Prisión para los dueños de Magrudis por el brote de listeriosis que dejó tres muertos

La jueza que investiga el brote de listeriosis detectado en una empresa de Sevilla y que se ha saldado con tres muertos, siete abortos y 215 afectados decretó este jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza de José Antonio Marín Ponce, gerente y propietario de facto de la empresa, y su hijo Sandro Marín, que figura como administrador único. Entiende que ambos serían responsables de tres supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave, varios delitos de lesiones por imprudencia grave, delitos contra la salud pública y al menos dos abortos por tener conocimiento de que la bacteria estaba en sus instalaciones al menos desde diciembre de 2018 y no tomar medidas. La Junta de Andalucía ya ha presentado una querella contra la empresa, Magrudis, y estima en más de un millón de euros el coste sanitario de la intoxicación masiva que le reclamará.

Fuentes judiciales confirmaron que después de más de dos horas de declaración, la jueza de instrucción 10 de Sevilla decidió enviar a prisión a los principales responsables de la empresa ante el riesgo de fuga, según la petición de la acusación particular y la Fiscalía, a cuyas preguntas no respondieron. Tanto Marín Ponce como su hijo Sandro aseguraron que desconocían la obligación de informar a las autoridades cuando tuvieron conocimiento, el pasado mes de febrero, del positivo por Listeria monocytogenes en un lote de carne mechada. Además, insistieron en que sí avisaron a los proveedores, pero no recordaban qué hicieron con los elementos contaminados, aunque pensaban que los habían tirado a la basura.

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"Limpiaron la nave con lejía"

También señalaron que, tras el aviso del laboratorio en febrero, limpiaron la nave industrial con lejía y recurrieron a otros laboratorios para repetir los análisis . Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil no han podido corroborar estos extremos, de ahí que la jueza decidiera encarcelarlos porque, como resaltó la fiscalía, demostraron una “falta de control” y una imprudencia repetida en el tiempo.

En este sentido, la jueza reprocha en el auto en el que les envía a prisión que sabían que la bacteria estaba en sus instalaciones “al menos desde diciembre de 2018”, dado que el positivo detectado dos meses más tarde hacía referencia a un lote etiquetado en esas fechas. “Pero no consta que fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna”, explica el auto de prisión, “de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir”.

Así, la carne contaminada “fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, lo que “implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido”. Por eso, la juez acusa a los dos responsables de la empresa de “eludir todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes” y aceptar el riesgo que corrían al poner el producto en el mercado, lo que según la fiscalía provocó “una gran alarma social y crisis sanitaria”.

Respecto al tercer detenido, otro hijo de Marín Ponce a cuyo nombre figura una sociedad ubicada en una nave contigua y sin registro sanitario pese a dedicarse a la elaboración e intermediación de alimentos, la juez decidió dejarle en libertad. Le imputa los mismos cargos, aunque en distinto grado de participación, y le obliga a comparecer dos veces al mes en el juzgado.

Todo el gasto médico

Mientras tanto, la Consejería de Salud presentó ayer en los juzgados una querella contra la empresa, en la que reclaman además el coste del gasto sanitario causado por el brote, el mayor conocido en la historia de España. Fuentes de la Junta de Andalucía explicaron que ese gasto se eleva por encima del millón de euros, ya que se incluye desde la hospitalización a los tratamientos preventivos de antibióticos, como el que se prescribió a todas las embarazadas que pudieran haber estado. Solo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se atendió al grueso de los afectados, el gasto asciende a 800.000 euros, señalan las fuentes, quienes apuntan que además habrá que sumar el coste de los enfermos atendidos en otros centros de fuera de Andalucía.