El TSJC prohíbe identificar a alumnos que hagan la selectividad en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado que se entreguen las pruebas de selectividad en castellano, catalán y aranés en la convocatoria extraordinaria de septiembre sin que se identifique a los alumnos ni se anote cuál es la opción elegida. Los magistrados de la Sección Quinta de la sala contenciosa-administrativa del alto tribunal lo han decidido al considerar que la Generalitat no cumplió correctamente en junio con las medidas cautelares dictadas a raíz de una demanda presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB) que la obligaba a repartir los exámenes en las tres lenguas cooficiales de Catalunya "sin preferencia por ninguna de ellas". Fuentes de la Conselleria d'Universitat i Recerca han asegurado a este diario que nunca se ha pedido a los alumnos que se identificaran y que solo se apuntaba el número de los que elegirían la opción del castellano para saber cuantos son.

Los jueces llegan a esta conclusión después de analizar el informe que requirió a la Generalitat para conocer el grado de cumplimiento de la resolución que dictó en junio ordenando que no se diferenciara a los alumnos en función del idioma que escogieran para realizar las pruebas. Con esta nueva resolución, el TSJC pretende que se enmiende el procedimiento en esta segunda convocatoria de la selectividad.

Tras estudiar el informe, el tribunal ha requerido a la presidenta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) y al secretario del organismo dependiente de la Generalitat para que impartan instrucciones concretas a los presidentes de los tribunales de las pruebas de la convocatoria de septiembre (que empiezan este martes) con el fin de que no se identifique con nombre y apellidos a los alumnos "cualquiera que haya sido su opción lingüística", ni tampoco se anote la elegida.

Los jueces también ordenan que se ofrezca a los profesores los enunciados del examen en cualquiera de las lenguas cooficiales de Catalunya, "sin preferencia por ninguna de ellas", ya que su elección "corresponde a los alumnos para el mejor desarrollo de sus ejercicios". En este mismo sentido, precisa que a los alumnos tampoco se les puede exigir "cualquier acto de manifestación en el aula" sobre la lengua que escogen y que la entrega del examen se debe hacer " sin que el resto de alumnos tengan que conocer cómo ejerce su derecho", es decir, ejerciendo "el ejercicio de su libertad de opción".

"Anonimato necesario"

En su auto, la sala considera que el correo electrónico que se envió a todos los matriculados en la convocatoria ordinaria de junio informándoles de que podían solicitar los exámenes en cualquiera de las tres lenguas cooficiales fue "insuficiente para dar cumplimiento al derecho del alumnado" de no desvelar su preferencia, por lo que, a su entender, no se garantizó el "anonimato" necesario. "No se han dictado instrucciones para garantizar el anonimato del derecho de opción que, insistimos, corresponde al alumno sin tener que significarse ante evaluadores, y no a la administración, que debe ser neutral en un acto tan decisivo para el futuro de los estudiantes, como es la realización de las PAU eligiendo los enunciados y/o contestando en el idioma que consideren más adecuado, a salvo de las pruebas específicas de lengua y literatura", recalca la resolución judicial.

De acuerdo con la AEB, el TSJC también ha desestimado la petición del Consell Interuniversitari para que se expulse de la causa a la entidad y ha admitido la personación de la Asociación Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L'Esbarzer y de las Universidades de Barcelona, Girona y la Politècnica de Catalunya. De hecho, el pasado julio alto tribunal decidió que en la convocatoria de septiembre se mantendría la obligación de ofrecer los exámenes de la selectividad en las tres lenguas, un extremo por el que también se decantó la fiscalía, para la cual otorgar al castellano y el aranés un carácter residual en relación con el catalán vulnera el Estatut y la doctrina constitucional.

Esta obligación llevó a Geis a acusar al TSJC de "interferir" en la selectividad y estableció que las pruebas se desarrollarían igual que en los últimos años: los exámenes se repartieron en catalán y se entregaron en castellano solo a los alumnos que así lo solicitaron.

Por eso, la AEB denunció al CIC ante el propio TSJC por incumplir las medidas cautelares dictadas y lo instó a aclarar las condiciones de los exámenes de septiembre.