Los colegios deberán tener un coordinador 'antibullying' el curso que viene

La ley de protección integral a la infancia, conocida como 'ley Rhodes', que entró en vigor a finales de junio, establece que "todos centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado". Dicha persona deberá velar por la prevención, detección y denuncia de los casos de agresiones a menores que ocurran dentro y fuera del centro, con el fin de disminuir el alto índice de delitos violentos que sufren los niños. muchos de los cuales no se denuncian.

Asimismo, la pionera norma establece que debe haber un delegado de protección, con funciones parecidas, en las entidades que realicen actividades de ocio o deportivas en las que participen menores de edad. Y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne al Gobierno y a las comunidades, ha acordado este lunes que ambas figuras estén plenamente operativas en el curso 2022-2023, es decir, a partir del próximo septiembre.

Asimismo, en la reunión se ha aprobado que, durante el primer trimestre de 2022, se aprobarán las recomendaciones y criterios comunes que deberán contener los protocolos de actuación contra la violencia que regirán en los centros de escolares frente a cualquier indicio de maltrato, acoso, ciberacoso, violencia de género, suicidio o autolesión. Asimismo, en ese plazo se emitirán pautas para los documentos similares que regirán en el ámbito del deporte, el ocio y los centros de internamiento.

La implementación

"El acuerdo que hoy traemos aquí contiene una serie de acciones que suponen un salto cuantitativo y cualitativo en las políticas públicas de protección de la infancia frente a la violencia. Son muchas pero, por su importancia y por su novedad, me gustaría destacar una de ellas, la creación de las figuras del coordinador/a de bienestar infantil y del delegado de protección que impulsamos desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", ha destacado la ministra Ione Belarra durante la celebración la Conferencia Sectorial, que ha estado destinada a cómo desarrollar y ejecutar territorialmente la ley de protección a la infancia frente a la violencia.

"Estos coordinadores y coordinadoras deben ser la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia y de comunicar las situaciones de riesgo", ha añadido Belarra.

Los datos

En España se interponen cada día más de 100 denuncias por delitos en los que la víctima es un menor de edad. Y estos datos suponen solo la punta del iceberg porque muchos niños no se atreven a exteriorizar que son objeto de acoso, agresiones o abusos sexuales en el colegio, sus casas u otros lugares. Frente a ello y 12 años después de que activistas y oenegés comenzaran su lucha por aprobar una ley específica contra la violencia infantil, el Congreso aprobó la 'ley Rhodes', bautizada así en honor del pianista James Rhodes, quien sufrió brutales violaciones en su infancia.

La norma incorpora actuaciones en todos los ámbitos donde viven los niños y, por ello, es considerada una de las legislaciones más avanzadas del mundo, según los expertos.