis años de prisión por una actuación simular, es residente en Andorra y tiene intereses en Dubái, por lo que la jueza estima que puede haber riesgo de fuga y acordó su ingreso en la cárcel.

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Los investigados descubrieron que a pesar del cierre de la tienda, la actividad continuó a través de plataformas de internet y de otras sociedades en las que estaría A. F. A. P., junto con otras personas. Las intervenciones telefónicas pudieron desvelar, según el auto de la jueza, que el modo de operar y el funcionamiento del negocio de venta de cachorros no se circunscribía solo a la importación de perros, sino también de crías de este animal y gatos, así como a la compra a particulares y a criadores, "de manera totalmente fuera de la normativa", insiste la togada. Añade que se ha llegado a crear situaciones de maltrato a los animales.

Eludir el control

Para la jueza, se pueden "inferir" dos maneras de eludir el control de las administraciones. Por un lado, a raíz del cierre de Bitxets, A. F. A. P. y otros vendieron las participaciones de la sociedad que gestionaba el local a "personas interpuestas o testaferros". Esto permite a los verdaderos responsables de esta empresa pasar desapercibidos. Posteriormente, se crea una nueva empresa asociada a una tienda de venta de cachorros ubicada en otro lugar, pero "utilizando el mismo entramado y personal de la sociedad anterior".

Otra forma de operar es la venta de una empresa ya sancionada a individuos de confianza para dejarla inoperativa, pero el establecimiento de venta continúa abierto en el mismo lugar, pero cambiando el nombre comercial y la sociedad explotadora.

Los investigadores, además, han descubierto que los animales llegan a España con la cartilla de vacunación alterada y con edades inferiores a la real, con lo que las vacunas que se les suministran resultas inocuas para evitar enfermedades comunes, como la tos de perrera o moquillo. Todas estas actuaciones "provocan un sufrimiento grave a los cachorros", en opinión de la jueza.

La resolución agrega que el encarcelado, a través de sus tiendas en Sant Cugat del Vallès y en Esplugues de Llobregat, habría vendido cachorros con patologías graves engañando a los compradores antes de perder ventas, habiendo "alterado" el libro de registro zoológico de los animales. La magistrada apunta que las ganancias obtenidas por el investigado por "su actividad ilícita" se ha traducido en un aumento "considerable" de patrimonio que no coincide con los ingresos declarados a la Agencia Tributaria.

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