El miedo al corte de suministros se extiende entre los más vulnerables

Los viernes por la noche son tranquilos en la casa de Arantxa Martín. Desde el pasado 1 de octubre, día en el que quedó anulada la prohibición de cortar los suministros básicos tras seis meses en vigor, Martín y su marido, que como tantos otros perdieron sus trabajos en marzo a raíz de la pandemia (él en la obra, ella limpiando casas), pasan la semana inquietos. Temen quedarse sin gas y luz. Pero cuando llega la noche del viernes, respiran aliviados. No hay cortes los sábados y domingos.

"Es vivir al límite", explica esta mujer de 44 años mientras enseña su modesto piso en Vallecas (Madrid). La vivienda fue suya, pero en el 2008, durante la anterior crisis, tuvo que entregarla al banco en dación en pago para evitar el desahucio, y desde entonces paga un alquiler social de 200 euros. La luz es tenue, una caja con mantas ocupa el centro del salón por si empieza el frío. En el dormitorio hay dos máquinas: una para la noche, porque sufre apnea del sueño, y otra, más grande, que debe estar siempre enchufada.

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Martín también padece el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una afección que provoca taquicardias, y el aparato envía electrocardiogramas a su hospital. Cree que su enfermedad es también su tabla de salvación. Quizá le corten el gas, piensa, pero no la luz, porque esa máquina nunca puede desconectarse. Pero no está segura. Cuando llama a su empresa distribuidora, nadie la garantiza nada. Y las facturas continúan apilándose. Ya debe 827,26 euros de electricidad.

Tensión entre los socios

Tensión entre los sociosLa interrupción de suministros, una realidad que se vive de forma diferente en Catalunya, al contar con una ley muy garantista, también provoca tensiones dentro del Gobierno. Unidas Podemos quería continuar con la prohibición de cortes, que se aprobó tras el estado de alarma de marzo e impedía que alguien se quedase sin energía, una batalla que perdió frente al PSOE. Al menos, de momento. Los morados no se resignan. El entorno del vicepresidente social, Pablo Iglesias, que suele ser rápido a la hora de intentar anotarse los tantos políticos de las iniciativas frente a la pobreza, dependan o no de él, asegura que está "presionando" para que mientras dure la nueva alarma, que a diferencia de la anterior no ha supuesto hasta ahora el confinamiento domiciliario, se paralicen todos los desahucios y cortes de suministros.

La decisión, sin embargo, no compete a Iglesias, sino a Teresa Ribera, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, quien no ha dado muestras de querer dar el paso. Su equipo explica que se ha facilitado el acceso al bono social eléctrico, una ayuda que reduce entre un 25% y un 40% el recibo de la luz, y se ha aprobado un bono térmico de entre 25 y 120 euros al año, así como que las empresas tienen prohibido cortar el suministro a los más vulnerables hasta pasados cuatro meses desde el primer requerimiento de pago. "El Gobierno ha puesto en el centro de su estrategia a las personas más vulnerables", señala la propia Ribera.  

Más de 200 solicitudes al día

Más de 200 solicitudes al díaLas ayudas frente a la pobreza energética no paran de crecer. Es algo en sí mismo positivo, pero que también indica la gravedad del problema. Según los últimos datos del Ejecutivo, los usuarios del bono social eléctrico se han triplicado durante los dos últimos años. En abril del 2018, poco antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, eran 449.267; en el mismo mes del 2020, en plena pandemia, 1.311.662. Y cada día hay más de 200 nuevas solicitudes.

Pero el bono, en ocasiones, resulta insuficiente. Tampoco impide los cortes, salvo que en el hogar haya menores, personas con discapacidad o dependientes. Juani González, de 49 años, no cumple ninguno de estos requisitos. Ella recibe esta ayuda, y paga un 40% menos de electricidad gracias a ella, pero cuando se le pregunta cuántos ingresos tiene al mes, contesta: "Cero". Desde marzo, a raíz del confinamiento, se quedó sin los trabajos informales que tenía, limpiando casas. En junio, solicitó el ingreso mínimo vital (461,53 euros), pero no ha recibido respuesta. Y en octubre, dejó de cobrar 430 euros de la renta activa de inserción por ser víctima de violencia de género, tras completar los 33 meses que esta ayuda se puede percibir como máximo.  

"Se me van acumulando las facturas de la luz, del gas, de la comunidad, del alquiler, de todo", explica en su casa, también en Vallecas, donde, de nuevo, se vive casi en penumbra. "Pago 77 euros de alquiler social –continúa-. Pero eso para mí es muchísimo. Para mí, ahora mismo, un euro es mucho. Y tengo miedo de que me corten la luz. Porque si me cortan el gas, bueno, todavía puedo vivir. Puedo calentar el agua y bañarme. Puedo abrigarme si hace frío. Pero si me cortan la luz, ni siquiera puedo cocinar, porque todo aquí es eléctrico".

El precedente

El precedenteLas asociaciones temen que la situación acabe siendo similar a la de la última crisis. En el 2012, por ejemplo, las eléctricas cortaron la luz a 1,4 millones de hogares. "Si el Gobierno no da un paso al frente, en los próximos meses habrá una oleada de cortes", augura María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. El viernes pasado, Campuzano y otros activistas organizaron una protesta y entregaron a Transición Ecológica un manifiesto, firmado por 3.000 organizaciones y movimientos sociales, que reclama que la prohibición de interrumpir los suministros se prorrogue hasta que haya una ley estatal similar a la catalana, que impide los cortes a los más vulnerables sin que se haya solicitado antes un informe a los servicios sociales.

Allí, frente a la sede del ministerio, con una pancarta que preguntaba '¿Qué hacemos si no podemos pagar?', estaba también Juani González. "Lo que pedimos es que nos dejen respirar –dijo-. Tener una garantía de que no nos vamos a quedar sin lo más básico".

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