La Fiscalía denuncia a una residencia en Palau Solità i Plegamans por mala gestión durante la primera ola del covid

Un juez de Sabadell tiene en sus manos desde hace unos días la denuncia de la fiscal de Sabadell en la que se acusa a la residencia Palau, ubicada en el municipio de Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental) donde, entre los meses de marzo y abril de 2020, la primera ola de la pandemia, murieron más de 40 ancianos. El escrito de denuncia fue presentado el pasado viernes, aunque fuentes de la fiscalía no quieren desvelar más información hasta que llegue al juez instructor. En los mismos juzgados de Sabadell se está tramitando dos demandas presentadas por familiares de fallecidos. En una de estas causas ya se están practicando diligencias. Falta saber si la denuncia de la fiscalía se acumulará o no a uno de estos procedimientos.

De hecho, la Fiscalía de Sabadell fue una de las primeras en abrir diligencias por la vía penal durante la primera ola del coronavirus. La denuncia llega prácticamente dos años después, y con cuatro tomas de hasta 8.000 folios y una investigación de los Mossos, según informó el martes la radio municipal de Palau Solità i Plegamans, que avanzó la noticia. Se trata de una investigación iniciada por la vía penal, que aunque el ministerio público no ha querido desvelar de qué se les acusa, si que explica que atiende a motivos de "mala gestión".

Este geriátrico es un centro privado con más de 160 plazas de residencia, que durante la pandemia atendía a más de un centenar de ancianos. Según los cálculos de familiares fallecieron más del 30% de los internos. Es un centro privado que gestiona un número importante de plazas para personas beneficiarias de la ley de dependencia, financiadas por la Generalitat.

El caso de la residencia Palau es el segundo que puede llegar a juicio tras la mala gestión por la crisis del coronavirus en un geriátrico. La semana pasada el fiscal de Lleida también denunció a los responsables de la residencia Fiella de Tremp (Pallars Jussà) por homicidio imprudente. Las primeras pesquisas de los Mossos demostraron un auténtico caos en la gestión, entre otros que en los registros del centro constan pautas de medicación para ancianos que ya habían fallecido. En este caso, entre noviembre y diciembre de 2020 murieron más de la mitad de los internos.