Un rosario de denuncias contra los CIE

Los centros de internamiento para extranjeros (CIE) han sido objeto de crítica por parte de entidades sociales que se dedican a la extranjería, pero también por parte de instituciones y, sin duda, de organismos internacionales. Su opacidad, las condiciones de vida de sus internos y la escasa efectividad en las expulsiones han centrado las denuncias.

CUANDO NO HABÍA REGLAMENTO

Hasta marzo del 2014, los centros de internamiento que hay en España no contaban con un reglamento. Eso desprotegía a los internos y suponía en la práctica que cada director decidía cómo era la vida en el centro, cuándo había visitas, entre otros muchos aspectos. Esta situación sirvió de fundamento para que durante mucho tiempo se denunciara que una cárcel podía resultar más segura para los presos, que sí contaban con normas claras. El reglamento llegó con cuatro años de retraso y aunque en algunos casos mejoró claramente la situación, no convenció en su conjunto a las entidades sociales, que siguieron reclamando su cierre y afirmando que las normas fijadas seguían dejando demasiadas circunstancias en manos del director. Se dijo que las entidades gestionarían el interior de los CIE. Pero nunca llegó a suceder.

LA DIFICULTAD DE CONCRETAR LAS EXPULSIONES

La estancia prevista en los CIE es de 60 días (años atrás era de 45 días). Una vez transcurrido ese periodo, el Estado está obligado a dejar en libertad a los internos si no han podido ser expulsados. Eso es algo que sucede de forma significativa. Aunque son datos de hace cinco años, los del 2011 describen la efectividad de los centros: ese año, el 50% por ciento de los foráneos internados en la instalación de la Zona Franca fueron expulsados mientras que el resto quedó en libertad. La dificultad para expulsar a un interno suele tener su origen en la dificultad para identificarlo o en el hecho de que no exista convenio con su país, lo que pasa en varios casos.

INTERNOS CON Y SIN ANTECEDENTES

Hasta hace pocos años, en los CIE convivían por sistema internos que no tenían antecedentes, que residían irregularmente en España, con otros que además de esta falta administrativa habían cometido uno o más delitos. Eso suponía, y sigue suponiendo en algunos casos, una situación especialmente difícil para los internos sin antecedentes, ,que eran detenidos saliendo del metro, volviendo del trabajo, y se enfrentabana una situación casi carcelaria sin experiencia previa. Cierto es que Interior asegura que desde hace años prima el internamiento de foráneos con delitos. En los últimos tiempos, los jueces evitan enviar al CIE a personas sin antecedentes. Otro factor ha contribuido a reducir el peso de este colectivo en los centros:  la crisis económica, que ha cercenado la oferta laboral y ha ahuyentado a muchos simpapeles que buscan fortuna en otros sitios.

EFECTO POSITIVO DE LA VIGILANCIA JUDICIAL

Si algo ha servido en estos años para mejorar la vida de los internos en el CIE de la Zona Franca, ha sido la vigilancia judicial de su funcionamiento. Dos jueces fueron encargados a partir de marzo del 2012 de tutelar el CIE: Joaquín Aguirre y Josep Maria Pijoan. En la actualidad, Aguirre sigue ejerciendo esa función y de hecho fue él el que inspeccionó el centro y consideró que era imprescindible acometer una serie de reformas para mejorar la vida de los internos. Por eso el CIE cerró en noviembre, para que las duchas dejarán de helar o quemar a los internos, para instalar wáteres, que carecían de estos.

Los jueces llegaron antes a otros CIE españoles: ya tutelaban los de Valencia, Algeciras, Málaga, Tenerife, Las Palmas y Fuerteventura. El de Málaga, conocido como de Capuchinos, abierto en 1990, fue clausurado en el 2012. Allí se destapó en el 2006 un caso de abusos sexuales de policías a internas y de allí salieron 103 inmigrantes que fueron sedados antes de ser enviados en avión a países africanos.