La CUP exige la dimisión del responsable de Infància por contratos a centros de menores
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Ricard Calvo / periodico
La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha solicitado este martes la dimisión del director general de Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo, tras la acusación realizada el pasado jueves por el sindicato Confederació General del Treball (CGT) contra Calvo por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa contratos por valor de 98 millones de euros para gestionar durante los próximos ocho años centros de menores tutelados de Catalunya. De los 120 centros que hay en las comarcas catalanas, tan solo una decena son públicos.
Asimismo la diputada Gemma Lienas, del grupo parlamentario Catalunya Sí que es Pot, ha pedido la comparecencia de la 'consellera' de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, de la que depende la DGAIA, para que dé explicaciones "debido a la gravedad de las acusaciones".
En este conglomerado de empresas de Plataforma Educativa, en la que figuran las fundaciones privadas Resilis y FASI, "Calvo había ocupado cargos de responsabilidad", según Robert Morral, representante del sindicato. A este entramado de "intereses" también le ha puesto el foco la Unión General de Trabajadores (UGT), ha afirmado Antoni Gutiérrez, responsable de Acción Social en UGT Catalunya.
PUERTAS GIRATORIAS
El director general fue tesorero de Plataforma Educativa y responsable técnico de proyectos de FASI. Calvo es además de director general de la DGAIA, concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Girona.
La petición de dimisión de Calvo se produce a raíz "del silencio" de la Conselleria de Afers Socials sobre los hechos denunciados, ha afirmado la CUP. Este grupo ya había remitido a finales del pasado diciembre al departamento un documento de la CGT en el que se denunciaban "presuntas irregularidades en las adjudicaciones". Boya también solicitará a la Oficina Antifraude de Catalunya un informe para que clarifique los hechos. Morral considera que estamos ante un caso de "puertas giratorias".
Afers Socials ha ratificado "la plena confianza en Ricard Calvo". Y, por escrito, ha calificado las denuncias sobre las adjudicaciones de "acusaciones sin fundamento porque él no está en la mesa de contratación". El Protectorat de Fundacions, órgano que depende de Justícia y que supervisa las fundaciones, ha reclamado información a FASI , por "los alquileres a precios fuera de mercado". El importe, según la CGT, "lo paga FASI a una inmobiliaria en la que tiene participación FASI", según Morral.
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