Las listas del desespero

La crisis sanitaria del coronavirus y el confinamiento han supuesto un jaque a la economía. Miles de personas se han quedado sin ingresos y sin saber cómo pagarán el alquiler o cómo harán la compra en el supermercado. Y es que, en paralelo, se han encontrado unas administraciones desbordadas y colapsadas, chocando de frente contra un muro de hormigón infranqueable. Las entidades sociales no dan crédito al parón administrativo, mientras ven cómo miles de vidas se tambalean hoy más que nunca.

El colapso ocurre en varios frentes y afecta a todas las administraciones. La más conocida y palpable apunta directamente hacia La Moncloa. Solo el 6,7% de las personas que han tramitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Catalunya lo están cobrando, un dato que en España afecta al 10% de requerimientos, según una respuesta parlamentaria del 14 de octubre.

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"La primera barrera es con el trámite: es complicadísimo y se necesita ordenador y connexión a Internet", denuncia Sira Vilardell, vicepresidenta de la Federación de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS). El tercer sector se ha organizado como ha podido para ayudar a tramitar estas ayudas. "Tenemos familias que hace cinco meses que la pidieron y aún no saben nada. Estas personas no pueden esperar, están al límite", se queja Vilardell, quien denuncia que muchas oficinas de la Seguridad Social están cerradas y tacha de "misión imposible" conseguir hablar con algún funcionario para desatascar expedientes.

Otras ayudas

Pero la tardanza y el colapso de la Seguridad Social también afecta directamente a otras ayudas. Vilardell, que también forma parte de la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Catalunya, apunta que la lista de espera para obtener esta prestación de la Generalitat se ha duplicado. "Hemos pasado de una espera de un mes y medio a tres meses", lamenta. Pero el problema es aún más grave. El Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) ha informado a las entidades y usuarios que no pueden pedir la RGC antes de que les hayan denegado el IMV. "Es un pez que se muerde la cola. ¿Qué les decimos a estas familias que están en cola? ¿En serio que no hay otra alternativa para que puedan sobrevivir?", se pregunta.

El drama también ha llegado hasta los ayuntamientos. En los servicios sociales el colapso hace meses que reina. "La necesidad y el número de usuarios se ha duplicado y nos pasamos el día atendiendo casos de máxima urgencia, nos faltan muchas manos, no damos abasto", reconoce Sonia Bacereido, miembro de la comisión de Servicios Sociales del Col·legi de Treball Social de Catalunya. "Los trabajadores estamos haciendo jornadas maratonianas, pero aun así no llegamos a todo, la miseria nos está desbordando", reconoce Bacereido. Y a su vez la saturación de los servicios sociales ha traspasado otros, por ejemplo los centros socieducativos para menores en riesgo de exclusión social. "Las listas de espera son una realidad: no podemos acoger a todos los niños que necesitan este apoyo y hay menores que se están quedando fuera a pesar de las peticiones de los servicios sociales", afirma el portavoz de la comisión de centros abiertos de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), Pep Prats. 

Extranjeros y refugiados

Otros ciudadanos que no ven la luz al final del túnel son los extranjeros o los refugiados que necesitan renovar o tramitar su documentación. "Es un absoluto desastre, no hay citas disponibles en las oficinas de extranjería y hay cientos de familias que se están quedando sin papeles porquw no encuentran una cita para renovar la documentación", cuenta Javier Bonomi, portavoz de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya. Y caer en la irregularidad implica, de nuevo, no poder tramitar las ayudas sociales, además de no poder conseguir un contrato de empleo. 

Y, para acabar, el cierre de las oficinas de atención ciudadana en muchos ayuntamientos catalanes ha generado unas largas colas de espera para empadronarse. "Estamos atendiendo a personas que llevan muchos meses sin poder hacer este trámite. Y es gravísimo porque si no están empadronados se quedan sin tarjeta sanitaria o sin poder acceder a los servicios sociales", insiste Óscar Costa, director de la fundación Arrels Sant Ignasi de Lleida. 

Elber, Juana, Cornelia, Hamid, David o Teresa son solo seis personas que se han prestado a contar sus historias. Antes de la pandemia se habían acostumbrado a una precariedad que les permitía vivir con poco. Ahora, todo se derrumba y la espera les llena de angustia. 

Elber Vera: "He llorado delante de la pantalla"

Elber Vera y su hija adolescente de 16 años huyeron de la Venezuela en enero del 2020. Hace un mes le rechazaron el asilo político en España pero sabe que, siendo venezolano, puede acceder a un permiso humanitario que le permite trabajar legalmente en España. "El problema es que no hay citas para pedirlo", se queja. Cada día, a las siete de la mañana, abre el móvil para poder registrarse en el sistema. "Y, nada, siempre me tumban. Tú no sabes las desesperación que vivimos, he llorado delante de la pantalla por la frustración de no poder avanzar", explica. Ahora vive en casa de su hermano. "Por suerte techo no nos falta; sin él, no sé lo que haría", dice. Su sueño, poder trabajar aquí y traer a su mujer y a su hijo menor de edad, que siguen en Latinoamérica. Pero de momento es eso, un sueño. 

Juana Julia Choque: "No quiero que mi hijo se quede atrás"

Julia, su marido y Toni Manuel, su hijo de seis añitos, viven en una pequeña habitación alquilada en Nou Barris (Barcelona). "Sé que el niño necesita un espacio amplio para jugar, para hacer los deberes... Pero no hay forma de conseguirlo", asevera. La familia, que migró de Bolivia hace ya un año, se ha visto de repente sin trabajo. Ambos padres, sin papeles, trabajan en la economía sumergida. Ella limpiando casas; él, en la construcción. La familia come gracias al Banco de Alimentos y paga el alquiler de la habitación con fondos de Cáritas. "Pero mi hijo tiene problemas en la escuela, le cuesta seguir las clases y yo quiero que pueda salir adelante aquí", asegura. El menor lleva varios meses en lista de espera para apuntarse en un centro socioeducativo de la fundación Pere Tarrés, pero las plazas están todas ocupadas. "Necesitamos este apoyo, al menos para él", subraya la madre.

Cornelia Rivas: "No sé cómo pagaremos el alquiler"

"Yo nunca había pedido ayuda a servicios sociales, no sabía ni lo que era", cuenta Cornelia Rivas, una mujer dominicana que antes de la pandemia trabajaba como camarera de piso limpiando habitaciones de hotel. Su contrato, de obra y servicio, terminó en marzo. No cobró erte ni ninguna otra prestación y no atisba cuándo podrá volver a trabajar. Tanto ella como su hermana, en la misma situación, han solicitado el ingreso mínimo vital con el asesoramiento de Cáritas. "Comemos gracias a las parroquias, pero no sé cómo vamos a pagar el alquiler ni la luz. Este mes ya nos hemos quedado sin ahorros", explica. Hace ya un mes y medio que pidió la ayuda del Gobierno, pero la petición está esperando. "Para mí lo peor es no saber, es una agonía. Cuándo nos respondan será una bendición de dios". 

Hamid: "He aprendido a tragarme el dolor"

Hace ya un mes que el dolor de las muelas le paraliza. "No puedo ir al médico porque no tengo tarjeta sanitaria, he aprendido a aguantar el dolor, a tragármelo, porque no me queda otra", explica Hamid, un joven argelino que lleva ya un año esperando para empadronarse en la ciudad de Lleida. Vive en un piso ocupado y trabaja a cuentagotas y sin contrato, a veces como temporero, otras recogiendo y vendiendo caracoles. Hace un año que la entidad Arrels Sant Ignasi le trae comida para que pueda alimentarse. "Con este registro debería ser suficiente para empadronarme, pero como mi pasaporte original está en Algeria no hay forma de lograrlo", asevera el joven. Mientras no consiga el trámite, le toca esperar y a seguir viviendo en los márgenes. No solo no puede tramitar la tarjeta sanitaria, sino tampoco ser atendido por los servicios sociales del municipio. 

David Cerdún: "Yo tenía una vida normal"

"Yo tenía una vida normal: tenía una casa, un trabajo... Pero la pandemia lo rompió todo", cuenta David Cerdún, que lleva ya tres meses malviviendo en las calles de Barcelona. Por encima de todo, David se considera apto para trabajar, sobre todo de soldador, pero no encuentra empleo ni por asomo. Tras vender su casa, a finales del año pasado se fue a Francia a trabajar, pero en marzo perdió el empleo y decidió volver a España. "Con los ahorros fui tirando algunos meses, hasta que tuve que acabar durmiendo en la calle de Barcelona", dice. "Me han pegado, se han orinado encima de mí... Es que en mi vida me habría imaginado acabar así", añade. En junio tramitó el ingreso mínimo vital. La semana pasada le aceptaron la solicitud después de 90 días en la calle. 

Teresa Pérez: "Al menos en la cárcel trabajaba"

Llegar al punto de pensar que en la cárcel se vive mejor que en la vida en libertad. Esto es lo que ha terminado pensando Teresa Pérez, tras cumplir su condena en la cárcel de Ponent (Lleida) de seis años. "Al menos allí trabajaba, tenía comida y un techo", asevera la mujer, que ahora vive con sus padres dependientes, cuyas prestaciones no llegan a los mil euros al mes. La comida la consiguen en los comedores sociales, donde Teresa pidió asistir "de noche para no ser reconocida". Luego pensó el ingreso mínimo vital podría ser la solución a sus males.

"En casa no tenía internet y recurrí a Arrels Sant Ignasi para tramitarlo", explica. Pasaba el 16 de junio. Cuatro meses después, sigue sin saber nada. "Mi cabeza no descansa, tomo antidepresivos para poder dormir, me han salido ronchas y se me cae el pelo. La angustia de no saber qué será de mí es lo peor", asevera. "Al salir de la cárcel siento que me he regenerado, me gustaría encontrar un trabajo, poder alquilar un piso y volver a vivir con mi hijo y mi marido, pero siento que es imposible", insiste. Teresa no duerme porque, por las noches, siempre le asalta la misma pregunta. "¿Qué será de mí?".

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