Inquietud pandémica

La angustia del 9-A, fin de la moratoria antidesahucios

La PAH sale a la calle para reclamar que se prorrogue la norma y aliviar el drama de 26.000 familias

Las entidades sociales piden al Gobierno "que sean conscientes de la gravedad extrema de la situación social"

Imagen de la manifestación de la PAH en la plaza de Catalunya, el martes 20 de julio

Imagen de la manifestación de la PAH en la plaza de Catalunya, el martes 20 de julio / JORDI OTIX

Elisenda Colell

Elisenda Colell

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El próximo 9 de agosto vence la moratoria del Gobierno que impide la ejecución de desahucios para familias que no pueden pagar el precio de la vivienda y no tienen ninguna alternativa donde ir a vivir. "Hemos recibido un silencio omiso y preocupante por el que dice ser el Gobierno más progresista de la historia", se queja Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, que reclama ampliar la moratoria de forma urgente. La preocupación se extiende también a muchas entidades sociales y hasta el Gobierno de la Generalitat, que está rebuscando fondos de urgencia ante la previsible avalancha de expulsiones si no se amplía la norma. Las entidades sociales alertan: "¿Qué más tiene que pasar para que se den cuenta de la extrema situación que estamos viviendo?"

Durante el primer trimestre de 2021, en Catalunya hubo más de 5.000 desahucios, una gran cantidad de ellos eran familias que no podían seguir haciendo frente al pago del alquiler. Pero antes de la pandemia las cifras superaban los 20.000. "Aunque sea un mecanismo insuficiente, es un mecanismo que está protegiendo a muchas familias vulnerables que, de no posponerse, mandará a miles a la calle", se queja Delgado. La PAH está convocando manifestaciones durante este lunes y martes a unas 20 ciudades de toda España.

Quedarse fuera

Aunque los activistas piden que se aumente la cobertura en meses, también en tipos de casos. "Hay personas vulnerables sin hijos a cargo y que temen que el fin de la moratoria les deje fuera, o bien jueces que no hacen caso de los informes de vulnerabilidad que presentan los servicios sociales", recuerda Delgado. Como ejemplo recuerda al hombre que se suicidó en Sants el pasado junio.

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánto más sufrimiento tienen que acumular las familias para que nuestros gobernantes se den cuenta que este drama tiene que parar?", se pregunta la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, Francina Alsina. Según la Taula, durante el primer trimestre 2021 se han tramitado 2.400 peticiones de desahucios en Catalunya, un 10% más que el año anterior, cuando aún no había llegado la pandemia. "Estamos con unas cifras de pobreza histórica, la situación es gravísima y si no hay moratoria y una nueva ley de vivienda en España estas familias acabarán en la calle en septiembre".

Familias desesperadas

La PAH calcula que solo en Catalunya 26.000 familias pobres pueden quedarse sin casa en menos de dos meses. "El impacto de la pandemia ha sido gravísimo, hay familias sin trabajo, sin ingresos, que no llegan a final de mes y los servicios sociales están colapsados. Habiendo un toque de queda es impensable que no se aplique la moratoria", se queja Carolina Pallàs, coordinadora del grupo de trabajo de vivienda de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y responsable de la entidad Prohabitatge. "Constantemente recibimos mensajes de familias que están desesperadas, que han perdido su vivienda, han ido a una habitación y ahora no pueden seguir pagándola", asegura.

Pallàs reclama que, más allá de la moratoria, se apliquen medidas preventivas para ayudar a pagar alquileres, antes de que llegue el desahucio, aunque también reclama, como tantos movimientos sociales, una ley estatal de vivienda que frene los precios abusivos, la especulación inmobiliaria y garantice un realojo social. El horizonte del 9 de agosto es inquietante.La Conselleria de Drets Socials prepara un plan de medidas para que, si estalla una ola de desahucios, tengan mecanismos para frenarla. "Dentro de Govern y fuera la preocupación es máxima. Esto ya es insostenible", remacha Alsina.

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