AGRESIÓN EN EL SUBURBANO
La fiscalía exige 12 años de cárcel por una brutal paliza en el metro de Barcelona
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
Era de madrugada. Su vida cambió en unos segundos. Desde aquel 26 de junio del 2016, A. G. M. necesita una silla de ruedas para ir por la calle y un caminador para moverse por su vivienda. Son dos de las limitaciones que sufre desde que minutos antes de las 5.30 horas de aquel día tres individuos le propinaran una brutal paliza en el interior de un metro, entre las estaciones de Bogatell y el Besòs de la línea 4 de Barcelona. La fiscalía no solo solicita 12 años de cárcel para los tres presuntos agresores y el pago de una indemnización de más de un millón de euros, sino que recrimina a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que figura como responsable civil subsidiaria, la falta de vigilantes de seguridad.
Los tres acusados de lesiones graves, que están en libertad aunque permanecieron casi dos años en prisión, accedieron al suburbano junto con otros jóvenes en la estación de Bogatell. A pesar de ser la madrugada de un sábado y encontrarse en una zona de afluencia de centros de ocio nocturno, las instalaciones "carecían de controlador o vigilantes de seguridad" en la puerta de acceso y en el apeadero, sostiene la fiscala Felicidad Ruiz. Su escrito concreta que eran 18 vigilantes los contratados por TMB los que aquella noche prestaban servicio en la L4, cubriendo la seguridad y el control de siete trenes y 21 estaciones.
Esa "falta de previsión de servicios de vigilancia", incide la acusación, facilitó que una de las chicas del grupo diera una patada al vidrio de un extintor y que toda la pandilla accediera al metro sin pagar. Uno de ellos, por ejemplo, presionó las hojas de cristal que impiden la entrada si no se valida el billete y entró en la estación, mientras otros saltaban la barrera. Tras descender al andén, "donde no existía vigilancia alguna", insiste la fiscalía, el grupo entró en un convoy. Los tres procesados se fueron sentando a lo largo del vagón en el que viajaba la víctima, A. G. M., que entones tenía 46 años.
Puñetazos y patadas en la cabeza
Al poco rato, dos de los acusados, R. A. P. y D. L, empezaron a lanzarse un mechero uno a otro, hasta que impactó en A. G. M., que les recriminó la acción. Este hecho provocó una discusión y los procesados se encararon con la víctima, obstaculizándole el paso. Cuando A. G. M. intentó irse, I. G. P, el tercer imputado, y sus compinches se lo impidieron. Le rodearon y comenzaron a darle patadas y puñetazos, sobre todo en la cabeza y en la espalda, logrando que cayera arrodillado en el suelo. En esa posición siguieron agrediéndole, llegando uno a sujetar con una mano la cabeza del herido para asegurar el impacto.
Cuando el convoy paró en la estación, la víctima se apeó y apoyándose en las paredes pudo llegar al ascensor. En la primera planta cayó tendido. Los acusados se jactaron en Whastapp de su 'hazaña': "Yo kreo q lo convertimos en polvo de tanto pegarle", escribieron. La jueza que investigó este suceso aseguró en una resolución que la agresión fue gratuita, ya que los autores, que tenían entre 20 y 21 años, no conocían de nada a quien fue su presa.
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