Catalunya aprueba un decreto para que el gran propietario ofrezca un alquiler antes de desahuciar

El Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes un decreto con el que "quiere asegurar que las personas en riesgo de exclusión residencial puedan permanecer en sus domicilios mientras dure el estado de alarma", norma con la que quedan "explícitamente suspendidos" los desahucios en los que grandes propietarios no ofrecen un alquiler social, en palabras de la portavoz del Govern, Meritxell Budó. "Las ejecuciones de desahucios quedan explícitamente suspendidas hasta que el gran propietario o la entidad financiera propietaria de una vivienda no ofrezca el alquiler social al que está obligado por ley", ha subrayado Budó.

Con todo, el decreto mantiene, en opinión de los colectivos que defienden el derecho a la vivienda, las mismas lagunas de la ley aprobada el pasado diciembre, que no ha impedido que los jueces sigan ordenando desalojos aunque la oferta de alquiler social no se produzca, con el argumento de que la legislación no les da potestad para no admitir demandas.

La ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, después ampliada por la norma 17/2019, ya determina la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social a las familias más vulnerables.

Budó ha afirmado que "es un hecho que la situación de vulnerabilidad de las personas o familias en riesgo de exclusión residencial se agrava cuando se incumple la obligación legal de ofrecer una propuesta de alquiler social". Asimismo, ha apuntado que "los procedimientos de desahucio ya iniciados en los que no se ha registrado una oferta de alquiler social" también se deberán interrumpir.

"También quedarán cubiertas aquellas personas o familias que han ocupado un piso de un gran propietario entre julio del 2019 y el inicio del actual estado de alarma, el 25 de octubre, si se cumplen los requisitos de vulnerabilidad y disponen del correspondiente informe social", ha explicado la portavoz, aunque ha precisado que "en este caso no existe la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social".

Según la consellera, "no es una paralización generalizada de todos los desahucios, pero tampoco se limita a frenar solo los de personas afectadas por el covid-19, sino los de todos los casos de vulnerabilidad social acreditada".

Paralización de los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) va más allá e insiste en que el Gobierno paralice todos los desahucios sin alternativa habitacional en España durante la pandemia, ya que ve "un poco cínico que diga a la gente que esté en casa y al mismo tiempo priorice el beneficio de grandes propietarios tirando a gente a la calle".

La PAH advierte que en España siguen sucediéndose "muchísimos desahucios", con más de 11.900 contabilizados de momento en el 2020 por el Consejo General del Poder Judicial. La plataforma exige al Gobierno que apruebe un nuevo decreto contra los desahucios porque "el actual solo cubre los alquileres de grandes propietarios y a los afectados por el covid", reclamación que cuenta con el apoyo de partidos como Podemos, Compromís, ERC, Más País, la CUP o Nueva Canarias.