La ONU exige una reforma integral del centro para inmigrantes de Melilla
El organismo denuncia que "está muy lejos de cumplir" las normas internacionales
![Inmigrantes en el CETI de Melilla, en una imagen de archivo.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e3e34d39-e137-4b0b-a41f-f0472a75ce57_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Inmigrantes en el CETI de Melilla, en una imagen de archivo. / periodico
La representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los RefugiadosACNUR, Francesca Friz-Prguda, llama a emprender "con prioridad" una reforma integral del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que "está muy lejos de cumplir las directivas europeas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos".
"Melilla es el mayor punto de entrada de refugiados en España y el 90% de los ocupantes del CETI lo son. Allí la aplicabilidad de la directiva europea al respecto está fuera de duda. Siendo así, el centro está lejos, muy lejos, de cumplir las mínimas previsiones de esta directiva y más allá de ella, de cumplir con otras normas internacionales como la Convención de los Derechos del Menor y otros instrumentos de derechos humanos", asegura.
En una entrevista con Europa Press, incide en que si estos argumentos "no son suficientes" para tomar medidas en esta instalación diseñada para 480 personas y que ha llegado a acoger a cerca de 2.000, "basta con echar un ojo allí y preguntar a alguna señora cómo es su vida cotidiana dentro y qué es lo que hace". "Después de eso ya no te quedan dudas de que ese no es el sitio para que refugiados y solicitantes de asilo pasen más de tres o cuatro días", señala.
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No es la única institución que se ha pronunciado al respecto. El Ministerio del Interior tiene sobre la mesa varias recomendaciones de la Defensora del Pueblo, las dos últimas remitidas este otoño, en las que se le invita a trasladar "de manera urgente" a la Península a familias con menores de edad y personas con discapacidad, así como a diseñar un plan para "atender las necesidades educativas específicas" de los niños.
La defensora, Soledad Becerril, crítica con el incremento exponencial de habitantes en el CETI y la "falta de capacidad en la resolución y en la toma de decisiones sobre esas personas", recuerda a Interior que "la llegada de un alto número de refugiados debe suponer un aumento de medios humanos y materiales para dar cumplimiento a las obligaciones suscritas por España".
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Friz-Prguda considera que la próxima Administración, sea la que sea, debería tomar este asunto como prioridad. En el ACNUR plantean dos posibilidades, pero la primera implica "remodelar el CETI tan drásticamente que satisfaga las normativas europeas o de protección internacional" para ofrecer "unas condiciones mínimas de vida" a sus residentes, lo que supone "un cambio total y absoluto de todo" y "se hace muy difícil".
La segunda es la apuesta del Alto Comisionado y pasa por que el CETI "sea lo que debiera ser", un punto de primera acogida, donde recalen los extranjeros, refugiados o no, que lleguen a Melilla y donde sobre la marcha, se les tomen las huellas dactilares, se les identifique y se les derive al sistema que competa, ya sea a un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) en la Península, ya sea a los recursos para menores de edad solos o víctimas de trata, ya sea a la vía de extranjería para deportación.
"Tiene que ser un punto de rápida identificación y derivación, de modo que la estadía máxima en el CETI sea de tres o cuatro días, porque se puede en ese tiempo perfectamente identificar a la gente, tomarle las huellas y luego, como se viene haciendo en otros lugares de la Unión Europea, transferir a las personas a donde existen realmente condiciones de acuerdo a sus necesidades y a las obligaciones del Estado respecto de las personas en solicitud de asilo o en situación vulnerable", explica.
SEGURIDAD Y DERECHOS
El CETI no sería un punto aislado. ACNUR viene proponiendo al Gobierno un mecanismo de rápida identificación y derivación de personas llegadas por vía irregular que opere en toda la frontera sur, tanto en las ciudades autónomas como en las costas canarias, andaluzas y murcianas, y que involucrando tanto a las oenegés como a las fuerzas de seguridad, permita armonizar el respeto escrupuloso de los derechos humanos con la seguridad e integridad de las fronteras.
"Hemos elaborado este proyecto muy concreto para un mecanismo rápido y hemos avanzado mucho con la Administración, pero después no se ha realizado el proyecto piloto que se había acordado por razones que me son desconocidas. Esperamos claramente que la nueva Administración lo retome y lo ponga en práctica", comenta Friz-Prguda.
En su opinión, "es curioso que exista ese discurso sobre la seguridad, el control y el cerrar las fronteras pero las cosas más básicas que se pueden hacer y que crean una situación de equilibrio entre control fronterizo y protección internacional no se pongan en práctica". "No lo veo muy razonable. Ojalá la nueva administración lo retome", añade.
La representante del ACNUR recuerda que con la Ley de Seguridad Ciudadana y la regulación del rechazo en frontera para dar amparo a las llamadas 'devoluciones en caliente', se comprometió la elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en el que se dictaría el proceder para respetar el derecho de asilo.
TOCA GESTIONAR LOS FLUJOS
Es en ese protocolo aún pendiente donde la institución propone enmarcar este mecanismo y hacerlo extensivo a todo el territorio nacional, de modo que "el sistema gobierne una gestión de llegadas irregulares al país sea donde sea, que no haya un régimen especial para Ceuta y Melilla".
"Merece la pena estar preparado. En la situación actual ya no se trata de parar los flujos, sino de gestionarlos, y eso significa también identificación-registro y derivación de las categorías de personas con sus diferentes necesidades, incluso de retorno de personas no autorizadas o no en necesidad de protección internacional", señala Friz-Prguda.
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Para el ACNUR, mantener la situación actual "no es una opción", con familias enteras de solicitantes de asilo que pasan meses en el CETI de Melilla sin oportunidad de retomas las riendas de su vida. Esta situación "ha venido desincentivando las solicitudes de asilo", según Friz-Prguda, mientras "incentivaba casi inconscientemente la inmigración irregular" porque no se daba prioridad a los potenciales refugiados en los traslados a la Península.
"Ahora sí solicitan asilo pero no ven mucha perspectiva de quedarse en España y seguimos teniendo, a pesar de los múltiples obstáculos en Francia por las aboliciones temporales del acuerdo Schengen, gente que sigue marchándose porque no hay ningún gesto creíble de la administración que haga que eso cambie. El discurso se está enfocando en las reubicaciones desde Italia y Grecia en vez de trabajar lo que tenemos ahora, refugiados de carne y hueso, que están aquí y no ven perspectivas en España", ha añadido.
10.900 ENTRADAS POR CEUTA Y MELILLA
Conforme los datos oficiales recabados, hasta mediados de diciembre se habían registrado en el CETI de Melilla en torno a 8.900 personas de las que 7.000 eran sirias y casi 3.000, menores de edad. Inscribirse es condición indispensable no sólo para poder ser trasladado en algún momento a la Península, sino para acceder a derechos básicos en la ciudad autónoma. En el de Ceuta, los inscritos fueron 2.000, casi la mitad procedentes de Guinea Conakry. En el mismo periodo, se habían registrado en España más de 12.500 solicitudes de asilo, de las que el 60% fueron presentadas en Melilla.
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