'Caso Serveis Socials': la 'exconsellera' Munté niega fraude y corrupción

"La gestión fue correcta y adecuada a la legalidad, no hubo fraude ni uso indebido del dinero público". Con esta contundencia afrontó su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales del Parlament Neus Munté, 'exconsellera' de Benestar Social por Convergència i Unió (CiU) desde diciembre de 2012 hasta enero de 2016 y, como tal, presidenta del Consorcio de Serveis Socials de Barcelona durante el mismo período. Según varios informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat, durante su mandato se cometieron importantes irregularidades, como son contratos a dedo por valor superior de 20 millones de euros, o complementos salariales que no estaban justificados.

Fue el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) quién pidió la presencia de Munté en dicha comisión parlamentaria para esclarecer qué ocurrió durante su mandato. Pero Munté negó cualquier acusación de fraude, corrupción o supuesta malversación de fondos públicos, aunque admitió que la política de recortes del Gobierno de Artur Mas no puso las cosas fáciles. "Había dificultades para gestionar un consorcio débil que tenía que ir creciendo en recursos, pero el contexto económico y social era complejo. Estas debilidades produjeron incidencias", explicó Munté. Recordó que durante las políticas de los recortes las necesidades sociales iban en aumento y el gasto social se tuvo que "estrechar".

Munté rechazó que no se hicieran mesas de contratación para adjudicar contratos millonarios, ni que los complementos salariales no estuvieran suficientemente justificados, algo que subrayan las distintas auditorías. Para lanzar esa afirmación, la 'exconsellera' se apoyó en un informe de 2013 elaborado por los interventores de la Conselleria de Benestar Social que así lo afirman, pero que no es público. "Este informe no detecta incidencias en la contratación y hay seguridad razonable, nos hacen una recomendaciones que están en vías de resolverse", incidió. Según la exalto cargo, los sobresueldos que se cobraron durante su mandato y que llegan hasta el millón de euros no son motivo de fraude, ni menos aún corrupción, si no que son complementos salariales que tenían que equiparar los sueldos a los que se percibían en el Ayuntamiento de Barcelona.

Los contratos sospechosos

La 'exconsellera' sí reconoció que el gestor del consorcio durante la época que ella estuvo al frente de la entidad, Josep Pera, firmó contratos por valor superior a 300.000 euros por los que no estaba habilitado. Sin embargo, dijo que la gestión de Pera era "responsable" y "seria" y que estaba perfectamente formado para ello. Algo que la oposición ha dudado considerablemente, teniendo en cuenta que cerró en falso su comparecencia parlamentaria diciendo que no recodaba nada de su gestión. De hecho el grupo parlamentario socialista ha pedido que Pera vuelva al Parlament para dar explicaciones. "Nos sentimos obligados a ello para esclarecer dónde fueron a parar los recursos públicos", subrayó el diputado Raúl Moreno.

Antes de Munté también compareció ante la comisión Laura Pérez, teniente de alcalde de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona y actual vicepresidenta del consorcio. Pérez sostuvo que en 2018 los contratos con irregularidades administrativas ascendían a 42 millones de euros, aunque precisó que todo se fue regularizando con la gestión emprendida por el gestor Joan Uribe. Muchos de estos contratos correspondían a adjudicaciones de extrema emergencia para alojar a menores migrantes que llegaron en Barcelona a lo largo de 2017 y 2018 y que el sistema de atención social no estaba preparado para alojar.

La regidora de Barcelona defendió también que el consorcio necesita más personal, como un equipo de interventores que fiscalicen las adjudicaciones, un administrativo adjunto a la gerencia y un presupuesto de la Generalitat proporcional, especialmente, ha señalado, para atender a las mujeres víctimas de violencia machista.

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