ABUSOS SEXUALES EN LA ESCUELA
El Ayuntamiento de BCN pide ejercer la acusación contra el pederasta Benítez
El consistorio inicia los trámites para personarse en la causa contra el exprofesor de los Maristas
Guillem Sánchez
Redactor
Periodista de sucesos. Antes trabajé como redactor de sociedad en la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Profesor asociado en la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
Libros Publicados: 'El Estafador' (Editorial Península) y 'Crónica del Caso Maristas' (Ediciones B).
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / GUILLEM SÁNCHEZ / BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las gestiones para ejercer la acusación popular en el proceso judicial contra el pederasta confeso y exprofesor de gimnasia del colegio Maristas de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, sobre el que pesan 17 denuncias de exalumnos por presuntos abusos sexuales. En el pleno municipal del pasado viernes 1 de abril se consensuó una declaración institucional en la que se anunciaba la posibilidad de emprender esta acción en defensa de las víctimas y también porque el centro recibe fondos públicos.
Fuentes jurídicas explicaron a EL PERIÓDICO que el equipo municipal está preparando toda la documentación necesaria para que el consistorio barcelonés comparezca en los próximos días en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, que investiga a Benítez, y personarse en la causa. Los servicios jurídicos han dado el visto bueno a la iniciativa y el decreto será firmado en breve por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En estos momentos hay dos acusaciones particulares. La ejercida por el abogado Ibán Fernández, que representa a siete víctimas, y la de una abogada que defiende los intereses de otro exalumno.
VIGILANCIA Y PREVENCIÓN
El pleno municipal del pasado 1 de abril abordó este proceso judicial y la necesidad de tomar medidas para extremar la vigilancia y la prevención. El PSC presentó una proposición en la que abogaba por la elaboración de un plan integral contra el maltrato, el acoso y el abuso de niños y jóvenes. Entre las medidas propuestas había la de hacer un diagnóstico sobre la situación, implantar un teléfono para denuncias y hacer una campaña institucional que demuestre el compromiso municipal. El plan fue aprobado por unanimidad.
El pleno, además, dedicó una declaración institucional a expresar su rechazo a los casos de abusos “por parte de miembros de la comunidad educativa de los Maristas, centro sostenido con fondos públicos”. El texto proponía valorar la posibilidad de que el consistorio se persone en las causas penales “a favor de la víctima en el ámbito de la justicia penal, ya que se trata de un centro educativo concertado sostenido con fondos públicos”. El equipo municipal ya se ha puesto en marcha.
EL JUEZ DEBE DECIDIR
En estos momentos, el proceso judicial contra este exdocente, que se encuentra en libertad provisional, está en una fase importante. El juez Miguel Ángel Tabares tiene que decidir en breve cuántas de las 17 denuncias de exalumnos del colegio de Sants-Les Corts que tiene sobre la mesa están prescritas por el paso del tiempo, cuántas siguen adelante y si llama a declarar o no a todas las víctimas, independientemente de si el delito ha caducado o sigue vigente. De dos de ellas no se duda que seguirán su tramitación.
El problema reside en las otras 15 denuncias. De este grupo, la fiscalía ha salvado una del archivo. Los Maristas, que se han alineado con la defensa de Benítez, consideran que deben ser sobreseídas las 15. El abogado Ibán Fernández, que representa a siete de las víctimas, sin embargo, ha solicitado que declaren todas las víctimas, hayan o no prescrito los delitos.
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