El Govern prepara un decreto para eludir el 25% en castellano

El Gobierno catalán está preparando un decreto para eludir la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas, según publica La Vanguardia. De esta manera, el Ejecutivo de Pere Aragonés pretende soslayar la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, a su entender, ataca el modelo de inmersión lingüístico que refrenda la ley de educación del 2009. El alto tribunal espera conocer en los próximos días cómo se cumplirá su decisión.

El 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, declaró esta semana en sede parlamentaria que el fallo judicial se combatirá con un plan de impulso del catalán y un "nuevo marco normativo para reforzar el modelo de escuela catalana". En una reunión a mediados de enero del 'conseller' con los directores generales del departamento se avanzó que la defensa judicial a la sentencia será un decreto sobre el catalán en las escuelas que afectará a los proyectos lingüísticos de todos los colegios. Esto irá acompañado de la creación de grupos impulsores del catalán en cada centro, de los que ya se han constituido 217 que empezarán en febrero.

La Generalitat tendrá dos meses para aplicar el 25% de castellano en las aulas

Sin embargo, si en el decreto no se incluye la orden del TSJC de subrayar en los proyectos lingüísticos que el castellano es también lengua vehicular como mínimo en un 25% del tiempo lectivo, los magistrados pueden entender que no se está ejecutando la sentencia y cabe la posibilidad que procedan a anularlo.

La otra posibilidad

También el decreto sobre currículos abre una nueva posibilidad, apunta el diario barcelonés. El próximo curso 2022-2023 cambian los currículos escolares. El Ministerio de Educación diseña una parte del horario escolar, el 50% en el caso de las comunidades autónomas, con lengua oficial. En estos decretos se indican las horas que tendrá cada materia. En la Lomloe está previsto que las administraciones autonómicas cedan una parte del desarrollo curricular a los equipos directivos.

De este modo, el Govern no tendría que determinar una segunda asignatura impartida en castellano, como reclaman los jueces, sino que serían los directores de los centros quienes determinarían cómo y qué asignatura van a impartir en castellano. La secretaría de transformación educativa explicó a los responsables de los centros que tendrán “la máxima autonomía de centros” en términos de currículo. Directores que tendrán protección jurídica asegurada en el tema de la lengua, según uno de los primeros acuerdos adoptados en el 2022 por el Govern.