Las oenegés presionan para que el Parlament aprueba la ley contra el sinhogarismo en 2023

Las entidades sociales impulsoras del proyecto de ley para erradicar el sinhogarismo piden que el Parlament aprueba la norma en 2023 y confían en que haya una continuidad en las políticas sociales que se están llevando a cabo desde el Departament de Drets Socials, que ahora, con la remodelación del Govern de Pere Aragonès, ha pasado a ocupar Carles Campuzano. Confían en que la futura ley catalana, de la que se prevé que se beneficien 18.000 personas en cinco años, logre poner fin a la situación de precariedad en la que viven las personas sin hogar y les garantice un espacio residencial digno en un plazo de dos años.

En una jornada organizada este lunes por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la que han participado representantes de las fundaciones Arrels, ASSÍS, Cáritas, Sant Joan de Déu y Sant'Egidio, han puesto el foco en la necesidad de sacar adelante la proposición de ley que se está tramitando en el Parlament. Según ha explicado el catedrático de Derecho de la UAB e impulsor de la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, Antoni Milian, "la ley permitirá acabar con el sinhogarismo crónico en un plazo de dos años"

La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha advertido de que "la concesión de un espacio residencial no será un acto inmediato" y que "cuando se apruebe la ley habrá gente que necesite otros servicios como peluquería, servicio de consigna o duchas, y esta ley también garantiza esos derechos".

La ley, que además asegurará el transporte público gratuito y los servicios funerarios para personas sin hogar, supondrá una inversión de 350 millones de euros en cinco años, pero, según Pérez, "no será una ley cara porque gran parte de estos gastos ya se están asumiendo en partidas de la Generalitat de Catalunya".

Las condiciones de vida

La ley busca garantizar que los beneficiarios --18.000 son las personas sin hogar que constan actualmente en los registros-- tengan acceso a un espacio abierto, de uso individual, de dimensiones suficientes para la vida privada y que cuente como mínimo con luz, agua corriente, gas y una cama para las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

El requisito para poder acceder a las ayudas que otorgaría esta ley en caso de aprobarse es estar empadronado en el municipio que presta estos servicios. Según la abogada Eva Pich, "actualmente muchos ayuntamientos ponen inconvenientes a la hora de empadronar y los derivan a Barcelona". "Esta nueva ley -agrega Pich- obligaría a los ayuntamientos a empadronar a las personas sin hogar facilitándoles una dirección postal y, en caso de incumplirla, se verían obligados a empadronar a la persona en el propio ayuntamiento, estrictamente para esta función y sin posibilidad de que el empadronado pernocte allí".

Según Antoni Milian, "las personas que se beneficien de esta ley no tendrán un plazo máximo para vivir en un espacio residencial digno, ya que, con esta medida se busca terminar definitivamente con la situación de precariedad de las personas sin hogar".