MOVILIDAD SOSTENIBLE
Los funcionarios trabajarán media hora menos a la semana en València por ir en bici, patinente, bus o andando
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Incentivos para que los funcionarios valencianos no usen el coche. Declaraciones de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador. /
Los funcionarios de la Ciudad Administrativa 9 d’octubre de València, un complejo en el que tienen sedes varias 'conselleries' de la Generalitat, trabajarán media hora menos a la semana si acuden a este centro andando, en bicicleta, patinete o en transporte público. Así lo plantea el Plan de Movilidad que ya ha salido a exposición pública y que se espera que entre en vigor a finales del 2019.
La propuesta también abre la opción de que los trabajadores que no vayan en su vehículo motorizado convencional reciban una compensación económica anual, tal y como se ha planteado en otros países como Francia, aunque no la concreta. También se estudia empezar a cobrar el párking a aquellos funcionarios que sigan yendo en su coche o moto de gasolina o gasoil.
“Planteamos bonificaciones en tiempo de trabajo para aquellos que vengan en transporte público, en bicicleta, patinete o a pie. Hay muchas fórmulas que no son venir en coche”, explicó este jueves María José Salvador, 'consellera' de Vertebració del Territori y responsable del plan.
“También está la incentivación económica. Aquí hay un párking y una de las opciones que se barajan, aunque no hay ninguna decisión tomada, sería que se cobrara por su utilización y bonificar a los que se dejan el coche en casa”, deslizó.
Una cárcel de película
El complejo está construido alrededor de un edificio inicial que fue la antigua Cárcel Modelo de València, inaugurada en 1901, en servicio hasta 1991 y que fue uno de los principales centros de la represión franquista de la postguerra en la ciudad. Dos años después de su cierre como cárcel, Luis García Berlanga rodó allí la famosa ‘Todos a la cárcel.
Desde el 2010, este es el mayor centro administrativo de la Generalitat, en el que trabajan cerca de 2.400 funcionarios. “Hemos empezado por aquí porque hay una mayor concentración de funcionarios y luego veremos la posibilidad de extender las medidas a los funcionarios del resto de consellerias que están más dispersas”, apuntó Salvador
El punto de partida
La base del plan es una encuesta previa a los funcionarios que arrojó algunos datos clave. Para empezar, que el 65% de ellos son de la capital y el 35% del área metropolitana y, sobre todo, que el 40% de los vecinos de València y el 70% de los que no lo son acuden en su vehículo motorizado tradicional. También se ha constatado que hay solo un 12% de trabajadores que van andando, 10 puntos menos que la media de la ciudad.
Pero el sondeo ha detectado también que muchos de los van en su coche o motocicleta estarían dispuestos a cambiar. Por ejemplo entre un 37% y un 40% se plantearían pasarse a la bicicleta si se mejoran los estacionamientos o se incrementa la red de carril bici.
Medidas europeas
El objetivo planteado es reducir 10 puntos los residentes en la capital que van en su coche o moto tradicional y 20 los del área metropolitana, aunque se es consciente de que esa última reducción es más complicada.
La medida estrella inicialmente sería la reducción de la jornada laboral a quienes usaran un transporte colectivo público, uno personal ‘limpio’ o directamente fueran andando y se concretaría en la posibilidad de salir cada día seis minutos antes, lo que supondría media hora menos cada semana.
Pero esa propuesta podría quedar en segunda plano de concretarse un pago económico a los que apuesten por este tipo de movilidad que podría ir acompañado del establecimiento de unas tarifas disuasorias para las 620 plazas de párking gratuito que hay en el centro. Eso sí, también se estudia que los coches eléctricos o híbridos tengan tarifas superreducidas y en cualquier caso prioridad.
El ejemplo francés… y el gallego
Este pasado mes de septiembre, Francia presentó su nuevo plan de movilidad con la idea de abonar a sus funcionarios que acudan en bicicleta al trabajo un fijo de 200 euros anuales, que dejaría atrás el actual ‘pago por kilómetros’.
Aunque en el país vecino la experiencia piloto de varias empresas privadas que apostaron por estos estímulos fue muy satisfactoria el plan francés no lo establece como obligatorio pero sí que eleva el pago hasta 400 euros anuales libres de impuestos.
Pero entre las medidas a adoptar también se incluye la elaboración de mapas al estilo de los de las líneas del metro pero que informen del tiempo medio que se tarda en llegar al complejo desde distintos puntos de la ciudad, un ‘metrominuto’ que ya realizaron en Pontevedra.
Entre las propuestas también está la de la adquisición de diez bicicletas eléctricas para los desplazamientos por trabajo o la creación de una aplicación que ponga en contacto a funcionarios que acudan desde la misma zona para que compartan coche.
Antes del 2020
Salvador apuntó que las medidas ya se han comentado en la junta de personal y que ahora hay que negociar cuáles y cómo se aplican. “Hay que consensuarlas aunque ya están habladas con la junta de personal. Se ha abierto un proceso de diálogo y de consenso”, señaló. Pero, dado que la primera impresión ha sido positiva, espera que ya puedan estar en marcha “a finales del año que viene”.
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